La denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación señala que resulta "preocupante" que un miembro del Congreso exponga públicamente "los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".
Tras los dichos de Rodolfo Tailhade sobre la esposa de Adorni, el Gobierno Nacional lo denunció por presunto espionaje.
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Finalmente, luego de los reiterados avisos del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno Nacional denunció al diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje a raíz de sus dichos durante el informe de gestión en el Congreso sobre Bettina Angeletti, esposa del funcionario.
Según detalló Clarín, la denuncia fue radicada por Diego Hernán Goldman, en carácter de Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad Nacional y Mariana Gabriela Malvina Venesio en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos, apoderada también del Ministerio de Seguridad Nacional.
Por sorteo, la causa cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5. "En los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación (en adelante "CPPN"), se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia, acción típica encuadrable en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 25.520, por parte del diputado nacional Luis Rodolfo Tailhade", indica el escrito.
Durante el informe de gestión que dio Adorni en Cámara baja, el diputado en el momento de su intervención acusó a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, de usar la custodia de la Policía Federal para llevar a sus hijos al colegio y para salidas nocturnas.
En ese momento, Adorni reaccionó diciendo: "No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa
La denuncia sostiene que "con independencia de las potestades constitucionales que amparan al diputado Thailade como legislador nacional, resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".
El Ministerio de Seguridad señaló: "Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Sr. Jefe de Gabinete y su familia, agentes policiales que actúan con el sigilo propio y debido al cometido funcional que les fuera eventualmente asignado".
"En efecto, de resultar ciertas las alusiones efectuadas en el recinto, el diputado Thailade se habría valido de medios ilegítimos para conocer en todo momento los movimientos de la familia del Sr. Jefe de Gabinete, la custodia policial asignada, y, con ello, habría franqueado su seguridad", sumó el misterio.
La denuncia plantea que la "obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520".
"Esto cobra aún más relevancia de tratarse de tareas de espionaje ilegal sobre la vida privada del Sr. Jefe de Gabinete. Ello no solo constituiría una intromisión ilegítima en la esfera de Intimidad de un funcionario público, sino que trascendería ese plano Individual y se proyectaría como una conducta que compromete directamente a la Seguridad Nacional. Esto así ya que el cargo referido integra el núcleo central del sistema de toma de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, de manera que el Sr. Jefe de Gabinete maneja información estratégica, sensible y, en muchos casos, Clasificada, de alta importancia para los intereses del Estado Nacional", dice el texto.
"La Seguridad Nacional no se limita a la defensa frente a amenazas externas, sino que abarca también la protección del funcionamiento regular, autónomo y libre de coacciones de los órganos de gobierno. De esta manera, cualquier práctica de inteligencia realizada al margen de la ley, sin control judicial y con fines ajenos a los previstos normativamente, distorsiona los mecanismos institucionales diseñados para resguardar dicha seguridad", sigue.
"Cuando esas prácticas se dirigen específicamente a quienes ocupan posiciones clave dentro de la estructura estatal, el riesgo se intensifica, ya que se abre la posibilidad de injerencias indebidas en el ejercicio del poder público", remarcaron.
Luego señalaron que le corresponde al Poder Judicial que "indague sobre la actividad del mencionado diputado nacional y la eventual participación de otros sujetos u organizaciones, así como la posible circulación o transferencia de la información obtenida, y el alcance de las diligencias o acciones que habrían sido desplegadas en dicho contexto".
Finalmente, cerraron su escrito: "La justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, y eventualmente, las personas responsables de su comisión, y cualquier otro delito de acción pública que podría haberse cometido".