La justicia de San Isidro ordenó el secuestro y análisis de la computadora de la jueza Julieta Makintach. Esta medida se debe a que Makintach fue suspendida de sus funciones tras el escándalo durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona.
La situación se generó a raíz de la difusión del documental "Justicia Divina" mientras el juicio estaba en marcha.
El juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, dispuso el secuestro dos discos rígidos: uno marca Hikvision y otro Seagate modelo Barracuda, con sus correspondientes números de identificación .
Según el escrito al que accedió el medio Clarín, Rossignoli también autorizó “al Ministerio Público Fial y/o al pescrsonal idóneo que se designe al efecto, a proceder al análisis técnico del contenido del aparato de telefónica celular descripto en el punto anterior", con la limitación de que solo se incorpore a la presquisa el material "que guarden estricta relación con el evento materia de investigación”.
El registro en la computadora de la jueza
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA) había autorizado que se retirara la computadora del despacho de la jueza Julieta Makintach en San Isidro. Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, pidieron que el contenido informático fuera resguardado por considerarlo de interés para la causa.
La SCBA accedió al pedido indicando que, debido a la necesidad de utilizar la oficina asignada a la Dra. Makintach tras su suspensión, el CPU debía ser extraído. La resolución especificó el procedimiento: “personal técnico de informática de la SCBA, previo labrar el acta de estilo, extraería el disco rígido de dicho computador y lo reservaría debidamente”, ante la posibilidad de que el elemento resultara de interés en la investigación.
Una vez que la oficina de informática de la SCBA tuvo la computadora en su poder, los fiscales solicitaron formalmente al Juzgado de Garantías el secuestro de los discos rígidos y la posterior autorización para su análisis. A pesar de esto, la jueza Makintach tiene la potestad de apelar esta medida.
El secuestro de la computadora también fue por los abogados Rodolfo Baqué, querellante en la causa en representación de Martín de Vargas y Fernando Burlando y Fabián Améndola, letrados de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.
Las hijas del jugador habían iniciado una demanda civil y reclamaron "daños y perjuicios" contra Makintach y demás personas involucradas en la causa. Este jueves, se realizó una audiencia de mediación a la que la jueza no asistió. Debido a esto, fuentes al diario Clarín comentarion que las hijas del diez se fueron "dolidas, angustiadas y decepcionadas" de la audiencia.
Previamente, en un primer encuentro con Dalma y Gianinna, Julieta Miakintach les habia adelantado que “les iba a demostrar que fue engañada” con la realización del documental.
La ausencia de la magistrada no fue la única registrada en la audiencia. Si bien José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A., sí estuvo presente en la reunión, también faltaron el guionista Juan Manuel "Chavo" D'Emilio y María Lía Vidal Alemán, la "ideóloga" del documental y amiga personal de la jueza Makintach.
Segundo juicio en marcha
En el medio de la causa por el documental, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del TOC N° 7 de San Isidro, avanzan en el proceso para dar inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
En marzo de este año se realizó el juicio contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.
Los jueces del TOC N° 7 de San Isidro señalaron en el escrito: “Córrase vista al Ministerio Público Fiscal, a las querellas constituidas y a las defensas técnicas para que, dentro del plazo de 10 días, y en los términos del art. 338 del C.P.P. se expidan respecto de los planteos introducidos en relación con el principio non bis in ídem y a la opción de juicio por jurados, debiendo en dicho marco ratificar o rectificar el ofrecimiento de prueba oportunamente efectuado y para que manifiesten si consideran necesaria la realización de una audiencia preliminar”.
El termino non bis in ídem conocido en el derecho penal como "cosa juzgada", es un pedido introducido por los abogados Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán, defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las ocho personas imputadas en la causa.
A eso se le sumo el otro planteo al que hacen referencia los jueces, el pedido de juicio por jurados, presentado por la defensa de la mano de los letrados Julio Rivas y Francisco Oneto del neurocirujano Leopoldo Luque.