El juez penal Sebastián Sarmiento sorprendió con la solicitud de un abogado del Estado, en vez de pagar uno particular.
Se activará un proceso de Jury de Enjuiciamiento para el juez Sebastián Sarmiento.
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Mientras el Jury de Enjuiciamiento aguarda por su descargo formal por la denuncia que pesa sobre él por mal desempeño, el juez penal Sebastián Sarmiento tomó una decisión llamativa para el cargo que ocupa: en vez de contratar un abogado particular con su abultado sueldo de magistrado, solicitó un defensor público como representante legal para este proceso.
Según consta en la Resolución Nº 141/2025 que el Ministerio Público de la Defensa publicó este martes y a la que tuvo acceso Los Andes, Sarmiento solicitó un defensor oficial “en los términos de lo dispuesto en el artículo 20, inciso B de la Ley 4970” de Jury de Enjuiciamiento.
Sin embargo, el MPD no le pudo otorgar un defensor público de la Primera Circunscripción, dado que han participado en diferentes procesos que ha intervenido Sarmiento, “circunstancias estas, que pueden llevar a subjetivar la estrategia defensiva del Defensor Oficial en el procedimiento de Jury”, indicaron.
Por lo tanto, la Defensora General Cecilia Saint-André resolvió designar como defensor técnico al Dr. Jorge Martín Luque, Defensor Oficial Penal de la Defensoría Penal de Pobres y Ausentes del departamento de General Alvear (Segunda Circunscripción Judicial), “teniendo en cuenta su extensa trayectoria como defensor penal en este Ministerio”.
El pasado lunes 11 de agosto, el juez Sarmiento fue notificado formalmente de la denuncia que presentó el diputado provincial Franco Ambrosini (UCR) como representante de Melisa Pelayes (hija del policía Pelayes), luego de que el Jury aprobara por amplia mayoría darle traslado.
El magistrado tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar su descargo y luego de realizarlo (o vencido el plazo), el Jury de Enjuiciamiento deberá reunirse en un plazo no superior a los 15 días para votar nuevamente sí procede a la continuación del juicio o desestima la acusación.
El Jury de Enjuciamiento está compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales. Para aprobar cualquiera de ambas decisiones se requiere una mayoría simple, es decir 11 votos de 21.
En el caso de que el Jury decida avanzar, Sarmiento quedará suspendido de sus funciones y cobrará la mitad de su sueldo, hasta que culmine el juicio político. El Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, llevará adelante la parte acusatoria.
Los denunciantes solicitan la destitución de Sarmiento por “mal desempeño” en cinco hechos. El caso Pelayes, policía retirado que fue asesinado en 2024 por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado, es el más resonante pero más fallos polémicos en su trayectoria lo llevaron a ser cuestionado por “garantismo”.
En la denuncia se incorporó el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, por ejemplo. Esta fue la gota que rebalsó el vaso para el gobierno de Alfredo Cornejo y cuando creció el rumor de un posible Jury.
En el expediente se suman otros casos judiciales como el de Héctor Quiroga, también asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.
También se planteó la liberación anticipada otorgada para Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y terminó abusando reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael en el año 2020.
En último orden se agregó un traslado especial que dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de aquel departamento.