Desde el Poder Ejecutivo surgió un fuerte respaldo para la postura de un concejal radical de Tunuyán que no quiere dejar uno de los dos cargos por los cuales cobra respectivos sueldos del Estado provincial.
Se trata de Luis Manuel López. A través del dictamen 820/22, la Oficina de Ética Pública señaló que el Concejo Deliberante de Tunuyán debe emplazar y realizar un “proceso de purga” contra López y Marcelo Vidal, quienes son médicos, para que opten por uno de los cargos, ya que existen incompatibilidades funcionales y horarias para que continúen con los dos trabajos.
Vidal rápidamente se plegó al dictamen y renunció a la banca departamental. Pero López no: consideró que la Oficina de Ética cometió “errores técnicos” y elevó al Concejo Deliberante un duro escrito de defensa.
En el medio, altas fuentes del Ejecutivo opinaron que la Oficina de Ética “está equivocada” y señalaron también que la defensa de López es “absolutamente sólida”, tanto desde el punto de vista “ético” como el “jurídico”.
La Oficina de Ética es un organismo de control que funciona desde 2018 (se creó por medio de la ley de Ética Pública, número 8.993) y tiene al frente a Gabriel Balsells Miró, un abogado del radicalismo que, a pesar de compartir el color político del Gobierno, desde el comienzo de la gestión prometió “independencia”.
Miró fue propuesto para el cargo por el ex gobernador Alfredo Cornejo y tiene mandato hasta mayo del año que viene.
Aunque haya enojo en el Poder Ejecutivo, los concejales Vidal y López no han sido los primeros afectados por un dictamen de esta Oficina. Incluso desde el oficialismo indican por estas horas que el dictamen 820/22 es muy similar al que le aplicó en 2018 Miró al actual intendente de San Martín, Raúl Rufeil, que también ejercía como director en el hospital Notti y como concejal.
Al médico radical de San Martín le señalaron que tenía “incompatibilidad horaria” para ocupar los dos cargos y Rufeil, a pesar de no estar del todo de acuerdo, acató: se quedó como concejal. Pero la defensa de López, en cambio, es más enfática.
De acuerdo con el texto de defensa que elevó al Concejo Deliberante de Tunuyán, que ha creado una comisión especial para estudiar el caso, el dictamen de la Oficina de Ética sostiene “de manera improcedente que me encontraría en una situación de incompatibilidad horaria y funcional para el ejercicio simultáneo de los cargos de concejal de Tunuyán y médico del sistema de salud estatal”.
El texto de los abogados de López dice que el dictamen del director de Investigaciones Administrativas de la Oficina de Ética, Sebastián Giordano, “se limita a sugerir un determinado emplazamiento, pero en ningún caso, emite resolución o acto que cree, extinga o modifique derechos subjetivos de esta parte”.
“En ningún caso dicha comunicación, podrá considerarse como una notificación de un acto administrativo”, recalca el edil, quien dice que el dictamen padece de “informalismo”.
Luego señala que el dictamen vulnera la ley Orgánica de Municipales, que le da a cada HCD la potestad de ser “juez de la validez o nulidad de la elección de sus miembros, como asimismo de sus condiciones de elegibilidad”.
También expresa que el propio Ministerio de Salud se ha pronunciado a su favor indicando que “no existe situación de incompatibilidad con mi cargo de concejal”.
“El régimen legal municipal contempla la posibilidad de ejercer el cargo de concejal, junto con el de otro cargo en el sistema asistencial, mientras que el régimen de salud, expresamente permite tener más de un cargo rentado en la administración pública provincial o municipal, a condición de que uno de ellos sea en zona rural”, dice una parte del texto de López.
“El ejercicio de ambas funciones, en ningún caso alteran o irritan disposiciones de ética pública o de moral, y mucho menos afectan o entorpecen el normal desempeño y dedicación que cada función me demanda”, señala más adelante el concejal radical, quien considera que la Oficina de Ética hace “suposiciones y meras interpretaciones subjetivas” a la hora de pedir que deje uno de sus cargos.
También indica López que hay “severos errores jurídicos” en el dictamen y lo acusa de arribar a “conclusiones que resultan arbitrarias”.
“Todo el andamiaje jurídico del dictamen, en lo que hace a la incompatibilidad funcional, se apoya en una norma que ya no existe (el derogado artículo 71 del Convenio Colectivo del Personal de la Salud) y que ha sido modificada en un sentido que claramente controvierte las conclusiones a las que arriba el funcionario dictaminante”, considera el reclamante.
También acusa a la Oficina de Ética de citar una ley que corresponde a otra carrera (la de Obstetricia) y descarta la trascendencia del artículo 17 de la ley de Carrera Médica.
“No hay ningún elemento objetivo o prueba que permita afirmar con certeza que existe superposición horaria”, dice más adelante el escrito de defensa. Agrega luego que “contrariamente a lo que sostiene el funcionario, los medios modernos de trabajo, comunicación y transporte, lejos de tornar más rígida la ‘incompatibilidad’, la hacen más flexible, desde que existe mayor capacidad para realizar múltiples y mayor cantidad de tareas, en menos tiempo”.
“Insisto en este punto en que, luego de casi 6 meses de ejercicio de ambos cargos, no existe un solo informe o constancia, ni siquiera un indicio, de que haya incumplido con alguna de las funciones y responsabilidad que los cargos implican”, resalta cerca del final el médico.
López cobra unos 120 mil pesos como médico de centros de salud de Tunuyán y otros 170 mil como concejal. Dice además que para poder ser edil sacrificó la función que cumplía como director del hospital departamental y pasó a ejercer en zonas rurales: es el único traumatólogo de la atención primaria local.
Considera, además, que llegó a la política de la mano de los principales dirigentes del radicalismo mendocino, algunos de los cuales hoy avalan su planteo.
