El incidente ocurrió en una cañería petrolera en Barrancas. El Gobierno acusó al sindicato de impedir trabajos y el gremio negó responsabilidades.
La ministra Jimena Latorre denunció a delegados petroleros por presunta obstrucción a tareas de remediación. El gremio sostuvo que la medida sindical fue posterior.
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La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, denunció ante la Justicia a delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por presuntamente impedir tareas de saneamiento tras un derrame de crudo ocurrido en la zona de Barrancas, en el departamento de Maipú. Desde el gremio rechazaron la acusación y sostuvieron que la medida sindical comenzó después del incidente ambiental.
El hecho ocurrió en la noche del jueves 5 de marzo, cuando se produjo un incidente en una cañería de petróleo en el área Barrancas que provocó el derrame de unos 10 metros cúbicos de crudo sobre el suelo.
Según informó el Ministerio de Ambiente y Energía, la empresa operadora notificó inmediatamente a las autoridades provinciales e inició las tareas de contingencia.
A través de su cuenta en la red social X, Latorre señaló que se realizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra delegados gremiales por presuntamente impedir el ingreso del personal mínimo necesario para realizar las tareas de saneamiento en el lugar.
“Denunciamos ante el Ministerio Público Fiscal a delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento tras un incidente ocurrido en el área Barrancas”, expresó la funcionaria.
La ministra explicó que, tras el incidente, la empresa informó que no podía avanzar con las tareas de remediación debido a medidas gremiales que impedían el trabajo de las cuadrillas y el uso de la maquinaria necesaria. Ante esa situación, indicó que la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental inspeccionó el lugar y dio aviso a la fuerza pública para permitir que continuaran los trabajos.
“La denuncia es por la posible comisión de los delitos de obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia. Ningún interés sectorial puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos”, sostuvo Latorre.
Desde la cartera ambiental precisaron que el incidente fue notificado por la empresa Petroleros Sudamericanos a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, que se iniciaron tareas de contingencia y que posteriormente no pudieron avanzar con la remediación porque el sindicato se encontraba en asamblea y no destinaba el personal mínimo requerido para esas tareas. Tras la intervención policial, agregaron, se pudo continuar con los trabajos en el lugar.
La denuncia fue presentada por el director de Gestión Ambiental, Leonardo Fernández, ante la fiscalía de Asuntos Ambientales por la posible comisión de los delitos de “obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia”. La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Capizzi.
Luego de las acusaciones del Gobierno provincial, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo difundió un comunicado en el que brindó su versión de los hechos y rechazó las declaraciones de la ministra.
Según el gremio, el incidente ambiental ocurrió el jueves 5 de marzo mientras la actividad laboral se desarrollaba con normalidad y bajo las condiciones operativas establecidas por la empresa.
En ese sentido, remarcaron que la medida de acción directa comenzó recién al día siguiente, el viernes 6 de marzo, en el marco de un conflicto colectivo que había sido debidamente notificado.
“Existe una desconexión temporal absoluta entre el hecho ambiental y la medida sindical. Pretender que el gremio es responsable de un incidente ocurrido antes del inicio de su asamblea no solo es falso, sino que evidencia un intento de desviar la atención sobre las responsabilidades operativas y de mantenimiento que corresponden exclusivamente a la operadora”, señalaron en el comunicado.
Desde la organización también rechazaron lo que consideraron un intento de responsabilizar a los trabajadores por el incidente.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar la protesta o de utilizar a los trabajadores como chivos expiatorios de fallas en la gestión ambiental o empresarial”, expresó el secretario general del sindicato, Julián Matamala.
El dirigente sostuvo además que los trabajadores petroleros “sostienen día a día, bajo condiciones climáticas y geográficas extremas, la producción energética de la provincia” y consideró que merecen “respeto, no acusaciones infundadas que buscan deslegitimar sus reclamos salariales y laborales”.
En el comunicado, el sindicato reafirmó su compromiso con el cuidado del ambiente, aunque remarcó que la responsabilidad de garantizar el correcto estado de las instalaciones recae en las empresas operadoras y en los organismos de control provinciales.
Desde el Gobierno sostienen que el gremio busca tergiversar la información con el comunicado emitido. Mientras tanto, la investigación judicial buscará determinar las responsabilidades en torno al incidente y a la presunta obstrucción de las tareas de remediación.