La tensa espera de un arbitraje presidencial

La tensión que genera el caso Portezuelo del Viento altera, en parte, el normal derrotero de la gestión de Rodolfo Suárez. Es lógico que eso pase. Y no es su culpa. Como se ha dicho en infinidad de oportunidades, es, principalmente, consecuencia de la variación de conducción política en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, que le permitió a La Pampa volver a envalentonarse para poner sus tradicionales trabas a todo emprendimiento hídrico que se proyecte para el sur mendocino. Los gobiernos de Neuquén y Río Negro por lo general siempre estuvieron del lado del más fuerte. Por eso Mendoza perdió 4 a 1 en el Coirco en la última y ya lejana reunión decisiva.

Suárez pedirá el apoyo del PJ en su cruzada para salvar la obra Portezuelo del Viento

Ese es el principal cuadro de situación, independientemente del debate entre expertos sobre la conveniencia o no de llevar a cabo semejante propuesta en estos tiempos de cambio climático y de cada vez mayor escasez de agua de deshielos cordilleranos.

En estos momentos la estrategia del gobierno local en gran medida depende de la audiencia que debería concederle el presidente de la Nación a Suárez, a pedido de éste, para que se pueda saber si Alberto Fernández va a arbitrar o no sobre el nuevo requerimiento de estudio de impacto ambiental que pidió la administración justicialista pampeana.

Se pidió que el encuentro se concretara cuando el Presidente regresara de su gira por Rusia, China y Barbados. Ya regresó, pero no hay novedades aún. Tal vez influya, en parte, el entredicho que se generó con la Nación cuando el Gobernador estaba de vacaciones y desde el Ministerio del Interior dijeron que nunca había sido formalmente pedido el laudo presidencial. ¿Habrá sido ese el mensaje de la Nación para que Suárez supiera que no hay muchas posibilidades para Mendoza?

Si el Presidente lauda a favor del pedido de La Pampa, o si directamente no lo hace, las chances para Portezuelo del Viento se postergan y todo lleva a suponer que necesariamente Mendoza tendrá que disponer de los fondos nacionales que recibe para otras obras. El llamado Plan B que plantea el gobierno de Suárez.

Involucrar al peronismo mendocino es otra intención del oficialismo. En el PJ aseguran que el Gobernador aún no llamó oficialmente a ninguno de los referentes partidarios. Sí puede haber existido algún contacto más informal con intendentes, a los que dijo públicamente que pretendía consultar, pero dicen en el seno del PJ que no todos los “caciques” están de acuerdo con aceptar. Y tampoco se sabe si, además, habrá invitación a legisladores nacionales. Es que el principal partido de la oposición mendocina también tiene sus conflictos internos y nada asegura que lo que uno prometa otro lo cumpla.

¿Se involucrará el PJ local sin certezas de lo que resolverá Fernández sobre el laudo pedido por Mendoza? Y no sigamos conjeturando porque podríamos ser mal pensados. ¿Qué saben en el peronismo local de lo que podría llegar a resolver el Presidente?

Mientras tanto, la gestión provincial debe calmar las ansiedades que produce la indefinición, en especial por la presión que ejerce la comunidad de Malargüe en su conjunto. Suárez debió intervenir personalmente con los distintos sectores del departamento más sureño de Mendoza alertado por el lógico disgusto social, que también se tradujo en amenazas de marchas y bloqueos en lugares estratégicos.

En ese sentido fue muy atinado de parte del jefe del Ejecutivo haber recibido personalmente al intendente Ojeda y a representantes de los distintos sectores de la economía malargüina, para recordarles que el proyecto de la megaobra es prioritario para su gestión.

Malargüe inició una campaña para defender “El Azufre” ante la embestida del PJ

Los representantes de la comunidad de Malargüe recibieron el cuadro de situación. No se puede adjudicar Portezuelo del Viento si antes no hay arbitrio presidencial, porque éste debe expedirse sobre el nuevo planteo de La Pampa sobre el impacto ambiental.

Por ahora en el entorno del mandatario provincial prefieren no hablar del famoso programa de obras alternativo (Plan B) que se puede concretar con los recursos que envía la Nación por el resarcimiento a Mendoza por la promoción industrial. ¿Qué hacer con los 1.023 millones de dólares si la “obra del siglo” entró en vía muerta? Muchos recursos para muchas obras; muchos interesados en llevar agua para sus respectivos molinos. Será otro debate.

