Los funcionarios judiciales que investigaron el caso Paula Toledo deberán pagar la indemnización a la familia

El 1 de marzo pasado, Los Andes informaba que el Estado debía pagar cerca de 40 millones de pesos a la familia de Paula Toledo, por la pésima investigación de la muerte de la chica de 19 años, ocurrida en octubre de 2003, en San Rafael. Debido a esa pesquisa deficiente los culpables de violar, torturar y matar a Toledo, nunca pagaron por el crimen.

Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno están analizando la chance de apelar el fallo de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Segunda circunscripción Judicial (corresponde a los departamentos del sur provincial), con la idea de discutir el monto de la indemnización a la familia; pero no sería una apelación total al fallo, ya que hay una cláusula incluida, que ambos organismos avalan.

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Los jueces ordenan a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno que reclamen a todos los funcionarios que llevaron adelante la instrucción del caso y cobrarles el monto de la indemnización: “resulta importante destacar que, sin perjuicio de que la condena corresponde que sea asumida el Estado Provincial (no hay punto de discusión en esto), como lo he resaltado a lo largo de esta sentencia, han sido funcionarios del Poder Judicial, en definitiva, los responsables directos de la falta de servicio por la toma de decisiones erróneas y deficientes. Por tal motivo, encuentro pertinente que se ponga en conocimiento de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado, de todo lo actuado en este proceso y en la causa penal a fin de que, de corresponder, oportunamente se inicie acción de repetición en contra de los funcionarios responsables”, indica el juez Darío Bermejo en su fallo, al que adhirieron los otros dos camaristas, Sebastián Marín y Darío Bonino.

El fallo ordena el pago de $18.000.000 para la madre de la víctima, Antonia Nuri Ribota, y $7.500.600 para Diego Dante Toledo, Julián Darío Toledo y William Roque Toledo, hermanos de la víctima. Además, hay que considerar los intereses que también deberá enfrentar la Provincia. La tasa que se aplica es la UVA, que se contabiliza desde agosto de 2021, fecha en la que se produjo el fallo de primera instancia.

El monto, en caso de que el fallo no sea apelado, será cubierto por el Estado; mientras Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno inician un expediente en la Justicia para que se determinen los funcionarios judiciales intervinientes en la investigación del caso Toledo. Con esa determinación, se iniciará el reclamo para que devuelvan el dinero al Estado.

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De acuerdo a fuentes judiciales, el crimen fue investigado de forma abiertamente negligente: no se recogieron pruebas fundamentales de la escena de crimen –la chica fue torturada con cigarrillos y no se resguardaron las colillas-, se desecharon muestras de semen y sangre y hasta se llegó a lavar el cuerpo de la joven antes de que se terminara la necropsia. Luego, la ropa que tenía Paula cuando fue asesinada fue “donada” a una institución de beneficencia.

“Resulta necesario aclararlo pues, sin dudas lo atormentador del caso puede llevar inconscientemente a confundir dicho norte. En otras palabras, esta causa no tiene por objeto el resarcimiento por el daño ocasionado a la familia de Paula Toledo por la tortura, abuso sexual y femicidio de Paula; sino por las deficientes medidas tomadas por funcionarios del Poder Judicial a lo largo de la investigación penal”, sostienen los magistrados.

Además, afirman que la madre “sufrió amenazas escritas, y daño a sus mascotas como forma de coerción cuando vivía en el barrio donde sucedieron los hechos y posteriormente también, burlas, y daños que continúan actualmente, muchas veces haciendo alusión a la impunidad de los victimarios”.

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La deficiente investigación judicial hizo que se realizaran tres procesos. En mayo de 2006 se llevó adelante el primer juicio por “abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte”.

Los jueces se basaron en la pésima instrucción para absolver por el beneficio de la duda a todos los sospechosos. El abogado de familia apeló la sentencia y la Suprema Corte de Mendoza anuló el juicio y ordenó hacer uno nuevo.

En agosto de 2011 -ocho años después del hecho- Marcos Graín (un joven que había empezado a salir con Paula un mes y medio antes del crimen) fue juzgado. Dijo que en la noche del crimen él llegó con “Poli” pero después se fue y la dejó “con los chicos”. El 1 de septiembre fue absuelto por falta de pruebas.

En febrero de 2021 Marcos Graín fue condenado a 11 años de prisión como partícipe necesario de un abuso sexual con acceso carnal, agravado por la comisión de dos o más personas. Para los jueces, el acusado facilitó y permitió que otros sujetos violaran a la chica. El resto de quienes cometieron el crimen, está libre.