La Justicia se basó en la millonaria multa por contaminación que había aplicado Irrigación a Aysam.
Humberto Mingorance, presidente de Aysam, fue imputado por contaminación de canales.
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La Justicia de Mendoza imputó al presidente de la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Humberto Mingorance, por la contaminación que generó el vuelco de desechos cloacales crudos sobre un canal de riego de Los Corralitos, en Guaymallén.
La medida que dispuso el fiscal de instrucción Gabriel Blanco alcanza también a otros dos directivos de la empresa de aguas: el gerente general Darío Hernández y el gerente de operaciones, Carlos Sifuente. Los tres funcionarios ya se presentaron ante la Justicia y fueron notificados de las imputaciones.
Los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son "daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud", en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.
Para emitir las imputaciones, el fiscal Blanco se basó en la resolución 481 del Departamento General de Irrigación. Por medio de esta resolución, Aysam había recibido una multa récord, equivalente a 120 millones de pesos, por la contaminación del canal de Los Corralitos.
A partir de la multa de Irrigación, los fiscales penales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga también recomendaron en sus dictámenes que los directivos de Aysam fueran imputados por la Justicia.
Blanco es el fiscal de la causa, pero por estar involucrados funcionarios públicos, debía realizar consultas "hacia arriba" en el Ministerio Público Fiscal antes de la definición. En este sentido, además de los fiscales adjuntos Pirrello y Quiroga, también había opinado a favor de la imputación Sebastián Capizzi, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos No especializados.
La millonaria multa que precipitó las imputaciones de Mingorance y los dos gerentes de Aysam fue aplicada por Irrigación el 11 de mayo pasado.
La sanción fue de 100 mil Unidades de Agua, cifra que equivale a $120 millones, por contaminar un canal de riego con líquidos cloacales crudos en Los Corralitos.
Se trató de la sanción más grave prevista por la legislación hídrica provincial. Esto ocurrió luego de que Irrigación detectara que la empresa volcó efluentes sin autorización y dañó infraestructura pública para derivar las cloacas.
La resolución sostenía que operarios de la empresa habían roto la pared del Rama 12, perteneciente al Canal Vertientes Corralitos, provocando que líquidos cloacales sin tratamientos fueran derivados a un cauce de riego ubicado en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, uno de los puntos más críticos del sistema cloacal metropolitano.
Según el documento oficial, durante inspecciones realizadas entre marzo y mayo se verificó “la presencia de efluente cloacal crudo, con impacto directo sobre el cauce”, además de la continuidad del desborde y la falta de medidas eficaces de mitigación.
Irrigación calificó la conducta de Aysam como de “gravedad excepcional”. Entre los agravantes enumerados aparecían: el vuelco sin autorización oficial, la rotura deliberada de un canal impermeabilizado, la ausencia de un plan de contingencia adecuado y la imposibilidad de gestión preventiva.
Además, los análisis realizados por el organismo detectaron ausencia de cloro residual en el agua, lo que, según el expediente, evidenciaba “ineficacia total” de las acciones de mitigación.
Esta multa récord se sumó a un historial de sanciones contra Aysam por incidentes en la misma zona de Los Corralitos. Durante 2025, Irrigación ya había penalizado a la empresa en al menos dos ocasiones por el desmanejo de efluentes y desbordes cloacales en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.
En agosto del año pasado, mediante la Resolución N° 0868, Irrigación impuso a la operadora una multa de $9.275.000,00 por descargas regulares no autorizadas al Canal Pescara y por un derrame de líquidos cloacales ocurrido el 25 de julio de ese mismo año.
En su descargo de esa oportunidad, la empresa justificó el desborde en la vía pública alegando el desacople de unas mangas de impulsión en el sistema de bombeo. Sin embargo, Irrigación determinó que Aysam actuó de manera "desaprensiva" y que realizaba avisos genéricos semanales en lugar de solicitar las autorizaciones previas con 24 horas de antelación, impidiendo el adecuado control de la autoridad.
Poco después, en octubre de 2025, el mismo incidente de julio derivó en una nueva sanción económica. A través de la Resolución N° 1139, Irrigación aplicó otra multa, esta vez por $10.211.250,00. El dictamen legal de esta resolución concluyó que el vuelco de líquidos cloacales en la vía pública, específicamente en la red de Severo del Castillo y 2 de Mayo, era de exclusiva responsabilidad de Aysam, dado que se produjo en instalaciones bajo su estricto cuidado.
A pesar de las sanciones que viene recibiendo desde el año pasado, Aysam adujo que no se había producido contaminación en el agua potable y precisó obras de mitigación para el corto y mediano plazo. Mingorance sostuvo que en la primera quincena de junio estaría terminado un bypass con bombeo y un colector aliviador.
El presidente de Aysam señaló también a Los Andes que estaba evaluando dos proyectos de mediano plazo: un nuevo colector por gravedad de más de 3.200 metros o un sistema de impulsión con estación de bombeo y cañerías soterradas.
Pero dijo a la vez que la solución definitiva sólo estaría ligada al sistema El Paramillo, un megaproyecto de infraestructura valuado en más de 60 millones de dólares. Una de sus etapas ya presenta un avance cercano al 72%, mientras que otras aún esperan financiamiento internacional.
“Con todas esas obras hechas, en los próximos dos o tres años estaría resuelto definitivamente”, prometió Mingorance, antes que recayera sobre él la imputación judicial.