Mercedes Rus presentó el proyecto que modifica el CPP, incorpora el artículo 439 bis y propone un fiscal dedicado exclusivamente a causas de flagrancia.
La ministra de Seguridad y Justicia detalló ante la comisión de LAC la reforma del Código Procesal Penal que busca agilizar las causas in fraganti, fijar nuevos plazos y crear equipos fiscales especializados.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este martes ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados los detalles del proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal (CPP) en lo referido al procedimiento de flagrancia.
La iniciativa, que logró dictamen de LAC y se trataría la próxima semana en Diputados, ingresó la semana pasada a la Legislatura y, según el Ejecutivo, apunta a “mejorar la eficacia del sistema de justicia penal” ante delitos cometidos in fraganti.
Durante su presentación, Rus remarcó la importancia de dotar de mayor velocidad y especialización a los procesos que involucran flagrancia.
“Todos esos casos en los que el autor es sorprendido en el momento del hecho, durante una persecución o cuando está con los objetos del delito, necesitamos potenciarlos para que se trabajen rápidamente en la Justicia”, afirmó.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un equipo fiscal especializado dentro del Ministerio Público Fiscal. Según explicó la ministra, la Procuración General deberá conformar grupos con dedicación exclusiva a causas de flagrancia, formados y organizados para impulsar, litigar y dar soporte técnico a estos expedientes.
“La reforma más importante es que se va a nombrar, desde el Ministerio Público Fiscal, un fiscal especial para estos casos. Eso es muy importante porque le da especialidad al proceso y permite trabajarlos bajo el procedimiento de flagrancia, que acorta los plazos”, destacó.
Rus sostuvo que este enfoque permitirá brindar respuestas rápidas tanto a las víctimas como al sistema de seguridad. Desarrolló además que, en los casos donde el delincuente es sorprendido en el momento del hecho, se justifican plazos más breves y procesos más concentrados.
La ministra también aclaró cuáles son los requisitos para que un caso sea considerado bajo este procedimiento especial.
“Para que sea flagrancia, primero tiene que sorprenderse al delincuente en el momento del hecho, mientras lleva los objetos sustraídos o mientras es perseguido por policías. Y, además, el delito debe tener una pena que no supere los 20 años”, precisó.
En paralelo al debate legislativo, la reforma avanza en un contexto donde el Gobierno provincial envió al Senado los pliegos de los fiscales de Instrucción Vial, Fernando Giunta y Gustavo Pirrello, para integrarse a la Cámara Penal de la Primera Circunscripción.
Sin embargo, el nombre de Giunta es uno de los que el Ministerio Público Fiscal evalúa para liderar el nuevo espacio especializado en flagrancia. Consultada al respecto, Rus fue cauta. La audiencia pública por los pliegos está prevista para este miércoles a las 11, y, según fuentes legislativas, ambos postulantes acumulan varias impugnaciones.
“Es una competencia del Ministerio Público Fiscal. Es muy importante que ese fiscal tenga la especialidad que buscamos, pero eso lo debe decidir la Procuración una vez que la ley sea aprobada”, señaló.
El proyecto plantea una serie de cambios sustanciales. Entre ellos, la modificación del artículo 348, que establece que la prisión preventiva en casos de flagrancia deberá solicitarse en la audiencia inicial del procedimiento directísimo.
Además, incorpora el nuevo artículo 439 bis, que fija plazos razonables, ordena la audiencia inicial, armoniza el CPP con la Ley 8.869, refuerza la coherencia con el juicio por jurados y amplía la participación de las víctimas.
El artículo 439 bis también establece que la audiencia inicial deberá solicitarse dentro de los 10 días hábiles desde la aprehensión o la imputación, con una posible prórroga de otros 10 días cuando el fiscal requiera pruebas imprescindibles para el caso.
Para el Gobierno, los plazos vigentes resultan “exiguos e inflexibles”, lo que ha generado procesos truncos, faltas probatorias y riesgos de nulidades.
La reforma también retoca el artículo 439, que regula el procedimiento directísimo. Allí se fijan plazos de entre 4 y 30 días para garantizar celeridad sin perder calidad procesal. Si la audiencia de finalización supera ese límite desde la imputación formal, la causa continuará por el procedimiento común.
El objetivo, señalan, es lograr juicios “concentrados, transparentes y ágiles”.
La ministra también se refirió al proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei presentó este lunes para reformar el Código Penal, texto que llegará en los próximos días al Congreso.
La iniciativa impulsa sanciones más severas para delitos de corrupción, amplía penas en casos de delitos contra la familia y endurece castigos por accidentes viales por imprudencia, además de establecer imprescriptibilidades en varias figuras penales.
Rus recordó que realizaron aportes previos al borrador al Ministerio de Seguridad de la Nación: “Estamos esperando el texto. Nosotros enviamos nuestras propuestas en abril, cuando todavía no estaba conformada la comisión. Ellos lo han manejado con bastante hermetismo”, comentó.
En aquella instancia, el gobernador Alfredo Cornejo, Rus y el jefe de fiscales presentaron una serie de reformas que, según la ministra, apuntaban a modernizar un código que calificó como “del siglo pasado”.
Entre los aportes mendocinos se incluyeron modificaciones relacionadas con el robo, la portación de armas —que, según explicó, alimenta circuitos delictivos como la venta ilegal de autopartes y el narcotráfico—, y una agenda fuerte en delitos viales.
Rus insistió en la necesidad de endurecer penas en estos casos: “El 60% de los delitos viales tienen que ver con negligencias, y esa negligencia debe tener una respuesta contundente. Nos parece insuficiente que la pena no supere los cinco años”, planteó.
También mencionó propuestas vinculadas al ciberdelito y, especialmente, a una nueva figura penal para la suplantación de identidad, que hoy no está tipificada y se utiliza para cometer estafas digitales.
“La suplantación de identidad no está penada y se usa mucho para pedir dinero haciéndose pasar por otra persona. Propusimos incorporar un artículo específico para estas situaciones”, finalizó Rus.