Tal como había anticipado Los Andes, el Gobierno nacional finalmente autorizó, mediante un decreto, a Mendoza y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos.
Sin perder la jurisdicción y supervisión nacional, la medida apunta a descentralizar la gestión, acelerar obras y recuperar el dinero.
Peaje
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Imagen ilustrativa / Web Tal como había anticipado Los Andes, el Gobierno nacional finalmente autorizó, mediante un decreto, a Mendoza y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos.
"Delégase en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias", indica el decreto N° 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados.
En ese sentido, las provincias quedarán facultadas para "aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente".
Vialidad Nacional le pedirá a las provincias la presentación de, por lo menos, el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.
Respecto al tramo intervenido, la recuperación de los fondos por el peaje no podrán ser afectados a la construcción o conservación de "otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza", aun cuando tengan vinculación.
El gobierno de Mendoza había expresado varias veces su intención de gestionar activamente sus corredores viales, en el marco de un esquema de financiamiento directo donde el usuario costea las mejoras de las rutas que transita. "A la chilena", como alguna vez planteó Milei en la campaña.
Bajo este nuevo paradigma, se redistribuyen las competencias: la provincia asumirá la confección de pliegos, la ejecución de obras y la fijación de tarifas de peaje, mientras que los organismos nacionales (Vialidad) conservarán exclusivamente la supervisión técnica del servicio.
Según explicó el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, en el caso de Mendoza son las rutas nacionales 40 y 143 aquellas intervenidas.
En la RN40, el Gobierno encaró un "plan de transformación integral" en un tramo de 16 kilómetros que va desde calle Paso hasta la Variante Palmira, en el Acceso Sur. Planea gastar allí casi 89.000 millones de pesos. El proceso licitatorio arrancó a comienzos de febrero.
Respecto de la ruta 143, en el sur, el Gobierno provincial ya adjudicó la obra. En total se van a intervenir 107 kilómetros de esa vía, que sirve de conexión entre los departamentos de San Rafael y San Carlos. La inversión será de 62.868 millones de pesos.
Ambas obras se financiarán con el Fondo de Resarcimiento.
Sin embargo, será la ruta provincial 153, en el Este y que podría terminarse en el segundo semestre de 2026, la que primero incorpore un sistema de peaje administrado por la Provincia, una decisión que responde a una de las condiciones establecidas para el uso de los fondos provenientes de Portezuelo del Viento: el repago de las obras. El sistema será físico, con barreras, y estará ubicado en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen.