La iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial ya tiene despacho de comisión, aunque será tratada en la Cámara de Diputados en febrero del próximo año.
La iniciativa que modifica el procedimiento de flagrancia obtuvo despacho en Legislación y Asuntos Constitucionales y aguarda definición en Labor Parlamentaria.
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Los Andes / Daniel Caballero El gobernador Alfredo Cornejo deberá esperar hasta febrero de 2026 para que la Legislatura trate uno de los proyectos a los que más énfasis puso durante este año, la reforma del Código Procesal Penal (CPP) en lo referido al procedimiento de flagrancia.
La iniciativa, enviada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a mediados de noviembre, ya cuenta con despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y está en condiciones de ser tratada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el debate en el recinto quedará postergado hasta después del receso legislativo. El presidente de la comisión de LAC y diputado de Cambia Mendoza, Franco Ambrosini, explicó que la demora responde principalmente a cuestiones de agenda parlamentaria.
En declaraciones a Los Andes, señaló que este miércoles "hay cinco proyectos en agenda" y además, los asuetos de Navidad y Año Nuevo “caen justo en días de sesiones”, lo que dificulta avanzar con el tratamiento.
Sobre el contenido de la iniciativa, el diputado explicó que el eje central de la reforma es la ampliación de los plazos del procedimiento de flagrancia. Según indicó, la normativa vigente resultó en la práctica “inaplicable”, ya que establecía un solo día para reunir toda la prueba necesaria.
Ambrosini precisó que la flagrancia no se limita únicamente al momento exacto de la comisión del delito, sino que también puede configurarse antes o después del hecho. En ese marco, remarcó que con la reforma el plazo se ampliará a 10 días, con la posibilidad de extenderlo por otros 10 mediante resolución judicial.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo del procedimiento de flagrancia es garantizar celeridad en la respuesta judicial, evitando procesos prolongados cuando el presunto delincuente fue sorprendido cometiendo el hecho o con pruebas evidentes.
"Lo que se busca es que ese proceso sea eficiente y tener respuestas rápidas para la ciudadanía, porque lo que buscamos es que el delincuente esté lo más rápido posible preso cuando se ha cometido un delito y están todas las pruebas a la vista", afirmó Ambrosini.
El legislador detalló que el proyecto fue despachado en la primera semana de diciembre "por amplia mayoría" y que ya se encuentra listo para ser incluido en el temario. Según indicó, la definición se tomará en la reunión de Labor Parlamentaria y podría ingresar en la primera sesión posterior al receso.
En cuanto al posicionamiento de los distintos bloques, Ambrosini afirmó que hasta el momento no recibió observaciones formales por parte de la oposición, más allá del voto en disidencia del peronismo en comisión. Los integrantes de LAC de La Unión Mendocina acompañaron el despacho.
En contraposición, desde el bloque del peronismo cuestionaron duramente el proyecto y consideraron que la reforma “es mala” y que implica un retroceso en términos de derechos y garantías procesales. Según expresaron, la modificación dilata los tiempos judiciales y complica el procedimiento.
“Con esta reforma se dilata todo mucho más porque con la actual ley hay dos procesos y ahora lo quieren llevar a cuatro para aplicar algún tipo de sanción. Tiene muchísimos errores el proyecto”, afirmaron en el bloque peronista.
El proyecto propone una serie de cambios sustanciales en el CPP. Entre ellos, la modificación del artículo 348, que establece que la prisión preventiva en casos de flagrancia deberá solicitarse en la audiencia inicial del procedimiento directísimo.
Además, incorpora el nuevo artículo 439 bis, que fija plazos razonables, ordena la audiencia inicial, armoniza el CPP con la Ley 8.869, refuerza la coherencia con el juicio por jurados y amplía la participación de las víctimas.
Este nuevo artículo dispone que la audiencia inicial deberá solicitarse dentro de los 10 días hábiles desde la aprehensión o imputación, con la posibilidad de una prórroga de otros 10 días cuando el fiscal necesite producir pruebas imprescindibles.
Para el Gobierno, los plazos vigentes son “exiguos e inflexibles”, lo que ha derivado en procesos truncos, falencias probatorias y riesgos de nulidad. La reforma también modifica el artículo 439, que regula el procedimiento directísimo, fijando plazos de entre 4 y 30 días para garantizar celeridad sin resignar calidad procesal.
En caso de que la audiencia de finalización supere ese límite desde la imputación formal, la causa continuará por el procedimiento común. El objetivo, según señalan, es lograr juicios “concentrados, transparentes y ágiles”.
Finalmente, uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un equipo fiscal especializado dentro del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con lo explicado por la ministra Rus, la Procuración General deberá conformar grupos con dedicación exclusiva a causas de flagrancia, capacitados para impulsar, litigar y brindar soporte técnico a este tipo de expedientes.