A 6 años de la matanza de 34 cóndores en Malargüe, estrenan una película sobre la tragedia

En poco más de un mes se cumplirán 6 años de aquel fatídico 22 de enero de 2018, momento en que una apocalíptica escena decoró -tristemente- el paraje cordillerano de Los Molles (Malargüe). Durante la mañana de aquel lunes, los cadáveres de 34 cóndores, 2 ovejas, un puma, una cabra y un cordero fueron hallados tendidos sobre la ladera de uno de los cerros del lugar. Luego de los análisis correspondientes y con la investigación posterior, se confirmó que los 39 animales habían fallecido tras ingerir los restos de un animal de ganado muerto y sobre el cual alguien había colocado intencionalmente carbofurán (un agrotóxico altamente venenoso y de venta prohibida en casi todo el mundo).

Crianceros envenenan animales muertos para combatir depredadores en Malargüe

Este trágico y conmovedor episodio sacó a la luz una práctica ilegal, clandestina y peligrosa y que, por desgracia, es muy común. Porque, a nivel nacional, muchas veces los puesteros y dueños de campos recurren a estos agroquímicos para intentar combatir a los predadores en las zonas rurales (pumas y zorros, principalmente). No obstante, y como ocurrió en Los Molles hace casi 6 años, caen en esta trampa especies carroñeras -como es el caso del cóndor-, quienes se acercan a alimentarse del animal ya muerto y que ha sido utilizado como cebo. A esta tragedia ambiental se suma, además, que el tipo de veneno utilizado es altamente tóxico, se impregna en el lugar y puede contaminar hasta el agua, por lo que cualquier persona queda expuesta al riesgo de muerte también.

A más de 1.800 días de aquella catástrofe ambiental, este viernes 15 de diciembre, en el canal Encuentro y a las 20, se estrenará el documental “34 Cóndores”, una realización audiovisual que repasa aquel fatídico hallazgo y que, además, amplía el debate sobre no sólo la alimentación de los cóndores y los riesgos a los que se expone, sino también de la alimentación de las personas en general.

“En Argentina sigue sin aprobarse una ley nacional que permita seguir y garantizar la trazabilidad de los agrotóxicos y que permita hacer un seguimiento de los movimientos de esta sustancia desde que salen de las manos del importador hasta su destino final. Mientras esto no ocurra, continuarán sucediéndose estas tragedias”, destacó el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA), Luis Jácome a Los Andes.

Por la matanza de los cóndores en Los Molles, la Fiscalía de Estado y el Gobierno de Mendoza presentaron una demanda conjunta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2019 y luego de que la investigación concluyera que los ejemplares habían muerto envenenados por el carbofurán colocado sobre un animal muerto.

La acción fue interpuesta contra 4 sociedades anónimas y 4 personas físicas -3 de ellas, puesteros de la zona y quienes estuvieron detenidos dentro de la causa penal-, y busca una “recomposición ambiental”. Esto quiere decir que, en caso de que la Corte haga lugar a la sanción solicitada, los demandados deberán aportar una suma de dinero que se destinará a la inserción de, por lo menos, la misma cantidad de ejemplares que fueron envenenados en la zona, lo que facilitaría la cría y socialización.

Primera demanda contra privados por la muerte de 34 cóndores

Según confirmaron a Los Andes desde Fiscalía de Estado, el proceso avanza en la Justicia y se encuentra en la etapa inicial, por lo que todavía no convocan a las partes demandadas para ofrecer sus pruebas. No obstante, esta semana se confirmó la convocatoria a una audiencia conciliatoria, ya para año que viene. En caso de que esta conciliación fracase, continuará avanzando la demanda

UN DOCUMENTAL SOBRE LA TRAGEDIA DE LOS CÓNDORES ENVENENADOS Y QUE INVITA A MIRAR MÁS ALLÁ

El cóndor andino es una especie en peligro de extinción y en 1998 fue declarado en Mendoza Monumento Natural Provincial por la Ley 6.599, estableciéndose la veda total y permanente de caza para esa especie. A nivel ecosistémico es lo que se considera un limpiador natural -su carácter de carroñero lo lleva a alimentarse de animales muertos y evitar la propagación de bacterias y enfermedades que genera el cuerpo en descomposición-. Y, además, tiene un valor simbólico y espiritual entre los pueblos originarios de la región andina de toda América.

