El viernes, la Universidad Di Tella informó que la incidencia de la pobreza en el país se elevó al 48,9% de la población entre noviembre y abril. Unos tres millones de pobres más. La estimación se conoció en una semana en la que se cruzaron denuncias por la existencia de comedores fantasmas, probables extorsiones a beneficiarios de planes sociales y corte total de entrega de alimentos de parte del Gobierno nacional a los comedores que sí funcionan.
El lunes se produjeron 27 allanamientos ordenados en una causa iniciada en diciembre por posibles extorsiones contra beneficiarios de planes sociales. Casi en simultáneo, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Capital Humano, impulsó una denuncia por irregularidades en la gestión de los comedores populares. Algunas voces en los movimientos sociales admitieron la probable existencia de delitos, pero de manera unánime, denunciaron al gobierno de Javier Milei por cortar, desde que asumió, la entrega de alimentos a los comedores y merenderos populares. “Si la mitad de los comedores no existe, ¿por qué el gobierno no le manda alimentos a los comedores que sí existen?”, preguntan.
Los allanamientos fueron pedidos por el fiscal federal Gerardo Pollicita. En el expediente habla de una “conformación de estructuras jerárquicas piramidales al interior de cada comedor, en cuyo estrato inferior se encuentran los integrantes de las ‘listas de espera’, personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de ‘movilizaciones’ o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo”. Si no aportaba “una cuota” o no asistía a una marcha, ese beneficiario de plan recibía algún tipo de penalización, dice el fiscal.
Causa y apuntados
La causa involucra a una veintena de personas, algunas ligadas al Polo Obrero, a Barrios de Pie y al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Entre los imputados está Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Partido Obrero.
La causa fue iniciada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El 20 de diciembre pasado, ante una marcha convocada por movimientos sociales, Bullrich habilitó la línea 134, para “recibir denuncias de extorsiones a beneficiarios de planes sociales”.
El Gobierno informó que se registraron 13.310 llamadas y que solo se atendieron 2.720. “Muy pocos llamados para el millón 200 mil beneficiarios de planes”, replicó Eduardo Belliboni, referente de Polo Obrero, quien no figura en la denuncia pero sí su compañero Cantero. Quedaron finalmente 924 denuncias en todo el país. El fiscal Pollicita citó a los 45 denunciantes de Caba. Solo siete confirmaron la denuncia en tribunales.
De acuerdo a la fiscalía, hubo tres tipos de delito. En un caso, se cobraba “una cuota” del plan social como “aporte para los comedores”. La fiscalía sostiene que, además, se vendían alimentos entregados por el Estado, y el tercer hecho delictivo se refiere a la amenaza para asistir a manifestaciones. En el expediente judicial se citan ejemplos como “tomar asistencia” a las marchas o multar o prohibir retirar alimentos a quienes faltaban a las marchas.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Hubo allanamientos en comedores y en casas particulares, también se habilitaron intervenciones telefónicas.
Defensa piquetera
“El gobierno busca quebrar la organización en los barrios; Bullrich me elige porque el ataque es al movimiento piquetero”, se defendió Jeremías Cantero en una entrevista a Prensa Obrera, el órgano de difusión del Partido Obrero, del que integra la dirección nacional.
En la entrevista Cantero negó el robo de alimentos en los depósitos del Polo Obrero (gestiona unos 40 comedores) y denunció al Gobierno “que desde que asumió no entrega un kilo de arroz a ningún comedor popular”. Cantero denunció la “ilegalidad” del allanamiento por haber sido a la noche, “con armas y bajo amenazas”. Lo mismo denunció otro de los allanados, Carlos Fernández, dirigente del FOL: “el gobierno quiere instalar que montamos organizaciones criminales cuando lo cierto es que desde noviembre no llegan alimentos a los comedores populares”, dijo al canal IP.
“No descartamos que haya irregularidades”, admitió Belliboni, pero a la vez negó que las organizaciones sociales amenacen con cortar planes sociales “porque solo el Estado puede hacerlo”, explicó.
“Al tema de la libretita para las asistencias a las movilizaciones hay que denunciarlo”, dijo, a su vez, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y exfuncionario del área de Acción Social en el gobierno de Alberto Fernández. “Yo era funcionario. Una periodista mostró unas libretitas en una marcha. Juanchi Zabaleta (que era ministro del área) me dijo que los identificara e hiciera la denuncia a la justicia. Los identificamos a todos, le sacamos los planes y fuimos a la justicia”, contó a una radio.
“Hay presos por sacarle el dinero a los compañeros, hubo muchos y están presos, pero no creo que haya presos en esta causa porque se procedió mal”, dijo Pérsico.
Pérsico acusó al gobierno de “estigmatizar la pobreza” con la denuncia “de unos pocos casos como si fueran el todo”. El dirigente sumó su denuncia al “corte de alimentos por parte del Estado”.
La posición del gobierno
El jefe de gabinete, Nicolás Posse, habló del caso el miércoles al Senado. “Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia en los allanamientos: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario”, calificó. Describió al sistema como “un esquema de esclavitud moderna”.
Posse aludió en el Senado a la denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En febrero se puso en marcha un relevamiento de una parte del ReNaCom (Registro Nacional de Comedores y Merenderos comunitarios), creado en 2020. De poco más de dos mil espacios relevados, unos “1.032 comedores no pudieron ser identificados”.
La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos cayó por sorteo en el juez federal Ariel Lijo (uno de los candidatos de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia).
El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, admitió públicamente que “persistieron prácticas corruptas y extorsivas por parte de algunas organizaciones sociales” pese a las medidas de control y transparencia que dijo impulsó.
Dijo, no obstante, que más allá de las denuncias, “el Estado debe continuar asistiendo a los comedores. Algunos han cerrado porque hace cinco meses que no se los asiste”.
El sacerdote católico “Paco” Olveira está al frente de dos comedores, uno en la Isla Maciel y otro en Merlo (conurbano oeste). “Nosotros recibíamos plata, en un plan piloto. Desde febrero –unos cinco millones de pesos– no se recibe absolutamente nada. Este gobierno no nos ha dado nada. Auditoría sí. Ya nos auditaron en los dos lugares, todo perfecto, pero no hemos recibido nada”, dijo al canal C5n.
“Es una campaña de demonización. Odian las organizaciones sociales y no niego que haya, como en todos lados, gente que no haya cumplido con lo que no tiene que cumplir”, reconoció el padre Paco Olveira.
“Los planes sociales son horribles y cuando se mantienen en el tiempo enferman a la sociedad”, definió Emilio Pérsico.
Esta semana, el juez Casanello podría decidir si llama a indagatoria a los imputados.
