La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que propone que la Justicia penal realice más audiencias en horarios de tarde.
El Gobierno busca que se realicen más audiencias en la Justicia Penal durante la tarde.
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Archivo Los Andes La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Procesal Penal, con el fin de que se realicen más audiencias en la Justicia penal en horario vespertino. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
La propuesta que enviaron el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue aprobada por 28 votos a favor y 13 negativos.
Cambia Mendoza contó con el respaldo de sus aliados, Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), pero también con el sorpresivo apoyo de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), quién es un ferviente opositor del oficialismo.
En tanto, el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde rechazaron el proyecto.
El jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Tomás (PRO Libertad), destacó que este proyecto aporta elementos para mejorar el servicio y darle agilidad a los procesos judiciales. “Se trata de eficientizar el funcionamiento de la justicia penal, no genera un gasto extra de los que la justicia dispone, sino que busca que sea más eficiente el servicio, logrando equilibrar los horarios de audiencias”.
Explicó que se establecía en la Ley N° 9040 el horario de audiencia penales de las 8 a las 19 horas, pero en la realidad, hoy la mayoría se producen de 8 a 13, siendo casi nulas las audiencias en los horarios vespertinos. “Esto demuestra una infraestructura ociosa”, indicó.
Asimismo afirmó que “por ello el proyecto propone equilibrar la cantidad de audiencias que se producen en la mañana y en la tarde, a través de darle mayor funcionalidad a los tribunales penales colegiados”, haciendo más equitativo “el trabajo entre los diferentes ámbitos de la justicia penal”.
Por su lado, Franco Ambrosini (UCR) indicó que la ley “da mayores atribuciones a los ayudantes fiscales" y ponderó que “se da prioridad a la oralidad”.
Jorge Difonso (LUM), por su parte, adelantó el voto negativo de su bloque, ya que consideró que el proyecto presenta “una óptica de servicios de justicia con mejoras para una región, en desmedro de otras”. El legislador apuntó a que resultaría en “un retroceso en el servicio de justicia”.
Al respecto, hizo mención a expresiones de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción objetando ciertos puntos del proyecto, como por ejemplo, que las personas de Valle de Uco deberán trasladarse al Gran Mendoza, para darle tratamiento a debates correccionales.
Emanuel Fugazzotto (PV), en el mismo sentido afirmó que “el problema no está en cuántas audiencias fijarán los jueces, a la cantidad, sino cómo vamos a hacer para que los Jueces, que ganan más que el gobernador, trabajen y le dediquen el tiempo que tienen que dedicarle a la tarea que tienen por delante”.
Por otro lado, señaló que “en este proyecto hay cuestiones en el que el sistema acusatorio adversarial quedará en jaque” y que “hay zonas en las que los ciudadanos no cuentan con una fiscalía donde puedan denunciar sus causas”.
Germán Gómez (PJ), también adelantó el voto negativo de su bloque expresando que en el marco de la Comisión Bicameral de Seguridad, se presentó un informe de lo que estaba sucediendo en la órbita del Ministerio Público Fiscal, donde consta la cantidad de audiencias realizadas por cada Fiscal.
Según el legislador, “hay un promedio de una audiencia por día, por cada Fiscal”, y hay “un porcentaje de audiencias que fracasan porque no se hacen, en un 50 por ciento”.
Igualmente remarcó que “debemos darle más celeridad a la justicia”, “no podemos tener a las personas que están privadas de la libertad sin que esos procesos avancen para saber si tienen o no responsabilidad”.
José Luis Ramón (CxC), apoyó el proyecto, afirmando que “hay personas privadas de la libertad que no pueden tener sus audiencias, lo que retrasa sus procesos judiciales”, y agregó que con este proyecto “los jueces del tribunal penal colegiado se van a tener que poner a laburar”.
Hay “un aumento de la población carcelaria, personas que por no acceder a su audiencia siguen en la cárcel esperando sin sentencia”, acotó, por lo que adelantó su sorpresivo voto positivo.