La jueza María Laura Marisi imputó a las autoridades del PAMI por desobedecer a la Justicia. Los funcionarios de Milei deberán presentar pruebas a su favor.
El director local del PAMI, David Litvinchuck, es uno de los funcionarios de Milei que la Justicia imputó hoy. Foto: Daniel Caballero.
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El conflicto por el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica sobre el sector de los jubilados tiene varios frentes abiertos y uno en particular tuvo epicentro en Mendoza este miércoles. El director del PAMI nacional, Esteban Leguízamo; y el titular de la obra social en Mendoza, David Litvinchuk, fueron imputados por desobediencia a la Justicia Federal, en el marco de la causa por el recorte de medicamentos gratuitos a los adultos mayores.
Tanto Leguízamo como Litvinchuk comparecieron esta mañana en una audiencia que se realizó en tribunales federales ante la jueza María Laura Marisi. Litvinchuk lo hizo en forma presencial (eludiendo el ingreso principal a tribunales para evitar a los medios) y Leguizamo a través de videoconferencia.
El motivo de la audiencia era que los representantes legales de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), Marisa Uceda y Carlos Blanco, habían pedido precisamente la imputación de ambos funcionarios, después de negarse a cumplir con una medida cautelar dictada por el juez federal Pablo Quirós, que ordenaba restituir el programa "Vivir mejor".
Frente a esto, la fiscal Alejandra Obregón pidió la acusación formal por desobediencia y solicitó que se le prohíba salir del país a los funcionarios, sin autorización judicial.
La querella adhirió a la exposición de la fiscal pero pidió también que se los acusara por el "incumplimiento de deber de funcionario público" y recordó que ambos acumulan multas por hasta $70 millones, en perjuicio de la obra social, por no cumplir con la cautelar que restituye el vademecum de medicamentos gratuitos, anterior a diciembre de 2024.
Después de largas exposiciones, la jueza Marisi decidió acusar formalmente a los dos funcionarios de Milei, de acuerdo con lo que establece el Código Penal en el artículo 239, que castiga con penas de cárcel a los servidores públicos que desobedecieran las órdenes de la Justicia.
Ahora, tanto la jefatura de PAMI como la Fiscalía deberán presentar pruebas en un plazo de 45 días para definir el avance de la causa. Vale aclarar que la jueza no dio lugar a un pedido de sobreseimiento y de "inexistencia" de delito que elevaron las defensas. Y tampoco admitió la prohibición para salir del país, que solicitó por su parte la Fiscalía.
El primero en defenderse fue el titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguízamo. Durante 30 minutos hizo una exposición sobre su gestión, asegurando que "nunca la institución puso en discusión la cobertura del 100% a sus afiliados, ni nunca la limitó" y que "simplemente hay algunas exclusiones de personas que tienen más de una propiedad o ganan un millón y medio de jubilación, en pos de los que realmente son vulnerables socialmente".
El funcionario explicó que "el PAMI por negociación con la industria logra tener un precio de venta a los afiliados 30% menor que el precio de venta al público, entonces cuando estamos hablando desde la institución que un determinado medicamento da el 80% descuento, es sobre un precio bajo del precio de venta al público".
"Entonces todos estos detalles hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, porque vuelvo a repetir no hay en la Argentina un sistema de salud que dé la cobertura en medicamentos que da la institución", sostuvo Leguízamo desde su oficina en sede central del PAMI en CABA.
A su turno, el presidente del PAMI Mendoza, David Litvinchuk, leyó un balance de su gestión como si se tratara de una exposición legislativa, con algo de nerviosismo por la presencia de las cámaras.
Al igual que Leguízamo, primero defendió al PAMI advirtiendo que "desde el nivel central se está implementando un reordenamiento, no sólo en el programa de medicamentos del que debo destacar que de ninguna manera se está dejando sin medicación a los afiliados como se trata de instalar en la sociedad".
"Desde que llegó el primer reclamo se comunicó todo a nivel central y también se verificó que no haya ningún beneficiario que se quede sin su prestación o asistencia. Nunca, nunca, nunca hubo privación de asistencia o de prestaciones de ningún tipo", sostuvo.
Del mismo modo intentó desligarse de la responsabilidad de sus decisiones, centralizándolas en Buenos Aires. Se trató de una estrategia legal para inhibir la causa iniciada en Mendoza, al señalar que debería tramitarse en Comodoro Py porque "es una institución con lineamientos verticalistas con su sede central en Capital Federal como cabeza y ámbito, donde se regulan las medidas administrativas, contrataciones y demás que repercuten en todas las delegaciones a lo largo del país y de las cuales dependemos".
"Entonces, con esto quiero destacar que las funciones de la UGL de las cuales estoy a cargo dependen directamente de las normas que se determinan a nivel central. Nuestra competencia nos acota ser administradores del sistema. En nuestro caso, en Mendoza como director de la UGL, mi competencia para realizar cambios normativos que afecten a nuestros afiliados como por ejemplo el caso de medicamentos es nula. Creo con eso ya es suficiente y agradezco mucho su atención", sostuvo.
Tras la audiencia, los abogados Uceda y Blanco valoraron la decisión de la jueza Marisi. "Hoy quedó la acusación formal certificada tanto para Leguízamo como para Litvinchuk. Básicamente lo que esta audiencia demostró es que están en infracción a la ley. No están cumpliendo una orden judicial que además de afectar la salud de los jubilados y las jubiladas, desconoce la orden de un juez", sostuvo Uceda.
"Esto es lo que hoy ha quedado en evidencia, que la gestión del PAMI y de Javier Milei deciden no cumplir con una orden judicial", enfatizó la candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista.
Luego, aseguró que fue "indignante" las exposiciones de Leguízamo y Litvinchuk que "describieron un PAMI de los países escandinavos, cuando ayer la Justicia Federal de esta provincia tuvo que ordenarles realizar una operación ocular a una afiliada que se la estaban negando".
"Esa misma gente hoy se sentó acá a decir que el PAMI funcionaba maravillosamente y que con el doctor Blanco lo único que queríamos era desestabilizar su funcionamiento. Pueden salir a la calle y preguntarle a cualquier jubilado si no han tenido restricciones en la entrega de sus medicamentos", sostuvo Uceda.
Del mismo modo desacreditaron la defensa de Litvinchuk, quién se desligó de la competencia en sus decisiones: "En una audiencia pasada, ellos mismos declararon que estaban poniendo en funcionamiento a través de su gerencia, los nuevos requisitos. Lo que pasa es que nos tienen acostumbrados a mentir, dilatar y demás. Esa estrategia no fue suficiente para poder sortear una acusación", sentenció.