La audiencia fue solicitada por la asociación Jubypen, que denuncia el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al PAMI a la entrega de insumos.
El director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo y de la regional, David Litvinchuk, podrían quedar imputados por presunta desobediencia judicial.
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El director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo y de la regional, David Litvinchuk, podrían quedar este miércoles contra las cuerdas ante la Justicia Federal. El motivo es una audiencia en la que los representantes legales de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), Marisa Uceda y Carlos Blanco, pedirán la imputación de ambos funcionarios por presunta desobediencia judicial.
En esta instancia, la fiscal de la causa, Alejandra Obregón, pedirá la formalización de la imputación, ya que puede considerar que existen “elementos suficientes” para avanzar en una investigación en contra de Leguizamo y Litvinchuck por el delito de desobediencia judicial. La audiencia está pactada a partir de las 10.
El conflicto surge a raíz de la falta de entrega de medicamentos gratuitos por parte del organismo nacional a jubilados y pensionados. Esta situación motivó que, a fines del año pasado, la Justicia Federal dictara una medida cautelar para que el PAMI retrotrajera su decisión y cumpliera con la entrega de los insumos a sus afiliados.
“Ni Milei ni el delegado regional del PAMI han cumplido con la orden judicial. Este miércoles vamos a tener una audiencia de acusación para que imputen al director nacional y regional del PAMI, y que se devuelvan los medicamentos gratis a jubilados y jubiladas”, expresó Uceda en sus redes sociales.
La candidata a diputada nacional por el frente Fuerza Justicialista Mendoza y militante del kirchnerismo sostiene que tanto Leguizamo como Litvinchuk estarían incumpliendo el artículo 239 del Código Penal, que establece sanciones para la desobediencia de un funcionario público.
En mayo pasado, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ordenó aplicar multas diarias personales al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, por lo que consideró un “continuo e injustificado incumplimiento” de la cautelar. En caso de persistir en esa situación, dispuso la aplicación de astreintes de $100.000 diarios a partir del vencimiento del plazo establecido.
Actualmente, la representación legal se encuentra en el proceso administrativo para conseguir el título ejecutorio del total de la deuda que mantiene el PAMI por la falta de pago de las multas diaria. El monto podría rondar los 70.000.000 de pesos.
La resolución, emitida el 14 de mayo, se enmarca en una acción judicial colectiva presentada por asociaciones de jubilados que cuestionaron las nuevas condiciones de acceso al programa de medicamentos gratuitos al 100%.
El juez federal Pablo Quirós había dictado inicialmente la cautelar el 26 de diciembre de 2024, ordenando al PAMI suspender esas resoluciones y retrotraer la situación a las condiciones previas en la provincia.
La tensión entre el PAMI y sus afiliados fue creciendo y en julio, durante la tradicional marcha de los miércoles en la plaza San Martín, un numeroso grupo de jubilados se movilizó hasta la sede central del organismo, ubicada en calle Belgrano de Ciudad, para exigir el cumplimiento del fallo judicial.
Ya dentro del edificio, reclamaron ser recibidos por las autoridades, en particular por Litvinchuk, y demandaron la entrega de medicamentos, pañales y otros insumos esenciales.