En el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguran que se mantiene la cifra se mantiene estable en los últimos años. El dato oficial no se publica desde 2021.
El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo comenzará a fines de noviembre la Encuesta Anual de Victimización 2025, un relevamiento que permite al Ministerio de Seguridad y Justicia conocer, entre otros aspectos, la cantidad de delitos que no llegan a transformarse en denuncias. Los datos se conocerán recién a finales de 2026.
Según la cartera que conduce Mercedes Rus, ese indicador se ha mantenido estable en los últimos años. El último dato oficial corresponde a 2021, cuando el 57,1% de los hechos delictivos no se denunciaban ante las autoridades.
Desde el Ministerio señalaron que prefieren no divulgar la cifra actual, bajo el argumento de que se trata de “un dato utilizado para planificar políticas y estrategias en materia de seguridad” y porque son estadísticas cualitativas y subjetivas.
El último valor al que accedió Los Andes fue el difundido en 2022, cuando la gestión de Raúl Levrino informó que en 2021 la “cifra negra” del delito había sido del 57,1%.
Consultadas las autoridades actuales sobre los registros de 2024, indicaron que los valores se han mantenido similares, con un pico histórico en 2017 del 66%. No obstante, remarcaron que Mendoza mantiene niveles más bajos que el promedio nacional, estimado entre 67% y 70%.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia
De acuerdo con información del edificio ubicado en calle Salta 672 de Godoy Cruz, la encuesta no se publica en detalle desde su primera edición en 2016, cuando se difundieron los resultados para establecer una línea de base sobre la situación delictiva provincial.
Las mismas fuentes explicaron que el relevamiento permite diseñar y ajustar políticas públicas, al combinar datos cuantitativos (objetivos), como los registros de delitos o recorridos policiales, con información cualitativa (subjetiva) vinculada a la percepción ciudadana.
“Antes de 2015 no existían datos sistematizados sobre denuncias ni sobre la percepción social de la inseguridad. Desde 2016, con una mirada sociológica, se comenzó a recopilar información que hoy sirve para definir estrategias preventivas”, señalaron.
Durante el 2024, se produjeron una serie de cierres de oficinas fiscales en diferentes comisarías de Mendoza. La medida se dio a través de una reorganización dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, que implicó la centralización de servicios en menos puntos, especialmente en el Polo Judicial para el Gran Mendoza.
Las denuncias que antes se hacían en oficinas satélite de comisarías ahora deben presentarse en las oficinas centrales reorganizadas o en los nuevos puntos de atención.
A pesar de esto, en la cartera de Seguridad precisaron que, en particular, las denuncias de delitos contra personas aumentaron un 6,9%, y considerando todos los delitos, la reducción fue del 2,4% desde 2016, lo que sugiere una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar.
Entre las problemáticas que menos se denuncian, según el relevamiento interno, figuran la corrupción, abusos sexuales, ciberdelitos, denuncias contra personas y robos. No obstante, el Ministerio sostiene que la denominada “cifra negra” del delito se ha reducido desde la implementación del estudio.
La encuesta forma parte de una política provincial de prevención de la criminalidad basada en el conocimiento y la evaluación. Desde 2016, el trabajo es desarrollado por un equipo conjunto del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).
Para este año, el Ejecutivo destinó $50.321.490 para la realización de la encuesta, que por primera vez se desarrollará mediante dispositivos digitales. Los encuestadores dejarán de utilizar formularios en papel y registrarán la información directamente en tablets, con el objetivo de mejorar la precisión y resguardar la confidencialidad de los datos.
El Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana coordina el relevamiento, que se realiza anualmente en zonas urbanas y rurales de Capital, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
El operativo se llevará adelante durante noviembre y diciembre en 1.505 viviendas del Gran Mendoza, con personal debidamente capacitado e identificado. El operativo tiene una duración de tres semanas, en las que se realizan entrevistas domiciliarias estructuradas a una persona seleccionada aleatoriamente por hogar.
En total, 49 profesionales y técnicos participan del proceso, que incluye el diseño muestral, la digitalización de cuestionarios, la planificación del operativo de campo y la supervisión de los encuestadores.