El fallecimiento del contrabandista Javier Santos Ortega, quien aparentemente se quitó la vida en las últimas horas cuando iba a ser detenido por Gendarmería en su casa de Guaymallén, causó sorpresa en el seno de la Justicia Federal de Mendoza.
Javier Santos Ortega estaba imputado por soborno y complicó al exjuez federal, acusado de liderar una asociación ilícita.
El exjuez federal Walter Bento. Foto: Los Andes.
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El fallecimiento del contrabandista Javier Santos Ortega, quien aparentemente se quitó la vida en las últimas horas cuando iba a ser detenido por Gendarmería en su casa de Guaymallén, causó sorpresa en el seno de la Justicia Federal de Mendoza.
El hombre había sido condenado recientemente en un juicio abreviado a 5 años y 8 meses de prisión, por haber integrado una asociación ilícita dedicada al contrabando, de la cual se desprende otra imputación como presunto sobornador en el megajuicio en curso contra el exjuez federal Walter Bento y una treintena de procesados.
La palabra de Santos Ortega resultó clave para la acusación que el fiscal Dante Vega realizó contra el destituido magistrado durante la etapa de Instrucción, ya que en el año 2021 aseguró haberle pagado a la “banda” un soborno total de 722 mil dólares, entre dinero e inmuebles, para lograr la libertad suya y de su sobrino, Juan Carlos Molina en 2019.
Ortega y Molina habían sido detenidos ese año, cuando allanaron un depósito en Maipú, donde se secuestró un millonario cargamento de ropa y zapatillas deportivas que habían ingresado de forma ilegal al país, vía Chile y que fueron valuadas en unos 200 millones de pesos.
En el “caso número 3″, la fiscalía afirmó que “intervino activamente una parte importante de la banda liderada por el propio Juez que desplegó diversos actos que tuvieron como fin último lograr la libertad espuria de ambos sobornadores, imputados por el delito de contrabando agravado de mercaderías con un monto superior a los doscientos millones de pesos”.
“El plan consistió en la ejecución de diversos pasos que tuvieron como denominador común la adopción de diversas decisiones ilícitas por parte de Bento a lo largo del expediente. Primero la maniobra se concentró en la concesión de la prisión domiciliaria de Javier Santos Ortega para luego pasar a la concesión de la libertad de Juan Carlos Molina, extremo que exigía Ortega como requisito ineludible para pagar la coima. A esto siguió un cambio de calificación legal en favor de ambos y la consecuente excarcelación de Ortega, con miras a desvincularlos de la causa”, aseguró la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
Para los acusadores, en este cohecho además de Bento y su mano derecha Diego Aliaga, intervinieron el organizador de la banda Luciano Ortego y los miembros Matías Aramayo, Leopoldo Martín Ríos y Walter Bardinella quienes siguieron las “instrucciones” que impartía Aliaga, quien a su vez seguía las directivas generales de Bento.
Los investigadores acumularon como prueba los chats entre Bardinella y Ortego, que daban cuenta de Aliaga como el intermediario del cohecho. Además, los abogados “arrepentidos” Aramayo y Ríos avalaron en sus testimonios haber participado del trato espurio, a tono con la declaración de Santos Ortega.
Luego Ríos y Aramayo intentaron desmentir estos hechos, al “darse vuelta” en medio de la etapa indagatoria del juicio, y fue el propio Santos Ortega quien pidió declarar para ratificar su pago de coimas a la banda, involucrándolos de lleno nuevamente. Esta fue su única declaración durante el juicio oral, que actualmente se encuentra en etapa de alegatos.
De este caso también se desprendió una nueva investigación, que se reveló en medio del juicio. La fiscalía descubrió que la empleada judicial Carolina Bartolini, de la Secretaría C del Juzgado Federal que encabezaba Bento, le compró un departamento valuado en US$ 180.000 el 17 de agosto de 2019 a Juan Carlos Molina, dos meses después de haber sido excarcelado. Para la Fiscalía, Molina vendió ese inmueble para poder pagar la coima que lo dejó en libertad.
El fallecimiento de Santos Ortega generó sorpresa en el ámbito judicial, pero no tendrá impacto en el desarrollo del juicio, salvo por la prescripción de su parte como imputado. La Fiscalía expuso los elementos que aportó su testimonio, con las pruebas que lograron recabar y quedará en el resto de los acusados del "Caso 3" defenderse a su turno.
En la audiencia del 24 de noviembre de 2024, Santos Ortega prestó declaración indagatoria y mencionó a varios de los principales integrantes de la banda. Sostuvo: “El juez Bento le decía a Diego Aliaga, a Aramayo y a Martín Ríos que yo tenía que poner 1 millón de dólares y me quedaba limpio”.
Además, manifestó que cuando se produce la desaparición del despachante de aduanas (sindicado como mano derecha del exjuez) en el año 2020, temió que se revelara el arreglo espurio que tenía con ellos. “Cuando desapareció Aliaga tenía mucho miedo que se descubriera esto, del juez Bento. Iba cada dos días y le decía a Aramayo y Ríos, que iba a pasar. Ellos me decían que Ortego iba a tener problemas, no nosotros”, sostuvo.
Y ratificó el pago de la coima: “Yo pagué para salir 300 mil dólares. Yo tenía un papel escrito con lapicera verde por Martín Ríos y lo rompí cuando mataron a Diego Aliaga. Yo, lo que dije en mi declaración (NdR: etapa de Instrucción) es pura verdad. No mentí en nada”, aseguró.
En su testimonio, el imputado confirmó que le pagó 150 mil dólares a Ortego para que su sobrino obtuviera la libertad, en principio. En total llegó a entregarle a la banda $722 mil dólares del millón que pedían, producto de la venta de cuatro departamentos, manifestó.