Bento volverá a declarar en el juicio pero sobre un caso puntual de soborno

Se trata de una coima de 722 mil dólares que el imputado Javier Santos Ortega declaró haber pagado para obtener su liberación y la de su socio Juan Carlos Molina en el año 2019. El exmagistrado está dispuesto a responder preguntas, anunció su defensa.

Megajuicio al exjuez Walter Bento

Foto: Orlando Pelichotti
Megajuicio al exjuez Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti

El exjuez federal Walter Bento pidió volver a declarar en el megajuicio que enfrenta por ser acusado de liderar una asociación ilícita que se valía de cohechos, entre una serie de delitos más, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según explicó su defensa al cierre de la audiencia de este jueves, el destituido magistrado está dispuesto a ser indagado puntualmente sobre el “Caso número 3″, en el que se investigó el pago de un soborno de 722 mil dólares por parte del contrabandista Javier Santos Ortega para obtener su excarcelación y la de su socio Juan Carlos Molina.

“Como había adelantado el Doctor Fragueiro en las audiencias pasadas, el Doctor Bento va a ampliar su declaración indagatoria. Vamos a pedir sí se puede fijar una fecha para la semana que viene y adelanto que va a declarar con relación al caso de Javier Santos Ortega. Va a declarar y a responder preguntas sobre eso caso en particular”, indicó su abogado defensor Felipe Salvarezza a la jueza Gretell Diamante, quien preside el Tribunal Oral Federal N° 2.

Por tratarse de fin de año, esta vez las audiencias no tendrán el “salto” semanal como sucedía usualmente y el debate será retomado el próximo miércoles 13 de diciembre. Seguramente se correrá la agenda de testigos y se le dará prioridad a la declaración del magistrado destituido.

El abogado defensor de Bento, Felipe Salvarezza


Foto: Orlando Pelichotti
El abogado defensor de Bento, Felipe Salvarezza Foto: Orlando Pelichotti

En el “caso número 3″, la fiscalía afirma en el requerimiento de elevación a juicio que “intervino activamente una parte importante de la banda liderada por el propio Juez que desplegó diversos actos que tuvieron como fin último lograr la libertad espuria de ambos sobornadores, imputados por el delito de contrabando agravado de mercaderías con un monto superior a los doscientos millones de pesos”.

En el año 2021, Santos Ortega -uno de los imputados en la causa por cohecho activo agravado- confesó ante el fiscal Dante Vega que pagó unos 722 mil dólares para conseguir su libertad y la de su socio y sobrino, Juan Carlos Molina.

Ortega y Molina habían sido detenidos en 2019, cuando allanaron un depósito en Maipú, donde se secuestró un millonario cargamento de ropa y zapatillas deportivas que habían ingresado de forma ilegal al país, vía Chile y que fueron valuadas en unos 200 millones de pesos.

“El plan consistió en la ejecución de diversos pasos que tuvieron como denominador común la adopción de diversas decisiones ilícitas por parte de Bento a lo largo del expediente. Primero la maniobra se concentró en la concesión de la prisión domiciliaria de Javier Santos Ortega para luego pasar a la concesión de la libertad de Juan Carlos Molina, extremo que exigía Ortega como requisito ineludible para pagar la coima. A esto siguió un cambio de calificación legal en favor de ambos y la consecuente excarcelación de Ortega, con miras a desvincularlos de la causa”, asegura la fiscalía.

El fiscal general Dante Vega


Foto: Orlando Pelichotti
El fiscal general Dante Vega Foto: Orlando Pelichotti

Para los acusadores, en este cohecho además de Bento y su mano derecha Diego Aliaga, intervinieron el organizador de la banda Luciano Ortego y los miembros Matías Aramayo, Leopoldo Martín Ríos y Walter Bardinella quienes siguieron las “instrucciones” que impartía Aliaga, quien a su vez seguía las directivas generales de Bento.

Los investigadores acumularon como prueba los chats entre Bardinella y Ortego, que daban cuenta de Aliaga como el intermediario del cohecho. Además, los abogados “arrepentidos” Aramayo y Ríos avalaron en sus testimonios haber participado del trato espurio, a tono con la declaración de Santos Ortega.

