Mercedes Rus adelantó que los cambios buscarán actualizar los criterios de uso de armas por parte de los efectivos y agilizar las intervenciones en inmuebles usados como aguantaderos.
La ministra de Seguridad y Justicia detalló los ejes del plan provincial para el próximo año. Anticipó un proyecto de ley antiaguantadero y cambios en la normativa que regula el accionar policial.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves el presupuesto de su cartera para el próximo año. Durante su exposición en la Legislatura provincial, adelantó que el Gobierno impulsará reformas en el Sistema 911, modificaciones en la Ley 6.722, que regula a la Policía de Mendoza, y el envío de un proyecto de ley antiaguantadero.
Durante su presentación, Rus detalló los principales ejes de la política de seguridad pública y penitenciaria para el próximo ejercicio, con foco en la consolidación tecnológica y el fortalecimiento institucional del sistema provincial.
Entre los proyectos que el Ejecutivo planea enviar a la Legislatura, uno apunta a modificar los artículos 9 y 140 de la denominada “Ley de Policías”. Según explicó la ministra, la norma “necesita una actualización” para brindar mayor protección a los efectivos policiales en el uso de su arma reglamentaria.
“Creemos que merece una actualización esa ley en materia de criterios para el uso de armas de fuego, sobre todo en lo referido a los casos y contextos en que la Policía puede disparar”, señaló Rus.
Durante su discurso en el anexo de la Cámara de Diputados, la funcionaria entregó una propuesta a los legisladores Enrique Thomas y Gustavo Cairo, autores de un proyecto que también busca modificar los criterios de uso de armas.
“Es necesario fortalecer la actuación policial con reglas que protejan al agente que, a su vez, está protegiendo la seguridad pública. Les acerqué a los diputados Cairo y Thomas una propuesta distinta a la que ellos habían presentado”, indicó la ministra.
El proyecto de los diputados provinciales Cairo y Thomas propone adecuar la legislación provincial a los lineamientos del nuevo “Reglamento General para el Empleo de Armas por parte de las Fuerzas Federales Policiales y de Seguridad”, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en marzo de 2024.
El texto plantea reformas a los artículos 9 y 140 de la Ley 6.722, incorporando nuevas circunstancias en las que los efectivos pueden emplear sus armas reglamentarias, como impedir la fuga de una persona que represente un peligro inminente para la vida o mantener el orden en establecimientos de detención cuando exista riesgo para la integridad física de detenidos o agentes.
También define con mayor precisión el concepto de “peligro inminente”, incluyendo situaciones como la portación de armas letales o blancas, la resistencia a la autoridad, la huida tras cometer un delito grave o el accionar de grupos armados.
Además, establece excepciones a la obligación de identificarse antes de usar el arma reglamentaria, cuando hacerlo pudiera poner en riesgo la vida del efectivo o de terceros.
El proyecto prevé que no se adopten medidas administrativas o disciplinarias preventivas contra un policía que haya actuado conforme al protocolo, mientras no exista una resolución judicial firme que determine lo contrario.
Asimismo, contempla la obligación de brindar asistencia médica a las personas afectadas en hechos donde se utilicen armas y de comunicar inmediatamente lo ocurrido a la autoridad judicial y a los familiares de los involucrados.
Finalmente, dispone que el Ministerio de Seguridad provincial capacite a los funcionarios policiales en el uso del arma reglamentaria, brinde asistencia psicológica a quienes lo soliciten tras un hecho de este tipo, y requiera informes periódicos al Ministerio Público Fiscal sobre los procesos judiciales que involucren a policías por uso de armas.
Antes de fin de año, el Ministerio de Seguridad y Justicia planea enviar a la Legislatura un proyecto que otorgue a la cartera y a los municipios un marco legal para intervenir rápidamente en espacios utilizados como aguantaderos en distintas zonas de la provincia.
Según explicó Rus, la iniciativa facultará al Ministerio a realizar intervenciones en inmuebles abandonados o inseguros, sin afectar la titularidad registrada, cuando representen un riesgo para la comunidad.
“Muchas veces se allana un búnker donde se vende droga, se retira a las personas que lo usurpan, pero el lugar vuelve a ocuparse rápidamente. Necesitamos un marco legal que nos permita tapear o asegurar esos espacios de forma inmediata por razones de seguridad”, detalló la ministra.
El procedimiento se realizará en coordinación con los municipios, con respaldo de una resolución ministerial que justifique la intervención.
Por otra parte, Rus destacó que el presupuesto 2026 prioriza el fortalecimiento de los servicios tecnológicos y de infraestructura estratégica, orientados a consolidar un esquema de seguridad “al servicio de la producción y de la vida cotidiana de la ciudadanía”.
Entre las acciones mencionó la ampliación del Sistema 911, que contará con patrulleros inteligentes, monitoreo integrado y herramientas digitales de investigación.
“El 911 es un sistema que venimos fortaleciendo desde 2024. Se transformó completamente: trabaja con cartografía actualizada en tiempo real, con una app que conecta otros sistemas, como el bancario o el de taxis, y el próximo año vamos a sumar nuevas integraciones”, indicó.
Entre las mejoras previstas, se incluye una mejora en la conexión con el sistema de transporte público y el metrotranvía, así como el incremento del personal de atención telefónica.
“Queremos conectar el sistema con el metrotranvía y el transporte público para brindar más seguridad a los usuarios. Además, seguimos reduciendo las llamadas falsas: en su momento fueron cerca del 20%, y hoy estamos más cerca del 10%”, concluyó Rus.
El presupuesto 2026 tendrá una inversión total de $481.577.774.532.
“Logramos financiar el Plan de videovigilancia más ambicioso de la provincia, y el año próximo estará en su punto máximo de ejecución en todo el territorio provincial”, explicó la ministra.
También prometió Rus mejoras en el Servicio Penitenciario, con control tecnológico, inhibición de señales y estándares internacionales; y la puesta en marcha de los nuevos complejos El Cerrito (San Rafael) y Almafuerte III (Cacheuta).
En otro orden, la funcionaria prometió "más policías, mejor equipados y formados".
“Hasta aquí hemos obtenido resultados; ahora, con todo esto integrado, esperamos avistar la madurez del sistema para sostener una política de seguridad inteligente, eficiente, preventiva e integral, concluyó”.
