El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, destacó los puntos positivos del proyecto de ley que impulsó el gobierno provincial.
El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Archivo
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Prensa Diputados En la sesión de la Cámara de Diputados del próximo miércoles se tratará el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal (CPP) en el procedimiento de flagrancia. La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y cuenta con el aval del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé.
La iniciativa, que logró dictamen de LAC y se trataría la próxima semana en Diputados, ingresó la semana pasada a la Legislatura y, según el Ejecutivo, apunta a “mejorar la eficacia del sistema de justicia penal” ante delitos cometidos in fraganti.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un equipo fiscal especializado dentro del Ministerio Público Fiscal. Según explicó la ministra Rus en la Legislatura, la Procuración General deberá conformar grupos con dedicación exclusiva a causas de flagrancia, formados y organizados para impulsar, litigar y dar soporte técnico a estos expedientes.
También se plantea la modificación del artículo 348, que establece que la prisión preventiva en casos de flagrancia deberá solicitarse en la audiencia inicial del procedimiento directísimo.
Además, incorpora el nuevo artículo 439 bis, que fija plazos razonables, ordena la audiencia inicial, armoniza el CPP con la Ley 8.869, refuerza la coherencia con el juicio por jurados y amplía la participación de las víctimas.
Y el artículo 439 bis también establece que la audiencia inicial deberá solicitarse dentro de los 10 días hábiles desde la aprehensión o la imputación, con una posible prórroga de otros 10 días cuando el fiscal requiera pruebas imprescindibles para el caso.
El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, reconoció a Los Andes que fue consultado por parte del Poder Ejecutivo para la redacción del proyecto y el modelo final le pareció “factible y realizable en su contenido”.
“La flagrancia como estaba redactada antes, tornaba prácticamente imposible la realización del encuadramiento de determinados delitos en el sistema procesal de la flagrancia”, explicó y señaló que "los plazos eran tan exiguos, que no permitían y no daban tiempo a poder tomar todas las medidas procesales necesarias para poder avanzar”.
Y manifestó que esta propuesta tiene “plazos razonables, que son 10 días hábiles con la posibilidad de que en casos excepcionales, ampliarlo a otros 10 días hábiles”.
“Con lo cual yo creo que la cantidad de causas que van a tramitar por flagrancia son muchos. No es menor y con delitos de hasta 20 años de prisión”, completó Gullé.
En contraparte, el juez de la Suprema Corte de Justicia y coordinador del Fuero Penal, José Valerio, no fue consultado por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y simplemente respondió a este medio que "hay que analizarlo".
Se trata de la segunda reforma en la Justicia Penal que el gobernador Alfredo Cornejo impulsa este año sin participación alguna del magistrado. La anterior fue más polémica aún, ya que se trató de una ley apuntada a que los jueces de este fuero "trabajen de tarde", según las palabras del mandatario provincial.
Para Valerio no era necesario modificarlo a través de una ley, sino que el porcentaje bajo de audiencias vespertinas demandaba una "reorganización interna".