El proyecto redefine el concepto de peligro inminente, amplía funciones del servicio de seguridad y limita la aplicación de sanciones. Ahora pasa al Senado.
La iniciativa incorpora nuevos supuestos de “peligro inminente”, amplía funciones policiales y establece excepciones a la obligación de identificarse antes de disparar. El PJ votó en contra y advirtió sobre posibles abusos.
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Gobierno de Mendoza La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que modifica la Ley 6722 y redefine las circunstancias “fácticas y normativas” que autorizan a la Policía de Mendoza a utilizar armas de fuego. La iniciativa busca adecuar la actuación de la fuerza provincial a los criterios establecidos recientemente para las fuerzas federales.
La iniciativa fue aprobada por 31 votos a favor y solamente 9 en contra. La votación, que contó con 40 legisladores presentes y se realizó a mano alzada, solamente obtuvo la negativa del bloque del peronismo. Ahora el debate pasa a la Cámara de Senadores.
El proyecto, impulsado por Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Enrique Thomas (PRO Libertad), introduce cambios en los artículos 2° y 9° de la normativa vigente. Según sus autores, las modificaciones apuntan a “establecer reglas claras” para la intervención policial y equiparar el marco regulatorio con el que rige a nivel nacional.
La propuesta incorpora nuevos incisos al artículo 2°, ampliando las funciones de seguridad pública. Entre ellos, se agregan atribuciones para actuar ante situaciones de peligro inminente, resguardar bienes del Estado, defender la autoridad policial, realizar tareas de observación y vigilancia y asegurar el orden en espacios públicos.
Asimismo, el proyecto introduce cambios centrales en el artículo 9°, ampliando y redefiniendo los supuestos en los que un efectivo puede utilizar armas de fuego.
Allí se detallan situaciones como defensa propia, resguardo de terceros, detención de personas que representen un “peligro inminente”, impedimento de fugas y casos de delitos graves que impliquen amenaza a la vida o integridad física.
Uno de los puntos destacados es la incorporación del inciso 7 bis, que enumera criterios para determinar la existencia de “peligro inminente”. Entre ellos se encuentran la amenaza de muerte o lesiones graves, la posesión de armas letales o réplicas verosímiles, movimientos que indiquen intención de ataque, fuga de delincuentes armados o situaciones de desventaja numérica o táctica para el personal policial.
Policías de Mendoza completaron el curso de custodia en la base del Cóndor.
El artículo también incorpora excepciones a la obligación de identificarse antes de usar un arma reglamentaria, cuando hacerlo implique un riesgo mayor para la integridad del policía o de terceros.
Además, se establece que, cuando el uso del arma ocasione lesiones o muerte, deberán prestarse inmediatamente auxilios médicos y comunicarse el hecho a la Justicia y a familiares de los involucrados.
Por último, se suma el inciso 8 bis, que determina que, mientras no exista una resolución judicial firme que indique lo contrario, el Ministerio de Seguridad y las jefaturas policiales deberán abstenerse de aplicar medidas disciplinarias relacionadas exclusivamente con el uso del arma en las situaciones previstas por la Ley.
Cairo explicó que la iniciativa toma como antecedente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que actualizó el protocolo de actuación de las fuerzas federales. “Hoy tenemos fuerzas que trabajan en conjunto con normas diferentes. Este proyecto brinda mayor seguridad jurídica al policía y claridad para la ciudadanía”, afirmó.
El legislador señaló que, bajo la regulación actual, los efectivos pueden quedar expuestos a sanciones administrativas aun cuando actúen dentro del marco legal, y sostuvo que la propuesta busca evitar ese escenario: “Hasta que no haya una decisión judicial que indique que actuó fuera de la ley, el policía conservará sus derechos y facultades”.
El diputado de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo.
Desde el PRO, la diputada Cintia Gómez adelantó su voto afirmativo y aseguró que la Ley 6722 “necesitaba una actualización”. “A los delincuentes se les perdona más que a las fuerzas que arriesgan su vida”, expresó.
Mauro Giambastiani, de Mejor Mendoza, también acompañó la iniciativa y la calificó como un proyecto que “se pone del lado de los policías”. Aseguró que “las leyes garantistas les dan todos los derechos a los delincuentes” y consideró que era necesario “garantizar derechos a quienes viven dentro del Estado de derecho”.
Por su parte, Emanuel Fugazzotto del Partido Verde, respaldó la propuesta y sostuvo que la sociedad demanda “reglas claras” en materia de seguridad. “Nuestros hijos o padres tienen que poder esperar un colectivo sin que su vida valga un celular”, afirmó, aunque remarcó que los policías que actúan mal “deben recibir castigo”.
El presidente del bloque del Peronismo de Diputados, Germán Gómez.
Desde el PJ, Germán Gómez anunció el voto negativo del bloque y advirtió que el proyecto es “peligroso” y podría generar “incertidumbre y situaciones de abuso”. Cuestionó la inclusión del concepto de “peligro hipotético”, al que calificó de “subjetivo”, y señaló que las modificaciones “no brindan garantías constitucionales”.
Finalmente, Enrique Thomas cerró el debate defendiendo la iniciativa: “Es una herramienta para los buenos policías. No es gatillo fácil, son reglas claras para que el arma sea usada correctamente y dentro de la ley”.
