Ley ómnibus: las provincias petroleras defendieron su soberanía sobre los hidrocarburos

El proyecto de ley ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento incluye un capítulo destinado al sector energético, en el que se plantean modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. Ayer, se realizó una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y los gobernadores de las diez provincias productoras plantearon su postura sobre la iniciativa.

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En la misma línea de liberación que tiene como bandera la gestión de Javier Milei, el proyecto establece que el Gobierno no podrá intervenir o fijar precios en el mercado interno, en cualquier de las etapas productivas. Se podrá exportar libremente hidrocarburos y sus derivados, con lo que se elimina la obligación de cumplir con el abastecimiento local. En cambio, se mantienen las retenciones en el 8%, en lugar del 15% que fijó para otras exportaciones.

Al establecer una paridad en el precio de las importaciones y exportaciones, desaparecería el barril criollo, que se creó cuando los precios internos se desacoplaron de los del mercado internacional. También plantea otras modificaciones, como que las concesiones de explotación deben ser licitadas nuevamente cuando se venzan, con lo que no se podrían efectuar prórrogas, como es habitual que suceda; incluso antes de su vencimiento. Y, en un anexo, detalla las empresas que el Gobierno quiere privatizar, entre las que se encuentra YPF.

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La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, detalló que durante la mañana se realizó una reunión de Comité Ejecutivo de la Ofephi y, por la tarde, un encuentro de gobernadores, del que Cornejo participó en forma virtual, y en el que puso a consideración el documento elaborado a partir del análisis del proyecto de ley.

Sostuvo que se buscó sentar postura sobre el dominio provincial de los recursos hidrocarburíferos y la necesidad de que esto se respete. Esto, pese a que se comparte el espíritu de otras modificaciones de la Ley de Hidrocarburos, que apuntan a sanear las distorsiones de precios en el mercado energético. Pero “siempre y cuando sea respetando el federalismo y la soberanía de las provincias sobre esos recursos, consagrada en la Constitución”.

La declaración conjunta será remitida, detalló, al Congreso, ya que la propuesta del Ejecutivo nacional se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y se enviará, también, una sugerencia del articulado que la Ofephi entiende debería incluir el capítulo vinculado a la energía dentro de la ley ómnibus.

Rechazo

En la declaración conjunta -que firmaron los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, ratificaron “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”. En este sentido, rechazaron todos aquellos artículos del proyecto que puedan interpretarse como una limitación de estas facultades por parte de los estados provinciales.

Otro punto con el que se manifestaron en desacuerdo es la propuesta de eliminar la facultad que tienen las provincias de otorgar prórrogas a las concesiones vigentes. Consideraron que, si bien se establece que los derechos de exportación se van a mantener en el 8%, se debería quitar del texto la posibilidad de incrementarlas hasta el 15% si el Ejecutivo nacional lo considera necesario para “garantizar la sostenibilidad fiscal”.

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También se opusieron a la derogación de un artículo de la Ley de Hidrocarburos que establece que “en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación”. Asimismo, consideraron que debe corregirse la eliminación de un inciso que plantea que el incumplimiento de esta obligación de someterse al control puede ser causal de caducidad de la concesión.

Por otra parte, resaltaron el rol estratégico de las empresas estatales provinciales en el desarrollo energético y solicitaron la revisión de los artículos que limiten el accionar de estas compañías.

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A favor

Como contraparte, los gobernadores expresaron que comparten “aquellos aspectos que buscan lograr un marco jurídico para la actividad hidrocarburífera que permitan dotar de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo, los niveles de actividad económica y de agregado de valor”. También manifestaron que acompañan “todas aquellas iniciativas que generen incentivos para el sostenimiento e incremento de las inversiones en nuestras provincias, con vistas a potenciar la producción de petróleo y gas”.

Asimismo, consideraron favorable la posibilidad de incorporar nuevos participantes, nacionales e internacionales, al sector, y celebraron las modificaciones que buscan generar inversiones y el desarrollo de nuevas áreas para nuevas empresas.

Solicitaron al Gobierno nacional que se analicen en profundidad las modificaciones propuestas y señalaron que entienden que la Ofephi es el espacio donde deben tratarse las cuestiones de política hidrocarburífera. También expresaron su disposición a participar en el ámbito legislativo para realizar aportes.

Yacimientos maduros

En la declaración conjunta quedó expresado el interés de que “aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico y que ello se haya visto reflejado en una caída de inversiones, actividad y producción, las empresas deberán arbitrar los procesos de sesión y/o reversión de las mismas hacia las provincias”.

Pocos días después de que Javier Milei asumiera la presidencia, los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal, y Chubut, Ignacio Torres, solicitaron poder quitarle a YPF la concesión de aquellas áreas petroleras que no esté explotando. Los mandatarios plantearon que, como la inversión de las grandes empresas está enfocada en Vaca Muerta, han descuidado la producción convencional. El presidente habría estado de acuerdo con la idea.

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Es que, mientras la producción petrolera en Neuquén mantiene un ritmo creciente, la de otras provincias petroleras viene en picada. Es que, en este último caso, se suele tratar de yacimientos maduros, cuya explotación no resulta conveniente para las compañías que tienen una gran estructura, mientras para las más pequeñas puede ser rentable.

De ahí que Vidal, un exdirigente gremial petrolero, planteara que Santa Cruz viene perdiendo dinero por la desinversión de YPF y resaltó que “los yacimientos maduros tienen mucho para dar todavía”. El desarrollo de la actividad no sólo se vincula con el ingreso de regalías a las provincias, sino también con la generación de empleo de calidad, con muy buenos salarios.

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Caída productiva

La situación en Mendoza no difiere demasiado de la planteada por los gobernadores patagónicos, en términos de disminución en la producción. Mientras en Neuquén, según datos de la Secretaría de Energía de Nación, se pasó de 12.549.442 metros cúbicos entre enero y noviembre de 2019 a una de 33.850.031 en el mismo periodo de 2023 (aún no están disponibles los datos de diciembre), en Mendoza ocurrió lo inverso. En los once primeros meses de 2019 se extrajeron 3.744.002 de m3 y en 2023, 2.959.500, lo que representa un desplome del 21% en cinco años.

El gerente de Camespe (Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros), Jorge Armani, opinó, a modo personal, que las empresas invierten donde más les conviene y por eso YPF se está dedicando de lleno a Vaca Muerta. Consideró que los gobiernos provinciales son los que deberían hacer que invirtiera también en los yacimientos maduros.

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Planteó que es de esperar que en Mendoza suceda lo mismo que en Salta, donde la petrolera estatal desapareció, porque vendió sus activos, lo que provocó que terminara de caer aún más la producción, porque las empresas no invirtieron. Asimismo, señaló que lo más preocupante es que no se está avanzando en exploración ni en sísmica, que son los estudios que permiten conocer qué hay en el subsuelo.

De los yacimientos maduros, como es el caso de toda la cuenca Norte en Mendoza, con pozos que tienen entre 60 y 80 años en su mayoría, comienza a obtenerse cada vez más agua y menos crudo, lo que hace que la rentabilidad de la explotación caiga. Sin embargo, para las empresas más pequeñas, que tienen una estructura de costos más acotada, la actividad aún puede resultar rentable. Y a partir de las inversiones que se han enfocado en esto, la producción en la provincia, si bien no ha recuperado el crecimiento, sí ha frenado el ritmo de disminución.