La Legislatura acaba de volver a la actividad después del receso de enero, con una agenda que pone en foco proyectos vinculados al funcionamiento de la Policía y del sistema educativo en la etapa de la primera infancia.
Dos proyectos son para mejorar la educación en la primera infancia y el otro para que los policías tengan más atribuciones en el uso de armas.
La Legislatura arrancó el año con pocos proyectos porque tienen "casi todo al día", dijeron en las cámaras.
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Prensa Senado Mendoza La Legislatura acaba de volver a la actividad después del receso de enero, con una agenda que pone en foco proyectos vinculados al funcionamiento de la Policía y del sistema educativo en la etapa de la primera infancia.
La Cámara de Senadores concentra la mayor actividad en torno a estas iniciativas, a las que hay que agregar el impulso a un proyecto con amplio consenso entre los intendentes que -tal como adelantó Los Andes la semana pasada- busca transferir a los municipios el control y mantenimiento del arbolado público, para evitar que tengan que pedir autorizaciones cuando deciden arrancarlos con la idea de evitar derrumbes.
El proyecto que pretende reformar aspectos de la gestión educativa en las edades más tempranas es el único que tiene origen en el Poder Ejecutivo, mientras que los otros dos son de legisladores, aunque se trata de oficialistas que han tenido consenso gubernamental: Gustavo Cairo y Enrique Thomas presentaron el de seguridad y Marcelino Iglesias el del arbolado.
La oposición, en tanto, intentará abocarse al "control de gestión", en un periodo en el que incide con fuerza un hecho inevitable: la mitad de los legisladores que volvieron a sus oficinas la semana pasada, las tienen que desocupar en abril, porque se viene el recambio.
Los proyectos para el sistema educativo fueron presentados en diciembre por el ministro del área y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Por ello han sido los primeros en posicionarse para el debate en las comisiones de la Cámara Alta.
Se trata de la reforma de dos leyes que hacen foco en la primera infancia, es decir, el periodo entre el nacimiento y los tres años. La idea de uno de los candidatos a la gobernación en 2027 es ingresar al sistema educativo a chicos de hasta 3 años. "Apostamos a que haya una trazabililidad desde los 45 días hasta los 17 años", explicó en este sentido la jefa de gabinete de la DGE, Daniela García.
El sistema de Gestión Integral Educativa (GEI) permite que las autoridades reciban alertas tempranas respecto de aquellos estudiantes que tienen algún riesgo de deserción escolar. Que los centros de primera infancia se integren a ese sistema es uno de los objetivos. El otro, es que los jardines maternales tengan "apoyo pedagógico" y control de la DGE, para que su función no sea solamente recreativa.
Para todo esto, por un lado, se quiere reformar la ley 9.139 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, según el Gobierno.
Entre los que funcionan en la órbita del Gobierno y los que controlan municipios y ONGs, hay en Mendoza un universo de más de 500 centros de primera infancia. Los llamados CEPI son 469 y los CDIyF 39. Uno de los cambios que se proponen a nivel administrativo es que los CDIyF pasen a depender de la Subsecretaría de Educación y, como tal, se adecúen a "trayectos pedagógicos".
El otro proyecto de la DGE busca solucionar problemas que dejó la pandemia para quienes se dedican a este mismo segmento. El funcionamiento de los jardines maternales privados está regulado por una ley (9.201), pero esta norma nunca entró en vigencia, porque no la reglamentaron. Luego, con la irrupción de la pandemia del coronavirus, la mitad de los jardines se fundieron y cerraron.
En la DGE señalan que aquella ley no se aplicó porque planteaba exigencias "incumplibles, propias del primer mundo", pero a la vez, señalan que es inexistente la regulación de la actividad, al punto que, para habilitar un jardín maternal, alcanza apenas con cumplir los requisitos de cualquier comercio.
Con la reforma, habría un "registro único de jardines maternales de gestión privada" y estas casas deberían seguir "lineamientos pedagógicos de la DGE".
Todo esto en el marco de una situación de la realidad que da la oportunidad de ampliar el alcance del sistema educativo: hay cada vez menos nacimientos. Esto ha permitido, por ejemplo, abrir jardines de 3 años en los que tenían pocos chicos de 4 y 5 años, según también contó Los Andes.
El otro proyecto que avanza hacia el recinto en la Cámara Alta tiene que ver con el manejo de las armas de fuego por parte de los policías. Diputados ya aprobó esta reforma, que suma atribuciones de los efectivos a la hora de enfrentar hechos de inseguridad y adecúa el marco legal provincial al que tienen las fuerzas federales.
El proyecto incorpora nuevos incisos y reforma otros en la ley 6722, que regula el funcionamiento de la Policía. "Asegurar la defensa oportuna de su autoridad, esgrimiendo sus armas cuando fuere necesario", dice uno de los incisos nuevos. Otro habla de "proveer a la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial".
Autoriza por otro lado a los efectivos a "hacer cesar" el delito en los espacios públicos y luego se detalla una amplia gama de situaciones en las cuales el policía puede usar el arma de fuego. En este sentido, el proyecto sostiene que un efectivo tiene amplias facultades para usarla en cualquier situación de "peligro inminente" y define esas situaciones.
Una de esas situaciones de "peligro inminente" en que los policías pueden disparar sería, según el texto, "cuando el agresor posea un arma letal, aunque después de los hechos se comprobase que se trataba de un símil o réplica de un arma letal".
El proyecto además los autoriza a disparar sin identificarse cuando "resultara evidentemente inadecuada o inútil" la señal de alerta previa. Y afirma en su último punto: "Cuando verosímilmente el obrar del personal de seguridad haya sido ajustado a esta ley y mientras no haya una resolución judicial firme que resuelva lo contrario, el Ministerio de Seguridad, la Inspección de Seguridad o las Jefaturas respectivas deberán abstenerse de adoptar medidas administrativas o disciplinarias en estricta relación con este suceso".
La Legislatura no tiene por ahora mucha actividad. En la primera semana, a la par de la presentación y tratamiento de pliegos para la Justicia y algunos órganos, no se discutió mucho en el recinto.
El senador demócrata Armando Magistretti criticó la calidad de los proyectos del oficialismo. "Si se hace un seguimiento, el 95% son proyectos de declaración y entrega de distinciones, lo que es una forma de hacer política, porque por cada diplomita y circo, hay reuniones en el ámbito de esas entidades con dirigentes del oficialismo", se despachó.
Lo cierto es que, en Diputados, el oficialismo sostiene que dejó "casi todo el día" antes del receso veraniego. Hizo referencia así a leyes como el Presupuesto 2026 y la aprobación de la declaración de impacto ambiental para la explotación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.
El arranque liviano de la Legislatura tiene que ver también con que la mitad de los diputados y senadores se tienen que ir a fines de abril para cederles las bancas a quienes entraron en las elecciones de octubre del año pasado, mientras que, en algunos casos, empieza a aparecer la rosca para la elección de quienes ocuparán puestos de poder desde el 1 de mayo.
Ese día arrancan las sesiones ordinarias de la mano del discurso del gobernador, que pone en marcha la agenda oficial. O sea, todo después de que pase la Fiesta de la Vendimia (otro habitual "inicio de año" para la política mendocina) y, en esta ocasión, una elección de concejales en seis departamentos que también distrae.