El Gobierno de Milei deroga programas como Casa Propia y crea un nuevo esquema para que provincias y municipios asuman la finalización de las obras inconclusas.
La nueva resolución del Gobierno transfiere a las provincias y municipios la responsabilidad de terminar miles de obras de vivienda inconclusas.
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Foto: Jose Gutierrez / Los Andes El Gobierno nacional dispuso la derogación de una serie de programas nacionales de vivienda y la implementación de un nuevo esquema para que las provincias y municipios se hagan cargo de las obras que no se completaron. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1199/2025, se enmarca en la política de “reordenar la obra pública” y “buscar mayor eficiencia en la gestión del Estado”.
Según el documento, quedan derogados:
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, no solo cierra los programas, sino que también crea un nuevo esquema para las obras en curso.
El punto central es que las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires podrán asumir el financiamiento de las obras inconclusas cuando el Estado Nacional no cubra los desembolsos previstos. A cambio, deberán implementar un sistema de recupero de fondos para los proyectos que así lo establezcan.
“Continúa la descentralización de la obra pública”, comentó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, agregó.
La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar las directrices del nuevo protocolo. Si una jurisdicción no cumple sus obligaciones, la Secretaría podrá dar por terminado el contrato y recuperar los fondos. En caso de continuidad, el municipio podrá compensar el financiamiento nacional pendiente con los fondos que se logren recaudar.
La resolución aclara que se podrán aplicar excepciones para hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios de urbanizaciones en villas y asentamientos, eximiéndolos total o parcialmente de la obligación de pago.
La resolución del Gobierno de Javier Milei transfiere a las provincias y municipios la responsabilidad de terminar miles de obras inconclusas en todo el país, tras la derogación de programas de vivienda como Casa Propia.
