La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora lo acusa de haber intentado influir sobre un testigo clave, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La diputada solicitó la detención del jefe de Gabinete por presunta interferencia en una causa. Lo acusa de haber contactado a un testigo clave antes de su declaración judicial.
Pagano solicitó la detención de Adorni por posible entorpecimiento de la causa.
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La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora lo acusa de haber intentado influir sobre un testigo clave, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo y se fundamenta en el posible entorpecimiento de la investigación, uno de los criterios que pueden justificar una medida de detención preventiva.
Según la denuncia, Adorni habría contactado al arquitecto Matías Tabar, considerado testigo clave, antes de que prestara declaración bajo juramento. Pagano sostiene que el funcionario le habría ofrecido “ayuda” y contactos de su equipo, en un contexto en el que también se mencionó la eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados al caso.
La diputada argumentó que esta situación podría constituir una maniobra concreta de interferencia, ya que el testigo es central para esclarecer posibles irregularidades económicas. El pedido de detención se apoya en la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio judicial que contempla la prisión preventiva de personas con poder que podrían influir en la causa a través de sus vínculos o posiciones.
Pagano remarcó que esta doctrina fue aplicada en casos anteriores de exfuncionarios y consideró que, en este caso, la situación se agrava porque Adorni se encuentra en ejercicio de funciones, lo que —según planteó— incrementa su capacidad de incidencia.
En su presentación, la legisladora advirtió que existen otros testigos pendientes de declarar, por lo que consideró insuficientes medidas menos restrictivas. No obstante, propuso como alternativas la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, la imposición de una caución económica y la preservación de las comunicaciones.
Además, solicitó la ampliación de la imputación y nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del teléfono del testigo para recuperar mensajes que habrían sido eliminados. El planteo deberá ahora ser evaluado por la Justicia, que definirá los próximos pasos en la causa.