Los excesos en el ejercicio del poder suelen generar lógica inquietud entre quienes observan con rigor el apego a los principios republicanos. Es un aspecto que desde estas columnas no dejaremos de advertir mientras continúen registrándose hechos que, claramente, sobrepasan límites que se deberían contemplar siempre en la función pública.
Marcamos en su momento la innecesaria confrontación del presidente de la Nación con opositores en sus bancas durante su último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Una postura de confrontación deliberada que terminó opacando, y colocando en un segundo plano, los anuncios, importantes por cierto, sobre su política de reformas para el corriente año.
Ahora corresponde referirse a la no menos tumultuosa presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados para brindar su informe de la gestión de gobierno por primera vez desde que asumió su cargo, pero en el marco de la investigación judicial en la que se encuentra inmerso por denuncias de enriquecimiento ilícito y malversación de recursos públicos.
En señal de respaldo al funcionario el presidente Milei y todos sus colaboradores y ministros se hicieron presentes en el Congreso para presenciar la sesión y, en el caso del titular del Poder Ejecutivo, confrontar a viva voz, desde su ubicación en un palco, con diputados de la oposición que interpelaban al jefe de ministros por su situación especial.
Una decisión totalmente desacomodada, porque comprometerá seriamente al Gobierno en su totalidad si la justicia fallase en contra del funcionario cuestionado. Además, porque el montaje político observado también podría ser considerado como de presión e intimidación en medio de la investigación judicial en trámite.
El presidente debería apelar de una buena vez a los correctos modales para tratar a quienes no piensan como él, además de corregir su trato con el periodismo, sobre el que acumula críticas constantemente.
Son actitudes absolutamente necesarias en el transcurrir democrático, que en nuestro país parecen encontrarse cada vez más lejanas. Pareciera que una política sin confrontación estéril no fuese viable.
La postura sistemática de que quienes que no piensan de la misma manera deben ser descalificados es totalmente reprochable y enmarca un peligroso camino en la vida institucional del país, porque en definitiva también constituye una forma de silenciar voces y posturas.
Y eleva la preocupación contemplar que estos excesos y atropellos parecen ser la única alternativa factible para confrontar políticamente con sectores que, como el kirchnerismo durante casi dos décadas, también a su manera hicieron abuso del ejercicio del poder y e incursionaron en tramas de corrupción que la justicia dejó en evidencia y se encuentra juzgando.
Sería triste que se interpretara el amplio respaldo ciudadano expresado en las urnas como libre señal para excesos y arbitrariedades.