El Gobierno comenzó a preparar el terreno para los datos muy fuertes de pobreza e indigencia del segundo trimestre que se conocerán en septiembre y ya está mirando a diciembre, un mes que suele ser caliente en años de profunda crisis económica y social como el actual, por lo que sostendrá los niveles de asistencia alimentaria para evitar un estallido.

La orden la bajó el presidente Alberto Fernández en un almuerzo que compartió con referentes del Frente de Todos el martes en la quinta de Olivos. Llamó a destacar en cada oportunidad que tengan el esfuerzo del Estado para contener la situación y pidió que se recalquen los indicadores que están mostrando recuperación en la actividad económica a medida que se va descongelando la cuarentena.

Intercambió opiniones con Santiago Cafiero, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro. Estos dos últimos, los ojos y oídos de Cristina Fernández de Kirchner en esa mesa. Y se sumaron también intendentes que administran municipios calientes del Conurbano bonaerense con una población de 3,5 millones de personas, como Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Zabaleta (Hurlingham), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

Según pudo reconstruir este medio, Fernández y los comensales hablaron de la marcha del 17A. La identificaron como una movilización íntegramente promovida por Juntos por el Cambio, el mayor espacio opositor que en 2021 buscará sumar bancas en el Congreso y se ha puesto en marcha para ello con el llamado de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, para “una nueva fuerza con base social y popular” que amplíe la coalición actual.

Fernández pidió a sus fieles y aliados que salgan ya a ampliar la base de sustentación política del Frente de Todos. Se apunta a estrechar la relación con los gobernadores después de cierto enfriamiento observado paradójicamente al calor de la crisis fiscal y la caída de recursos. Pero sobre todo, a acercar a intendentes propios y extraños, a asistirlos cada vez más. Son estos últimos los que más ruegan a Fernández para que no reduzca de golpe la asistencia social y alimentaria. Y a tejer alianzas con las organizaciones sociales y las iglesias.

El mayor de los desafíos que tiene hoy el Gobierno es el de mejorar su interacción con el sector privado. Fernández habla seguido por Whatsapp y teléfono con los empresarios más poderosos del país. Intercambian opiniones y recibe sugerencias. Pero esto no traspasa los muros de la quinta de Olivos, un poco por la cuarentena, otro poco por la crisis y otro poco por maniobras atropelladas del propio Gobierno como lo ocurrido con el caso Vicentin.

Los números que vienen

La segunda quincena de septiembre no será fácil para la agenda oficial. El 23 se conocerán datos del mercado de trabajo que marcarán un aumento del desempleo en el segundo trimestre. Y un día después, el 24, se conocerá la evolución de la distribución del ingreso (EPH), que empeoró debido a la fortísima pérdida de recursos por parte de los sectores medios y bajos durante los meses de cuarentena más estricta.

Y el 30 de ese mes el Indec publicará cuál fue la incidencia de la pobreza y de la indigencia en todo el primer semestre de 2020, con el desagregado del segundo trimestre (que será más grave) que es el dato que preocupa al Gobierno por su proyección al resto del año y de cara a 2021.

Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete e influyente economista hacia el interior del Gobierno, no anda con rodeos en su encuentro con la prensa acreditada en la Casa Rosada al señalar que la pandemia le dio un “golpe muy duro a la economía”. Y admite que indicadores vinculados con la pobreza y el desempleo “van observar datos muy fuertes de una crisis inédita”. En los despachos contiguos al del presidente Alberto Fernández, no obstante, abren un paraguas político al sostener que esto es un fenómeno global.

Por este motivo, el Gobierno convocó a la multisectorial que conforma el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre que lideran el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. Se buscan con esto estrategias para mejorar el nivel y la calidad de asistencia social. La preocupación apunta a diciembre. Argentina ha tenido Navidades teñidas por la violencia social y los saqueos en años que fueron críticos para su economía.

“Previo a la pandemia teníamos 40% de pobreza general y 50% de pobreza en los niños”, dijo Arroyo en la mañana de este miércoles en la radio porteña Futurock. “Es evidente que ha aumentado”, se lamentó el funcionario. Pero destacó la asistencia que está brindando el Estado en conjunto con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales, las iglesias y el sector privado, que también hace su aporte con donaciones.

“Los primeros quince días de la cuarentena lo que todo el mundo me preguntaba era cuándo explotaba el Conurbano (bonaerense) y si iba a haber saqueos. Eso no sucedió porque hubo un gran despliegue del Estado”, dijo el funcionario en relación a la zona del país donde están los más grandes bolsones de pobreza y que tiene los peores indicadores laborales.

El financiamiento de la crisis

El Gobierno, emitiendo dinero a niveles récord, está tratando de evitar un estallido social que pudiera espiralizar la situación y amenazar su propia estabilidad. En su último informe de Política Monetaria, el Banco Central lo expresa con claridad: “El rol de la política fiscal durante la crisis del Covid-19 se centró en la contención de la emergencia sanitaria, económica y social, con medidas extraordinarias de apoyo a empresas y hogares”.

Acumulado a junio esa asistencia representó alrededor de 3,3% del Producto Bruto Interno de los últimos doce meses (que a su vez viene en picada), y superarían 4% del PBI a fines de este año. Debido a las dificultades de acceso al mercado de deuda por parte del Gobierno Nacional, en el contexto de la reestructuración de los pasivos externos y con un mercado de deuda en pesos en proceso de reconstrucción, sumado a la disponibilidad limitada de nuevas fuentes multilaterales de crédito, el Central seguirá asistiendo financieramente al Tesoro.

Con la aprobación de la ampliación presupuestaria y apoyo casi unánime de la oposición, el Congreso autorizó al Gobierno de Fernández a gastar 2 billones de pesos por encima de lo que estaba inicialmente previsto. La mayor parte de ese gasto ira a subsidios y programas sociales. Al menos 1 billón, al finalizar 2020, serán financiado vía emisión monetaria. El resto, el ministerio de Economía tomará del mercado de capitales local vía deuda.

A Fernández no le preocupa inicialmente la emisión monetaria. Miguel Pesce, su amigo personal y presidente del Banco Central, ha convencido al Gobierno que se puede financiar el gasto sin riesgos graves para la inflación por el momento debido a la administración de pasivos remunerados, como las Leliq y los pases. Claro, esto tiene un costo para el Banco Central y no es sostenible más allá de fin de año, cuando la curva debería comenzar a bajar.

El desafío es doble. El Gobierno tendrá que empezar en los próximos meses a mostrar desaceleración del desmadre fiscal para poder alcanzar un acuerdo de refinanciación de la deuda de 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero por otro lado no puede cortar en seco la asistencia social que hoy da a 11 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en el país.