Mendoza demandó a Nación porque perderá más de $170.000 millones por la suba del mínimo de ganancias

El Gobierno provincial llevó a la Corte Suprema de Justicia su reclamo por la pérdida de $7 mil millones de coparticipación sólo para lo que queda de este año por la modificación del Impuesto a las Ganancias, primero por decreto y luego por una ley, ambas normas motorizadas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en acuerdo con la CGT. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, la medida implicará un hachazo que en todo 2024 llegaría a 170.000 millones de pesos.

El gobernador Rodolfo Suárez anunció la acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar ante el Máximo tribunal; es decir, por un lado se cuestiona la suba del mínimo de ganancias por considerarlo contrario a los postulados de la Constitución nacional y por el otro, que la Nación cubra el recorte de recursos hasta que la Corte de la Nación resuelva la si efectivamente la medida de Massa es constitucional o no.

La presentación fue elaborada por el Ministerio de Gobierno, la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado.

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El 11 de septiembre, Massa se subió a un escenario montado frente al Ministerio de Economía. Allí lo esperaba la cúpula de la CGT. En ese acto, el ministro-candidato anunciaba que el impuesto a las ganancias dejarían de pagarlo los trabajadores que cobraban más de 770 mil pesos y que el nuevo piso era de 1.770.000 pesos.

Allí se conoció que entre octubre y diciembre de este año el nuevo piso se fijaría por decreto y que mandaría una ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto que tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2024. El problema es que ese impuesto se coparticipa a las provincias, por lo que, al disminuir la cantidad de personas que lo pagan, cae la recaudación y en consecuencia, los recursos que perciben las provincias.

“Presentamos una acción de inconstitucionalidad junto con una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta al decreto y a la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, medidas que impactan negativamente en las finanzas de Mendoza”, publicó el mandatario provincial en redes sociales.

Luego, afirmó que “el Decreto Nº 473/2023 del Gobierno Nacional, emitido el 12 de septiembre, supuso una pérdida de aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación para Mendoza entre octubre y noviembre”.

“Además, ante la modificación de la Ley 27.725 que estará vigente desde 2024, la provincia deberá enfrentar una pérdida de ingresos por 170.000 millones de pesos aproximadamente”, añadió. Según fuentes del Gobierno provincial, el monto es por todo el año próximo y es una estimación que podría variar, dependiendo de la marcha de la inflación.

Volviendo a la publicación de Suárez, aseveró que “tanto el decreto como la ley son inconstitucionales, ya que disminuyen unilateralmente la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable, afectando el federalismo fiscal y perjudicando a Mendoza”.

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“Mendoza se convierte en la primera jurisdicción en oponerse legalmente a la Reforma Tributaria Nacional impulsada por el Gobierno Nacional. Esta decisión es respaldada por otros gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes planean hacer lo mismo en sus respectivas provincias”, aseguró alentando a que más provincias se sumen.

Y dijo que además de la acción de inconstitucionalidad, le solicitaron a la Corte que exija al Estado Nacional que “compense las pérdidas causadas por esta reforma tributaria con sus propios fondos”.

“El objetivo es que la Nación asuma la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones tributarias sin aumentar la carga fiscal de los ciudadanos”, completó el gobernador en su extenso hilo de X.

Para entender el planteo, se entiende que los recursos que son distribuidos a las provincias (masa coparticipable) cumplen tres principios básicos que han sido sostenidos por la Corte Suprema: la masa tiene que mantener su “integridad” es decir, no puede disminuirse y si se hacen modificaciones deben hacerse por “ley convenio”, no en forma unilateral; y que lo que reciben las provincias no puede disminuirse en esas modificaciones.

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El ministro de Gobierno Víctor Ibáñez explica que hay dos partes en la demanda de inconstitucionalidad. Por un lado está la cuestión del decreto que tiene vigencia desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de este año: “se alteran los tres principios (de la masa coparticipable), por decreto y la Constitución dice que no se puede regular materia tributaria de esa manera. Y respecto de la ley hay que recordar que es una cuestión convencional, hay que tener acuerdo de las provincias, por eso es que la Constitución manda dictado una ley convenio, que no se ha dictado aún y que hasta el momento se fue reemplazando a través de los llamados ‘pactos fiscales’, que se llaman normas intrafederales y la característica de estas normas es que deben firmar los gobernadores y además la legislaturas de las provincias deben aprobar por ley” el convenio.

El principio de la ley convenio nace del artículo 75 inciso 2 de la Constitución y de cláusula sexta de las disposiciones transitorias, en la que se ordena la sanción de una norma de estas características antes del final de 1996 y que aún no ha sido sancionada.

Por otro lado, está la cautelar, que busca suspender la pérdida de recursos hasta tanto la Corte resuelva. El pedido es que Nación cubra el recorte hasta el fallo definitivo, “tomando recursos que sean del Estado nacional sin tocar la parte de las provincias”, explicó Ibáñez.

“Esto es un eslabón más de todos y cada uno de los temas donde la Nación por diversas razones ha perjudicado a la provincia de Mendoza. El gobierno Rodolfo Suárez ha planteado ante quien corresponde los reclamos que corresponden: lo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por la cesión de tierras a comunidades supuestamente mapuches) lo hizo primero por recurso administrativo y después lo llevó a la Corte, las regalías hidroeléctricas de Nihuiles (que son compartidas con La Pampa y Mendoza pretende para sí) está en la Corte; el recurso administrativo por discriminación (en el reparto de recursos discrecionales) al Ministerio del Interior y el planteo contra el Banco Central (porque no vendía doláres a la provincia para pagar vencimientos de deuda). Cada uno de los aspectos en los que la Nación, por diversas normas o acciones ha perjudicado a la provincia, Mendoza ha planteado el tema ante los ámbitos naturales”.