No hay dudas que solucionar el problema de la inflación es un tema no solo económico. Es terminar con un largo ciclo de despojo a las personas, en particular a los que menos recursos tienen y que también carecen de posibilidades de acceder a instrumentos que le permitan evitar, aunque sea en parte, sus secuelas.
Pero los problemas del país no se limitan a ese flagelo que desde 1945 solo en pocos años se mitigó o pudo disminuirse a niveles mínimos. La Argentina tiene otro problema de corrupción o mejor dicho de impunidad.
La corrupción está vinculada a la naturaleza humana y la capacidad de resistir las tentaciones que el poder ofrece y que se acentúa en sociedades donde el dinero es más importante que el honor o la limpieza y el prestigio de un apellido. Por eso las reacciones son tan distintas comparadas con hechos y escándalos del pasado, en las que el corrupto sabía del castigo social
La impunidad está relacionada con la red de protección que, los que cometen ilícitos arman para evitar ser castigados por sus desfalcos. Desde los noventa se buscó conformar un poder judicial que evite la condena de los que cometen ilícitos como funcionarios. La ampliación de la Corte Suprema y la ampliación de los juzgados federales en la capital de la república, con la denunciada “servilleta del ministro Corach” fue el paso para formar esa red de impunidad que se extendió a todo el país para protección de los gobernadores desvirtuando el sentido de la justicia federal que tiene que proteger a los ciudadanos de las tropelías de sus gobernantes como abundan en esos regímenes patrimonialistas que imperan en la mayor parte de las provincias fortalecidos por las reformas constitucionales que promovieron reelecciones y gobiernos matrimoniales para eludir cláusulas restrictivas de la prolongación de los mandatos, todo subsidiado por un sistema de coparticipación federal que castiga a las provincias productivas en beneficio de estos regímenes oligárquicos.
Jueces que no absuelven ni condenan, fiscales que no investigan. Causas que se derivan a las provincias donde los jueces federales olvidan su carácter de integrantes de un poder judicial nacional e independiente y son meros empleados de sus gobernadores porque fueron elegidos merced a sus negociaciones a pesar de que en los concursos mostraron escasas aptitudes para esos cargos.
Ante el intento de reformar el sistema de selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, con desfachatez uno de sus integrantes, el presidente de la Comisión de Reglamentación, Alberto Lugones hizo declaraciones escandalosas: “Tampoco es lógico que como ocurre cuando veo que un diario dice; “no porque estaba noveno lo pusieron primero” bueno por favor no me vengan con cosa como si no supieran como es el juego en todas las instituciones del país”. Para el consejero Lugones es aceptable que quien obtenga en los exámenes un puesto lejano como noveno (hubo casos que salieron catorce y quince) pueda encabezar una terna como parte de una dinámica aceptada y conocida por todos. Agregó que no cree en la “meritocracia”, rescatando la entrevista personal de un consejero con el postulante como el mejor sistema. Ese es el que permite nombrar a los que, sin antecedentes académicos, reprobados en los exámenes, con conductas poco transparentes, pero vocación de empleados del poder.
La idea de “como si no supieran como es el juego en todas las instituciones del país”, es la negación de toda idea de reforma, de cambio, de mejoramiento institucional. Eso es CASTA. Un gobierno fue elegido en 2023 con la idea de derrotar la inflación y terminar con los privilegios de la CASTA.
Derrotar a la inflación le cuesta al presidente más, que cuando sostenía (como panelista de televisión o recitando parrafadas de teoría económica de autores que nunca afrontaron la responsabilidad de ejercer cargos públicos) que en poco tiempo la reducía a cero.
En cuanto a la Casta la actitud del gobierno con el escándalo de la AFA, una muestra de la podredumbre del poder como pocas veces se ha visto con la red de complicidades políticas, sindicales, empresarias y lo más grave judiciales. deja en claro que la pelea contra dicha Casta fue solo un latiguillo de campaña.
El gobierno está buscando impunidad para sus corrupciones y por eso habiendo iniciado investigaciones en la AFA con la designación de Veedores en la gestión de Daniel Vítolo como Inspector General de Justicia, lo primero que hizo con el nuevo ministro de justicia es paralizar las mismas. Es que el nombramiento del ministro de justicia y su segundo hablan por si solo. Son parte de la Casta Judicial al servicio de la impunidad de la corrupción.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.