La ley permite que sociedades entren al negocio del transporte con más de un vehículo si es eléctrico. El PJ pidió "auditorías en línea" para las plataformas.
Las protestas recientes de los taxis contra las plataformas de transporte llegaron hasta la Legislatura.
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Ramiro Gómez / Los Andes El Senado provincial le dio este martes sanción definitiva a una ley que promueve la incorporación de autos eléctricos a la flota que presta servicios a través de las plataformas digitales, como Uber y Cabify. La norma concede para ello la ventaja de que las "personas jurídicas" que quieran explotar el servicio puedan tener más de un permiso, lo que hasta ahora estaba prohibido.
La propuesta del Gobierno, que además suma nuevas medidas de control para las apps del transporte privado, fue aprobada por 19 votos positivos contra 17 negativos. Buena parte de la oposición rechazó la norma, en particular el PJ, porque a su criterio las ventajas para incorporar vehículos eléctricos "abren una puerta a las sociedades anónimas, que no se sabe dónde lleva", según expresó el senador justicialista Félix González.
El debate en el Senado tuvo como telón de fondo las recientes manifestaciones de los dueños de taxis y remises, así como de los choferes de estos vehículos, quienes se quejan de la "competencia desleal" de las plataformas. González advirtió que la posibilidad de que se amplíe el negocio del transporte privado a través de las apps puede "sacarle trabajo" al golpeado sector de los taxis.
En contraste, el argumento oficial para darles una ventaja a inversores que quieran poner en circulación vehículos eléctricos es el "enfoque ambiental". Pero además, a contramano del PJ, en el oficialismo creen que se puede "generar oportunidades de trabajo en el sector" por medio de esta medida.
Para avanzar en este sentido, se modifican las disposiciones del artículo 53 de la ley 9086 para eximir a los permisionarios que utilicen vehículos eléctricos de ciertas limitaciones, como la cantidad de permisos o los requisitos de titularidad, para "incentivar la movilidad sustentable en línea con los objetivos del Plan Integral de Movilidad 2030".
Además de abrir el juego a los vehículos eléctricos, esta ley modifica las normas provinciales 9086 y 7412 con el propósito de "adaptar la regulación del transporte de pasajeros a las nuevas modalidades surgidas con el uso de plataformas electrónicas", se informó desde el Senado.
Los cambios abarcan los artículos 53, 64 y 85 de la ley 9086. Asimismo, incorpora nuevos incisos y reformas en la ley 7412 con el objetivo de "fortalecer las facultades de control y fiscalización sobre las empresas de redes de transporte (ERT)".
Entre las principales disposiciones se establece que los permisionarios deberán ser personas humanas titulares del vehículo, con un permiso precario y revocable otorgado por la autoridad de aplicación, y que no podrán poseer más de un permiso, salvo en el caso de los vehículos eléctricos.
También se fijan sanciones para las plataformas que incumplan la normativa, que podrán incluir multas, suspensión temporal por hasta dos años o inhabilitación definitiva. Las empresas estarán obligadas a abstenerse de asignar viajes a conductores sin permiso de explotación y de realizar cualquier tipo de publicidad que promueva el incumplimiento de la ley.
El texto aprobado también amplía las competencias del Ente de la Movilidad Provincial (Emop), al que se autoriza a controlar la facturación, ingresos y documentación de las empresas, aplicar sanciones y ejecutar el cobro de multas a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, el senador radical Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó que la reforma busca adaptar la normativa a los cambios tecnológicos y garantizar un mayor control sobre las plataformas electrónicas.
Agregó que se reformula el régimen sancionatorio, diferenciando entre las competencias del Ente de Movilidad Provincial y la autoridad de aplicación (la Subsecretaría de Transporte) que será responsable de aplicar las inhabilitaciones definitivas cuando los incumplimientos sean graves o reiterados.
También defendió la incorporación de vehículos eléctricos al sistema, lo que “permite incentivar la movilidad sustentable, disminuir la contaminación y generar un esquema de transporte más moderno y eficiente”.
Por su lado, rechazaron la iniciativa tanto el Partido Verde como el PJ. Desde el bloque peronista, González hizo más de una crítica a la iniciativa.
El PJ había pedido que se exigiera a las plataformas la apertura de una "unidad de auditoría" para que el Gobierno pudiera detectar online y en tiempo real las irregularidades. Además, advirtió que el Poder Ejecutivo nunca cumplió con el requisito de establecer un fondo especial para mejorar el parque automotor de taxis y remises con el 1% de alícuota adicional en Ingresos Brutos que pagan las plataformas.
En contraste, la senadora radical Natacha Eisenchlas defendió la regulación y destacó que Mendoza fue “la primera, y creo que la única provincia de Argentina, que tuvo la valentía y la decisión política de regularizar este fenómeno que ya se venía dando en todo el mundo”.
La senadora aseguró que las críticas sobre los mecanismos de control, particularmente la auditoría de Ingresos Brutos, “son legítimas, pero los sistemas tecnológicos actuales de las empresas permiten un control fiable de la facturación, lo que hace muy difícil cualquier evasión”.
También explicó que se analizó la propuesta del bloque peronista de establecer controles en tiempo real, pero sostuvo que por la complejidad del sistema no era viable implementarla sin afectar el funcionamiento de las plataformas.
Si bien a fines de setiembre hubo quejas callejeras de taxistas y remiseros por "la competencia desleal de las plataformas", las cuales llegaron incluso a la Legislatura, este sector no tuvo ninguna injerencia en el diseño de la ley que aprobó este martes el Senado.
Las diferencias entre los dos negocios son muy marcadas. Se calcula que hay más de 4.000 vehículos de plataforma en Mendoza contra apenas 1.380 taxis y remises autorizados, cuyos conductores tienen ganancias mucho más bajas que los primeros.
En el PJ se paran del lado de los taxistas y dicen que las plataformas están "absorbiendo a los remises barriales". Algunas de ellas son consideradas "ilegales", hasta por el propio oficialismo, y les sacan hasta el 40% de comisión a los dueños de los vehículos. "La Provincia tiene facultades para regular la cantidad de autos, pero no la está usando y habilita a los que quieran entrar", criticó González.