La audiencia remota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada este jueves en Washington fue y será histórica. De la mano de los abogados de la ONG Xumek, Sergio Salinas y Lucas Lecour -quienes además son abogados de los sobrevivientes del Caso Próvolo en Mendoza-; los episodios de abusos sexuales en el instituto religioso para niños sordos y niñas sordas -por los que fueron condenados dos curas a 45 y 42 años de prisión- llegaron una vez más al ámbito internacional. Y el caso se convirtió en uno de los emblemas de la jornada, donde los comisionados de la CIDH se comprometieron a trabajar con las ONG y víctimas (o sobrevivientes) de abusos eclesiásticos.
El detalle que convierte la reunión en más histórica aún es que fue la primera vez en que el órgano aborda este problema a nivel regional, donde hay una importante y preocupante cantidad de casos de abusos perpetrados por integrantes del clero aún sin resolver. De acuerdo a la Red Internacional por los Derechos del Niño, para fines de 2019 en Argentina, México, Chile y Colombia se contabilizaban casi mil denuncias por episodios de este tipo.
Además de asegurar el compromiso “más fuerte y absoluto” para trabajar en el tema, una de las relatoras que participó (Esmeralda Arosemena, de la Relatoría de Derechos de los Niños) aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recurrirá a todas las herramientas “para pedir información en el tema de impunidad de los casos que no están siendo resueltos”.
El Próvolo, uno de los casos emblema
Salinas fue quien, durante casi un hora, expuso sobre los abusos en el instituto religioso Antonio Próvolo; donde cuatro personas (los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, el ex jardinero Armando Gómez y el ex monaguillo Jorge Bordón) ya fueron condenados a prisión como autores de los abusos sexuales cometidos contra niños y niñas; así como también por episodios de corrupción de menores.
Luego de la exposición, fue la ya mencionada relatora Arosemena quien se quebró emocionalmente. “Cuando hablamos de niños con discapacidad y que las autoridades no hayan actuado para una respuesta en la protección de tantos niños... Debo decir... No tengo palabras para condenar esa situación”, destacó la relatora con la voz entrecortada y entre lágrimas.
Durante su ponencia, Salinas destacó que el Caso Próvolo es “el caso más grave de nuestra historia en violaciones de Derechos Humanos (…) porque se torturó y abusó sexualmente a más de 40 víctimas de múltiples vulnerabilidades: niñas, niños, pupilos en un colegio, todas personas sordas”.
Además, el abogado repasó el itinerario delictivo de Corradi y los abusos cometidos en el Próvolo de Italia hasta los años 80, y entre la década del 90 y 2016 en Argentina; primero en La Plata y luego en Mendoza. En todas las sedes estuvo el octogenario sacerdote. “Se trasladó al cura pedófilo de lugar en lugar, generando más víctimas y más impunidad; en contra de las observaciones del Comité del Derecho del Niño y la Tortura, a la Santa Sede en 2014”.
Salinas destacó además la inacción en Mendoza ante las primeras denuncias que se hicieron por “torturas y abusos sexuales sistemáticos” ya en 2006; y resaltó la condena de noviembre del año pasado. En ese sentido, enumeró que hay 9 mujeres camino al segundo juicio por los abusos en el Próvolo mendocino.
“De esta investigación surgieron abusos sexuales en manada con adultos y entre menores, uso de pornografía, provocación a orgías y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas”, destacó con crudeza el abogado; y cuestionó el rol de la Iglesia como institución.
“En todos los casos, la Iglesia Católica conoció los abusos sexuales, y no previno, no fiscalizó ni investigó, tal como en el conocido caso Grassi. Ante esto, Argentina permitió que la Iglesia sistemáticamente ocultara tales violaciones a los Derechos Humanos, aun cuando fue requerida judicialmente para identificar a otros sacerdotes y monjas, por eso el cura investigador papal fue imputado por encubrimiento por ampararse en el Concordato del 66 con Argentina. Finalmente, y aún ante víctimas extremadamente vulnerables -niñas y niños sordos, hasta con intentos suicidas-, la Iglesia se niega a aportar pruebas y reparar el daño ocasionado, ante un Estado argentino inactivo”, concluyó uno de los abogados que acompaña a las víctimas desde hace más de cuatro años (cuando se conocieron las primeras denuncias).
Imprescriptibilidad
Hace un mes, la Cámara de Casación de La Plata hizo lugar al pedido de uno de los tres denunciados por los abusos en el Próvolo de La Plata (el ex celador, Jorge Brítez, quien está denunciado junto con Corradi y otro religioso italiano, Eliseo Pirmati, por los abusos en esa ciudad) y consideró que los delitos estaban prescriptos para Brítez.
Esto motivó un malestar generalizado, por lo que la fiscal platense y los abogados de los denunciantes apelaron esta resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre la prescriptibilidad de este tipo de delitos, también se expidieron los comisionados de la CIDH.
Fue la relatora Julissa Mantilla quien destacó que “la violencia sexual como tortura” se convierte en algo más grave aun cuando la víctima es una niña o un niño. “El Sistema Interamericano tiene estándares muy claros, donde no se pueden permitir amnistías, prescripciones que se usen para consolidar impunidad en estos casos”, destacó, con contundencia.