Este viernes, 15 de diciembre y a las 20, en el Canal Encuentro (disponible en la TDA, señales de cable y televisión satelital), se estrenará para todo el país el documental “34 cóndores”. El nombre tiene que ver con la cantidad de aves que fueron encontradas muertas y envenenadas aquella mañana del 18 de enero de 2018 en la cordillera de Los Molles (Malargüe).

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Según destacó el guionista, productor y co director del documental, Gonzalo Iaconis, “34 cóndores” busca hacer una aproximación a un problema que no está resuelto: la trazabilidad de los agroquímicos (o agrotóxicos).

“Lo que nos preguntamos es cómo llegaron allá arriba, a 3.000 msnm, los venenos agrotóxicos que mataron a los cóndores. Más si se tiene en cuenta que en esa zona no se cultiva nada. Así encontramos, entonces, que el carbofurán -que es un insecticida y es el veneno que la Justicia determinó que había matado a cóndores, al puma y a las ovejas- llega a Mendoza para usarse en el cultivo de la papa y del ajo, y también en la vid, aunque en menor medida”, resume Iaconis sobre el documental.

“34 cóndores” ganó el concurso Renacer Audiovisual en la categoría documental unitario por la provincia de Mendoza y es la primera película de la productora Antártica Estudio. Iaconis es, además, parte de la CreAM (Creación Audiovisual Mendoza) y, junto a la presidenta de esta asociación civil -Anahí Barrera Angelelli- son parte de la Mendoza Film Comission.

“Lo que mostramos, de fondo y con ‘34 cóndores’, es el mensaje que nos da el cóndor con su propia muerte. Y, en realidad, la preocupación tiene que ver con qué es lo que estamos comiendo las personas y cómo nos estamos muriendo de a poco. Porque el cóndor consume el carbofurán y muere, y el ser humano -que consume alimentos sobre los cuales se utiliza carbofurán- también lo consume en dosis pequeñas y a través de la ingesta diaria de alimentos con estos agrotóxicos. Así bajan las defensas y hay poblaciones inmunodeprimidas, por lo que somos todos más vulnerables”, se explaya Iaconis.

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Desde que surgió el proyecto hasta el estreno del documental -previsto para este viernes- transcurrieron dos años. Una parta del rodaje se hizo en Mendoza y otra en Buenos Aires. Además, “34 cóndores” incluye entrevistas con productores agropecuarios, comunidades originarias y una visita al sitio exacto de Los Molles donde se encontraron las aves envenenadas.

En cuanto a la demanda presentada en la Corte nacional por Fiscalía de Estado y el Gobierno de Mendoza, se encuentran señaladas las sociedades Valle de Las Leñas SA, Valles Mendocinos SA, Altos Cerros SA y Nieves de Mendoza SA. También se incluye como responsables a Nibaldo Baigorria, Ramón Rojas Navarro, Víctor Armando Baigorria y Eduardo Daniel Valentini.

Este procedimiento se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente 5.961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.

“Se desprende que, a partir de la muerte de los 34 cóndores, existe claramente una alteración visible del ambiente y equilibrio de los ecosistemas de los cuales los cóndores forman parte y de los bienes o valores colectivos, siendo que: la reproducción de los cóndores es dificultosa y requiere períodos prolongados de tiempo para ocurrir; (además) cumplen funciones importantes”, señaló el texto de la demanda interpuesta en septiembre de 2019.

EL CÓNDOR, VÍCTIMA COLATERAL DE UNA PELIGROSA PRÁCTICA

A partir de un concepto erróneo y peligroso, durante los últimos años una gran cantidad de cóndores han sido víctimas de matanzas masivas (más allá de estar protegidos). Y es que muchos productores, creyendo que son aves de rapiña y cazan a sus animales para convertirlos en sus presas, arremeten contra el cóndor andino, disparándoles directamente con la intención de eliminarlos.

