Bullrich y Adorni presentaron el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso para ampliar sanciones, como en los casos de corrupción, medio ambiente, violencia de género, tragedias viales y narcotráfico.
Bullrich y Adorni presentaron el proyecto para reformar el Código Penal
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NA El Gobierno nacional presentó este lunes detalles del proyecto de ley para reformar el Código Penal, un texto que llegará en los próximos días al Congreso para su debate. Entre sus puntos principales, los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios, mientras que se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia, además de imprescriptibilidad en varios casos como abusos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, confirmaron este lunes por la tarde que el Ejecutivo la iniciativa que apunta a redefinir la doctrina penal argentina y endurecer de manera sustancial el sistema de sanciones.
Desde la Casa Rosada, Adorni sostuvo que el proyecto “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie” y destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden”. En esa misma línea afirmó que “cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.
Bullrich, que acompañó la presentación en su último día de gestión, planteó que la reforma busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.
Anticipó que el proyecto agrava castigos, incorpora nuevas figuras delictivas y define criterios más estrictos para casos de violencia, narcotráfico, corrupción, delitos ambientales, siniestros viales y criminalidad organizada.
También remarcó que el texto protege a quienes cumplen tareas esenciales-como docentes, adultos mayores y niños-y que integra reclamos históricos como la “conducción imprudente”, impulsada por las Madres del Dolor.
La ministra subrayó que el concepto de legítima defensa se ampliará y que “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”. Además, afirmó que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y señaló que, si el Congreso aprueba la iniciativa, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.
El proyecto crea figuras penales específicas para sancionar con más severidad los episodios violentos en estadios, recitales y eventos masivos. Endurece penas para quienes participen en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares y también para quienes organicen, promuevan o encubran estos hechos. La meta es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad del público.
Se fijan procedimientos más estrictos para que las personas condenadas pierdan de manera definitiva los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que bloquee cualquier intento de recuperar dinero, propiedades u objetos vinculados a delitos.
Se incorporan sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. Se busca desalentar el saqueo, proteger el patrimonio y combatir el mercado ilegal de arte.
Se refuerza la prohibición absoluta de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños para explotación o adopción ilegal. El proyecto incorpora agravantes y responsabiliza penalmente a intermediarios y a quienes se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad extrema.
Se actualizan las figuras penales vinculadas al ámbito familiar, incluyendo nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos de deberes de asistencia y otras conductas que afecten a los integrantes más vulnerables.
Se amplían y refuerzan las herramientas para perseguir el tráfico de estupefacientes, abarcando cultivo, producción, tenencia, comercialización y tráfico internacional. Se prioriza la persecución de redes criminales y de los sistemas financieros que las sostienen. Las penas se agravan si intervienen funcionarios públicos o si hay menores involucrados.
La conducción temeraria, bajo efectos de alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con resultado fatal tendrán penas superiores. Se establecen agravantes por cantidad de víctimas, dolo o negligencia grave.
Se elevan las penas para delitos con impacto masivo en el ambiente, daños en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. Se incorpora la figura de ecocidio como ataque al equilibrio ecológico.
Se establecen escalas penales mayores cuando los delitos se cometan contra menores, adultos mayores, personas con discapacidad o poblaciones especialmente vulnerables.
Se declara la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y se extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.
Se mantiene plenamente vigente la ley aprobada en 2020, asegurando el derecho a la IVE hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación en el Código Penal consolida el acceso y los derechos sexuales y reproductivos.
Se actualizan y endurecen tipos y penas para todas las formas de violencia de género: doméstica, sexual y digital. Se incorporan delitos como ciberacoso y difusión no consentida de material íntimo, con agravantes por motivos de género, identidad u orientación sexual.
La reforma incorpora figuras específicas para delitos digitales, como fraude informático, acceso no autorizado, usurpación de identidad, grooming y pornovenganza. Se busca fortalecer la protección de la seguridad y privacidad en línea.
El código define con precisión los delitos cometidos mediante el uso de motos, con agravantes por el riesgo extremo que representan estas maniobras en zonas urbanas.
Se introduce el ecocidio y la contaminación agravada como nuevos delitos, con penas más duras para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas o áreas protegidas.
Se actualizan figuras como cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, elevando las penas para reforzar la transparencia institucional.
Se fortalecen los mecanismos para combatir el lavado, con más coordinación nacional e internacional y nuevas herramientas para recuperar bienes ilícitos.
Se adecúa la normativa a estándares internacionales, abarcando desde atentados tradicionales hasta ataques a infraestructuras críticas o sistemas digitales.
Se perfecciona la tipificación para incluir cualquier operación de provisión o administración de fondos con fines ilícitos, sumando medidas como el congelamiento preventivo de activos.
Se amplía el alcance para perseguir organizaciones con estructura internacional en delitos como trata, tráfico de armas, contrabando y corrupción sistémica. Incluye herramientas de decomiso extendido y persecución de testaferros.
Se incorpora la protección del orden económico, sancionando evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de gran impacto.
La reforma sistematiza más de treinta delitos electorales, sancionando conductas que distorsionen el voto o afecten la neutralidad de la jornada. Incluye delitos digitales como manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes o audios, uso de cuentas automatizadas y estrategias de desinformación para influir o coaccionar el voto.
