Diputadas radicales de Provincias Unidas se plantaron en contra del proyecto presentado por la senadora de la UCR Carolina Losada para endurecer sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual.
Con apoyo de bloques de Provincias Unidas y la Coalición Cívica advierten que la iniciativa de la senadora de la UCR genera un "escenario regresivo" en derechos humanos.
Diputados presentaron una iniciativa contra el proyecto de falsas denuncias de Losada
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X / @DiputadosAR Diputadas radicales de Provincias Unidas se plantaron en contra del proyecto presentado por la senadora de la UCR Carolina Losada para endurecer sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual.
El reclamo se basa en una declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém Do Pará, la cual Argentina adhirió en 1994, siendo el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.
La iniciativa de las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta cuenta también con la adhesión de otros integrantes del bloque de Provincias Unidas como Carolina Basualdo, Pablo Juliano Esteban Paulón y Martín Lousteau, además de Mónica Frade de la Coalición Cívica.
El proyecto de Losada sobre falsas denuncias fue debatido en comisión el mismo día en que Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Glaciares, pero la ola de indignación que provocó el proyecto motivó su corrimiento de la agenda parlamentaria del Senado.
“El impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, consideraron Zigarán y Coletta en los fundamentos del proyecto.
El 11 de mayo pasado un grupo de reconocidos profesionales de distintas disciplinas y referentes en Derechos Humanos presentó una denuncia contra Losada, a quien hacen responsable de “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil”.
La lista de delitos que se le imputan es larga: además de coacción aparecen mencionados el encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Según señalan, el proyecto de ley presentado por Losada carece de respaldo estadístico, ya que el fenómeno de las “falsas denuncias” y “falsos testimonios” tiene una incidencia muy marginal, según consignó un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.
Este estudio se realizó sobre la base de un relevamiento de más de 8 millones de casos penales correspondientes a 17 provincias del país entre el 2023 y el 2025.
De acuerdo al informe, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por supuestas “falsas denuncias”, lo que representa apenas el 0,09% del total de 8.254.672 casos penales, y arroja un promedio de una cada 1.098 causas. En el caso de los “falsos testimonios”, la tasa es del 0.025% del total, es decir, uno cada 3.940 causas.
“Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, apuntan los autores de la denuncia contra Losada.
Por otra parte, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole, como patrimoniales o laborales, y no se asocian a violencia de género o intrafamiliar, que es el núcleo que despertó el interés de la senadora radical para presentar su proyecto de ley.
La iniciativa busca endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal, que son la denuncia falsa, establecida en el artículo 245, y el falso testimonio, previsto por el artículo 275, únicamente cuando estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.
En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto propone aumentar la pena que actualmente tiene un rango de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, convirtiendo al delito en no excarcelable. En el caso de falso testimonio, que puede alcanzar a testigos y peritos, se propone pasar de la escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
El argumento de Losada para justificar su proyecto es que se está produciendo una proliferación de medidas judiciales en causas de violencia de género o intrafamiliar o contra la niñez sin pruebas suficientes, que conllevan consecuencias graves para las personas denunciadas.
Según advierten los denunciantes, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas a la hora de denunciar a sus agresores.
El argumento es que si una mujer o una víctima de abuso piensa que una denuncia puede derivar en una persecución penal en contra, muchas desistirán de hacer efectivo el auxilio a la Justicia, y no habrá ningún tipo de reparación.