Pero se trata de un plan de obras que Suárez y su equipo tendrán que definir sin esperar mucho más. Nadie en el oficialismo opinará públicamente, pero hay muchos en el partido de gobierno, no necesariamente funcionarios, que consideran que el tiempo de Portezuelo del Viento ya pasó.

Otras tensiones

En el radicalismo mendocino siguen procurando que sus dirigentes hablen lo menos posible de candidaturas para 2023, con la intención de que las energías estén preferentemente volcadas a la gestión, tanto provincial como de cada uno de los municipios conducidos por integrantes de la UCR.

Se trata, fundamentalmente, de una estrategia del “cornejo-suarismo”, mayoritario en el centenario partido mendocino, que busca limitar, de algún modo, pretensiones de dirigentes no alineados con los dos principales líderes deseosos de picar en punta para intentar ganar espacios y no verse sorprendidos, a última hora, por un reparto discrecional de lugares en las listas por parte de los sectores internos mayoritarios.

Es una cuestión del radicalismo, no de Cambia Mendoza en su conjunto. El principal socio partidario de los radicales en la coalición de gobierno, al que muchos identifican como el Pro de De Marchi, no sólo ya fijó una clara estrategia para reposicionar al actual diputado nacional en una nueva intentona por la Gobernación; también se presenta como una de las voces más críticas con decisiones del gobierno de Suárez (pide a viva voz a favor de Portezuelo, por ejemplo) o de referentes departamentales, como es el caso de Marcelino Iglesias, al que pretenden llevar a reconocer como legítima representante de Guaymallén a la reina de la Vendimia elegida “no oficialmente”, pero con un consenso ciudadano importante, luego de que la administración departamental suprimiera la tradicional elección.

Y en lo atinente directamente con el Ejecutivo provincial, De Marchi se constituyó de golpe en un duro jurado del proyecto de boleta única electoral presentado en la Legislatura por Suárez a través de su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, pese a ser a nivel nacional uno de los más fervorosos impulsores de dicha reforma en el sistema electoral argentino.

“La discusión actual tiene gato encerrado”, llegó a decir el lujanino al opinar sobre algunas características de la iniciativa oficial para las elecciones. Con esa expresión De Marchi daría a entender que, desde su punto de vista, la propuesta de boleta única presentada tiene artilugios que no se aprecian pero que pueden conducir a que los cambios en el sistema no sean tan contundentes como se espera.

Y luego se sumaron objeciones parecidas por parte de legisladores del PJ, lo que llevó al Ejecutivo a frenar el proyecto para buscar un mínimo consenso en los aspectos que fueron criticados.

El Gobierno pretendía que el trámite legislativo fuera prácticamente exprés, tanto por el consenso de muchos sectores de la comunidad a favor de elecciones más transparentes en materia de candidaturas como por el número mayoritario de miembros en ambas cámaras de la Legislatura. Un error y un antecedente complicado: no es conveniente respaldarse en las mayorías circunstanciales y menos cuando éstas se nutren de sectores partidarios aliados, como ocurre con Cambia Mendoza. La aspiración del oficialismo era sancionar esa reforma este mes. Si se mantiene esa pretensión, cuentan con un par de semanas para practicar el don del convencimiento.

Malargüe inició una campaña para defender “El Azufre” ante la embestida del PJ

Y la adjudicación de tierras en el Sur para el emprendimiento de El Azufre también le generó un debate político fuerte al Gobierno. Se dio en el Senado. En la oposición preguntan por qué todo surgió por un decreto divulgado el 23 de diciembre. Critican que una inversión supuestamente promisoria para la provincia no tuviese un anuncio trascendente, más allá de reconocerse la potestad del Ejecutivo para avanzar con el aval de la Fiscalía de Estado. Y objetan que después de las repercusiones y dudas planteadas, desde Ambiente hayan dispuesto una rápida conformación de la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales. “No estamos en contra de la inversión, pero nos llama la atención la manera de proceder”, remarcan en el kirchnerismo.

Y vienen semanas que pueden ser conflictivas con los gremios estatales. Ya el SUTE puso la voz de alerta por el tema salarial.

Como una carrera de obstáculos para una gestión que necesita logros tras haber quedado marcada por la política sanitaria de la pandemia. Un allegado radical dijo: “Cuando nos saquemos el tema Portezuelo de encima todo empezará a salir mejor”. ¿Será cuestión de creerle?