De este caso también se desprendió una nueva investigación, que se reveló en medio del juicio. La fiscalía descubrió que la empleada judicial Carolina Bartolini, de la Secretaría C del Juzgado Federal que encabezaba Bento, le compró un departamento valuado en US$ 180.000 el 17 de agosto de 2019 a Juan Carlos Molina, dos meses después de haber sido excarcelado. Para la Fiscalía, Molina vendió ese inmueble para poder pagar la coima que lo dejó en libertad.

Después de presentarlo en medio de las preguntas que le hacían a la titular de esa Secretaría, Mariela Andia, la Fiscalía solicitó al TOF N° 2 que se libre una compulsa para que se investigue el hecho. Bartolini se encuentra de licencia sin goce de haberes desde septiembre, momento en que se inició el megajuicio al exjuez federal.

La declaración del Juez Garnica

El Doctor Marcelo Garnica es titular del Juzgado Federal N° 3 y en varias oportunidades subrogó a Bento cuando este se encontraba de licencia. Además, trabajó desde 2005 y 2015 en la Secretaría B del juzgado que encabezó el exmagistrado.

En ese marco declaró como testigo pero las preguntas las respondió por escrito. En principio la Fiscalía le consultó si había notado “irregularidades” en el Juzgado de Bento y respondió: “No estoy en condiciones de contestar esa inquietud. Cuando me tocaba subrogar yo no hacía una auditoría del Juzgado ni el estado de las causas”.

Al consultarle qué opinión tiene sobre el desempeño de Bento, también contestó con una evasiva: “Es absolutamente irrelevante la opinión que yo tenga al respecto”, dijo. A la vez, el magistrado desconoció si efectivamente existía una “enemistad” entre el fiscal Vega y Bento, uno de los argumentos con los que se alza la defensa para deslegitimar la causa.

Garnica también consideró que “es imposible” que Bento haya llevado personalmente por sí solo algunas causas y la fiscalía consultó si en su trabajo como secretario “¿le impuso alguna decisión en los dictados que le tocó intervenir?”

“No entiendo el sentido de la pregunta. Si tomamos en consideración el significado de la palabra que es exigir a alguien cumplir una cosa, debo responder negativamente. Ahora bien, si la pregunta no apunta al sentido literal de la expresión, no solo debo responder afirmativamente, sino que debo agregar que siempre Bento impuso el dictado de decisiones o resoluciones, toda vez que él era el Juez. Y tratándose del Juzgado N° 1 que es un órgano unipersonal, va de suyo que siempre las decisiones o resoluciones eran producto de su directiva”, se explayó el letrado.

También le consultaron sí conoció a Diego Aliaga y lo observó acudir asiduamente a Tribunales. A lo que respondió afirmativamente: “Sí, solo de vista y de alguna muy breve conversación casual”, manifestó primero y luego indicó que “hace muchos años, no recuerdo con exactitud, concurría frecuentemente al tercer piso de este edificio de Tribunales Federales. Creo que porque tenía una causa en la Secretaría A del Juzgado Federal N° 1. Después dejé de verlo”.

“¿En alguna oportunidad vio u observó si tenía un trato preferencial?”, preguntó la fiscalía y este respondió: “No, en absoluto”.

A Garnica también lo indagaron por la empleada judicial Bartolini. “¿Tiene conocimiento si María Carolina Bartolini o algún miembro de su familia tenga relación personal de amistad o de cualquier otra índole con el juez Bento y/o con algún miembro de su familia?”, preguntó la fiscalía y el juez admitió: “Creo que Bartolini con la esposa de Bento, Marta Boiza, con quien trabajaba junta en la Secretaría C”.

El titular del Juzgado Federal N°3 también respondió sobre su intervención en la causa de Santos Ortega y Molina. Entonces contó que los procesó primero por “encubrimiento en contrabando” y después los imputó por contrabando agravado y asociación ilícita, cuando sumó más pruebas del delito que habían cometido.

“Desde el punto de vista fáctico se encontraba comprobado que Javier Ortega y al menos tres sujetos más, en ese momento no individualizados, habrían intervenido activamente en el ingreso ilegítimo al país de mercadería hallada y secuestrada en un depósito ubicado en Maipú”, sostuvo Garnica.

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