Abuso y trata en La Paz: juzgan a la pareja que “vendió” a su hija por sexo durante 8 años

Comenzó el juicio por uno de los casos de abuso sexual y trata de personas de menores más conmocionantes de los últimos tiempos: el de una adolescente de La Paz cuyos padres habrían explotado sexualmente durante 8 años hasta que ella, en 2001, con 14 años de edad, decidió escapar de la provincia.

Durante 9 años su cara y su nombre –en esta nota no se incluyen para evitar revictimizarla- apareció en sistemas de búsquedas como los de Interpol y Missing Children y finalmente, en 2021, cuando tenía 24 años, fue detectada mientras hacia un trámite personal en Buenos Aires. Ahí denunció a sus progenitores y a otro hombre, un amigo de la familia que la abusaba y no es parte del proceso judicial porque falleció.

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Hoy la joven vive junto a su pareja y sus hijos en Buenos Aires y ha logrado que la Justicia le cambiara el nombre para dejar atrás el oscuro pasado que definió como “un verdadero infierno”.

La semana pasada la jueza María Paula Marisi comenzó a juzgar a la madre de la víctima, la empleada municipal Mónica Maturano, y a su pareja y padrastro de la joven, Alberto Orozco, un empleado de Vialidad. Ambos están acusados por trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual en calidad de coautores, con tres agravantes –por ser más de tres personas; porque hubo violencia y la víctima estaba en situación de vulnerabilidad; porque hubo un pago, y porque estaban bajo su guardia-, delitos cuyas penas son de hasta 15 años de prisión.

El depredador que abusó de la niña, Antonio Romero, no es parte del debate porque durante la instrucción se determinó que ha muerto.

La investigación del caso fue realizada por el fiscal Fernando Alcaraz y ahora la acusación es realizada por la fiscal Cristina Valpreda, auxiliar de la fiscal de cámara María Gloria André.

“Un verdadero infierno”

Durante el debate se reprodujo la prueba principal: la declaración que realizó la mujer en cámara Gesell durante la instrucción. Además, volvió a declarar a pedido de las partes contestando algunas preguntas puntuales, para evitar la revictimización.

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En su declaración la víctima indicó que en mayo de 2020 realizó una consulta a la web del Ministerio de Desarrollo Social, donde denunció los abusos sufridos durante 8 años diciendo que había vivido un verdadero “infierno”. Detalló que era frecuente que Maturano ejerciera violencia física contra ella y que “nunca se comportó como una madre, que jamás se ocupó de ella, que tan sólo la usaba porque era rubia de ojos claros”.

Además, señaló que debido a todos los abusos sufridos en su infancia decidió “matarse psicológicamente, porque nunca se atrevió a hacerlo físicamente”. Esto se tradujo en que solicitara su cambio de identidad “porque la vieja era sinónimo de una niña explotada y abusada”, en cambio la nueva es la de “una mujer capaz de forjar una vida distinta, una vida digna”.

Se espera que el miércoles próximos la fiscalía y la defensa realicen sus alegatos y se escuche la sentencia del caso.

Abusos a cambio de dinero y alimentos

Según la investigación, cuando la joven era una niña de 6 años, la pareja acusada la retiró de la casa de sus abuelos para ser “explotada sexualmente y sometida a distintos actos vejatorios contra su libertad, dignidad e integridad sexual, física y psíquica por su madre su padrastro y Romero”. Esos abusos se prolongaron durante 8 años -desde 2003 hasta mediados de 2011- es decir desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió 14. El acuerdo entre los tres mayores consistía en recibir al abusador mensualmente durante una semana para que la agrediera sexualmente a cambio de dinero y alimentos.

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Ante esta larga situación de abusos, la adolescente escapó de su casa y se abrió una causa por trata de personas. Entonces comenzó una búsqueda que fue realizada tanto por la Justicia Federal como provincial, en las que se realizaron investigaciones tecnológicas, documentales, testimoniales de su círculo cercano y además se insertaron su foto y datos personales en distintos sistemas de búsqueda, como Missing Children e Interpol. Nada dio resultado.

Pero en mayo de 2020, la mujer –con otro nombre- fue al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a solicitar el reconocimiento de los derechos de los hijos que tiene con su actual pareja en Buenos Aires. Entonces saltaron las alarmas y el caso fue abordado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad.

En Mendoza el caso recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo del juez Walter Bento, y la investigación fue realizada por el fiscal Alcaraz, que el 30 de diciembre de 2020 ordenó un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en la casa del matrimonio en el Este mendocino. Allí fue detenida la pareja acusada.

Pidió cambiarse el nombre

A pedido de la mujer, Alcaraz y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitaron al juez Bento que tramitara el cambio registral de su identidad pues la víctima había “reconfigurado su vida en relación con el nombre elegido por ella”.

El pedido se efectivizó meses después de forma inusual, ya que la mujer no tuvo que realizar ningún trámite, sino que lo hizo la Justicia.

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El dictamen de los fiscales detallaba que la historia de vida y las vulneraciones sistemáticas que padeció, generaron que su propia psiquis elaborara estrategias para asegurar la supervivencia, entre las cuales se destaca la adopción de una nueva identidad.

La mujer fue acompañada durante todo el proceso judicial por el programa especial de atención a víctimas de trata y explotación de personas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas del MPF (Dovic).

Las especialistas del programa y el dictamen fiscal remarcaron en la presentación la “necesidad imperiosa de adquirir una identidad no relacionada con su entorno familiar primero, para no ser encontrada, y luego, para romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido, originado desde el propio seno familiar y por quienes debían protegerla”.