La jueza María Laura Marisi imputó a las autoridades del PAMI por desobedecer a la Justicia. Los funcionarios de Milei deberán presentar pruebas a su favor.
El director local del PAMI, David Litvinchuck, es uno de los funcionarios de Milei que la Justicia imputó hoy. Foto: Daniel Caballero.
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El conflicto por el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica sobre el sector de los jubilados tiene varios frentes abiertos y uno en particular tuvo epicentro en Mendoza este miércoles. El director del PAMI nacional, Esteban Leguizamo; y el titular de la obra social en Mendoza, David Litvinchuk, fueron imputados por desobediencia a la Justicia Federal, en el marco de la causa por el recorte de medicamentos gratuitos a los adultos mayores.
Tanto Leguízamo como Litvinchuk comparecieron esta mañana en una audiencia que se realizó en tribunales federales ante la jueza María Laura Marisi. Litvinchuk lo hizo en forma presencial (eludiendo el ingreso principal a tribunales para evitar a los medios) y Leguizamo a través de videoconferencia.
El motivo de la audiencia era que los representantes legales de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), Marisa Uceda y Carlos Blanco, habían pedido precisamente la imputación de ambos funcionarios, después de negarse a cumplir con una medida cautelar dictada por el juez federal Pablo Quirós, que ordenaba restituir el programa "Vivir mejor".
Frente a esto, la fiscal Alejandra Obregón pidió la acusación formal por desobediencia y solicitó que se le prohíba salir del país a los funcionarios, sin autorización judicial.
La querella adhirió a la exposición de la fiscal pero pidió también que se los acusasa por el "incumplimiento de deber de funcionario público" y recordó que ambos funcionarios acumulan multas por hasta $70 millones, en perjuicio de la obra social, por no cumplir con la cautelar.
Después de largas exposiciones, la jueza Marisi decidió acusar formalmente a los dos funcionarios de Milei, de acuerdo con lo que establece el Código Penal en el artículo 239, que castiga con penas de cárcel a los servidores públicos que desobedecieran las órdenes de la Justicia.
Ahora, tanto la jefatura de PAMI como la Fiscalía deberán presentar pruebas en un plazo de 45 días. Vale aclarar que la jueza no dio lugar a un pedido de sobreseimiento y de "inexistencia" de delito que elevaron las defensas. Y tampoco admitió la prohibición para salir del país, que solicitó por su parte la Fiscalía.
Tras la audiencia, los abogados Uceda y Blanco valoraron la decisión de la jueza Marisi. "Hoy quedó la acusación formal certificada tanto para Leguízamo como para Litvinchuk. Básicamente lo que esta audiencia demostró es que están en infracción a la ley. No están cumpliendo una orden judicial que además de afectar la salud de los jubilados y las jubiladas, desconoce la orden de un juez", sostuvo Uceda.
"Esto es lo que hoy ha quedado en evidencia, que la gestión del PAMI y de Javier Milei deciden no cumplir con una orden judicial. Tanto Litvinchuk como Leguizamo dijeron que no se les quitaron medicamentos gratuitos a quienes realmente lo necesitaban", enfatizó la candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista.
Luego, aseguró que fue "indignante" las exposiciones de Leguízamo y Litvinchuk que "describieron un PAMI de los países escandinavos, cuando ayer la Justicia Federal de esta provincia tuvo que ordenarles realizar una operación ocular a una afiliada que se la estaban negando".
"Esa misma gente hoy se sentó acá a decir que el PAMI funcionaba maravillosamente y que con el doctor Blanco lo único que queríamos era desestabilizar su funcionamiento. Pueden salir a la calle y preguntarle a cualquier jubilado si no han tenido restricciones en la entrega de sus medicamentos", sostuvo Uceda.
El conflicto surge a raíz de la falta de entrega de medicamentos gratuitos por parte del organismo nacional a jubilados y pensionados. Esta situación motivó que, a fines del año pasado, la Justicia Federal dictara una medida cautelar para que el PAMI retrotrajera su decisión y cumpliera con la entrega de los insumos a sus afiliados.
Además de esta imputación, las autoridades del PAMI están recibiendo multas diarias (que desde mayo se aplican en forma personal a los funcionarios) por no cumplir con el amparo que dictó el juez Pablo Quirós a favor de los jubilados.
Estas sanciones alcanzan ya los 70 millones de pesos y todavía no han sido ejecutadas.
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