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Además, entran en escena también los cebos (animales muertos) que los propios productores envenenan y dejan tirados en el campo para eliminar a otros predadores mayores (como pumas y zorros, por ejemplo), y que se convierten en una amenaza colateral. Porque los cóndores, al ver a estos animales muertos convertidos en carroña, bajan a alimentarse de ellos y terminan envenenados con estas trampas.

El detalle es que estos químicos son nocivos y letales hasta para el propio ser humano y, muchas veces, los cadáveres envenenados de los animales pueden llegar a cauces de agua y de la que, justamente, se abastecen también las personas. En pocas palabras, este veneno puede llegar a las personas con mucha facilidad y rapidez.

“Antes del caso de Los Molles, en febrero de 2017 tuvimos una gran matanza de cóndores en La Rinconada (Jujuy). Fue similar a la de Mendoza y para nosotros significó un verdadero cachetazo. Cuando tomamos las muestras y las analizamos, encontramos que había carbofurán. Y menos de un año después, en enero de 2018, se repitió la situación en Los Molles”, destacó Jácome, del PCCA, sobre estos episodios de envenenamiento de cóndores y otras especies con carbofurán y otros agrotóxicos.

De hecho, situaciones similares se repitieron luego en la Patagonia. No obstante, el que permitió destapar toda la problemática y denunciar pública y legalmente el drama fue la matanza en la cordillera malargüina.

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“Lo que ocurrió en Los Molles y en enero de 2018 termina de dejar en evidencia que el hombre envenena el alimento, no sólo de los cóndores, sino de él mismo. Si analizamos 42 de los alimentos básicos, encontramos que tienen 82 agrotóxicos. Y es a raíz del envenenamiento de los cóndores que se se destapa”, resume Jácome.

“Los cóndores son la punta del iceberg de la problemática de fondo, que es la presencia de agrotóxicos en el agua y en la comida, las personas”, destaca a su turno la presidenta de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, quien enfatiza que estos productos “no son agroquímicos, son agrotóxicos”.

Tanto Jácome como Iaconis e Ibarra insistieron en que es fundamental que se apruebe una ley de trazabilidad que permita el seguimiento en todo momento de estos productos químicos. En el Congreso se presentó un proyecto referido a esta realidad, aunque nunca prosperó ni llegó a convertirse en ley.

LA ESTRATEGIA PARA EVITAR MUERTES POR ENVENENAMIENTO

El director del Plan de Conservación del Cóndor Andino Luis Jácome resaltó que, ante la falta de leyes que garanticen el seguimiento de estos químicos, a nivel nacional comenzaron a trabajar con una Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Tóxicos (ENCT), y que involucra a las 14 provincias andinas de Argentina, a las que se suman Córdoba y San Luis, todos territorios con presencia de cóndores.

“Parte de la estrategia consiste en distribuir kits de emergencia para que, en caso de envenenamiento de fauna silvestre, quienes tomen las muestras cuenten con los elementos de seguridad necesarios. El carbofurán y otros agrotóxicos se puede absorber por la piel y los ojos -por ejemplo- y son peligrosos”, detalló Jácome.

Además, el referente detalló que -por lo general- estos episodios tienen lugar en lugares muy remotos. Por ello mismo, dentro de la ENCT, se distribuyen mochilas con guantes, mamelucos, gafas y otros elementos de seguridad para la toma de muestras, así como también equipos que permitan georreferenciar cada punto.

“Ya tenemos más de 200 casos de envenenamiento registrados en 14 provincias y con más de 21.000 individuos afectados de 61 especies -entre ellas, seres humanos-. Por esto mismo fue que ahora preparamos los kits para todas las provincias y llegó, además, a 24 parques nacionales y refuerzos a 8 provincias. Ya hay casi 50 equipos en manos de técnicos y con capacitación también”, resumió.

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Además de insistir en la ley de trazabilidad y de prescripción -que identifique las dosis, como ocurre con cualquier medicamento-, el director del PCCA insistió en la importancia de reformar el Código Penal para sancionar a los responsables de los episodios de envenenamiento masivo de especies.

“Reparar el daño que se generó con el envenenamiento de los 34 cóndores, que fue realmente un ecocidio, tomará 200 años hasta lograr que se recupere”, sintetiza.