Un fallo cautelar en San Juan protege las operaciones del proyecto minero ante las restricciones riojanas, mientras se negocia el reinicio de obras viales clave.
San Juan garantiza la operatividad de Vicuña ante a los frenos de La Rioja
Foto:
La minería en Cuyo y el NOA atraviesa un momento de alta tensión legal y política. En los últimos días, el proyecto Vicuña se ha convertido en el epicentro de un complejo escenario judicial que involucra a San Juan y La Rioja, poniendo de manifiesto los desafíos jurisdiccionales de la actividad extractiva en zonas fronterizas.
La situación escaló tras una resolución judicial emitida en la provincia de La Rioja, la cual impuso severas restricciones de tránsito por una ruta provincial y dictó la suspensión de las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña. Esta decisión impactó directamente en la logística y el cronograma de la compañía, que se vio obligada a analizar el alcance legal de una medida que frenaba uno de los desarrollos mineros más prometedores de la región.
Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar desde la vereda de enfrente. Ante los Tribunales Provinciales de San Juan, la empresa Vicuña solicitó una medida cautelar que fue concedida por un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción Judicial. Este fallo es determinante: garantiza la continuidad de las operaciones y establece que ningún tercero —ya sea público o privado— puede obstruir el proyecto, con la única excepción de las autoridades de aplicación sanjuaninas.
El argumento central de la Justicia de San Juan radica en que el proyecto se encuentra plenamente habilitado por el Ministerio de Minería de dicha provincia, autoridad legítima de aplicación para estas operaciones.
A pesar de la fricción judicial, el panorama parece inclinarse hacia una normalización mediante la obra pública. El 30 de abril, Vicuña comunicó su predisposición para reiniciar trabajos críticos en suelo riojano, supeditados a que la orden judicial que los impide sea dejada sin efecto.
El foco está puesto en la Ruta Provincial 506 y el bypass a Guandacol. La intención de la empresa es avanzar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental para retomar el mantenimiento de los caminos y continuar con la licitación de la circunvalación. Este proceso no solo es logístico; es un motor económico regional:
Empleo Local: Se prevé que la construcción genere oportunidades directas para los miembros de las comunidades cercanas.
Participación Empresarial: Diversas empresas riojanas ya participan de los procesos de licitación.
Estándares: Los trabajos prometen ajustarse a estrictos marcos técnicos y ambientales
Más allá de la resolución de los conflictos viales, el objetivo de fondo es reactivar el esquema de articulación que existía antes de las presentaciones judiciales. Este esquema busca ordenar el desarrollo del proyecto en sintonía con la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades en la región.
Vicuña ha manifestado su intención de retomar conversaciones con el Gobierno de La Rioja en las próximas semanas para explorar nuevas oportunidades de desarrollo minero. La estrategia apunta a un modelo de integración donde la capacitación de mano de obra y el desarrollo de proveedores locales sean los pilares para mitigar las resistencias y potenciar el crecimiento económico en ambas provincias.
Por el momento, la compañía continúa operando bajo el amparo legal de San Juan, priorizando la seguridad y buscando, por vías institucionales, normalizar definitivamente el acceso a sus instalaciones.