El devastador caso del fentanilo contaminado, que ya suma 96 muertes en el país, ha trascendido el ámbito sanitario para instalarse de lleno en la arena política, con fuertes acusaciones cruzadas desde la cúpula del gobierno.
El ministro de Salud rompió el silencio y hablo con varios medios nacionales sobre la investigación del caso y las casi 100 muertes que provocó la contaminación de la droga.
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación
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Gentileza El devastador caso del fentanilo contaminado, que ya suma 96 muertes en el país, ha trascendido el ámbito sanitario para instalarse de lleno en la arena política, con fuertes acusaciones cruzadas desde la cúpula del gobierno.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el propio presidente Javier Milei han señalado directamente supuestas conexiones políticas del propietario del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, en un escándalo que promete nuevas revelaciones. Como respuesta, el Ministerio de Salud ha iniciado un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para deslindar responsabilidades.
Mario Lugones, en sus primeras declaraciones sobre el caso, no ocultó su profunda consternación y emoción, calificando lo ocurrido como un "atentado a la gente" y una acción de "muy mala gente".
El titular de la cartera sanitaria apuntó directamente a Ariel García Furfaro, a quien describió como un "exconvicto, delincuente". Lo más contundente fueron sus afirmaciones sobre los presuntos vínculos del empresario con el poder político. Lugones aseguró que Furfaro y lo que denominó "esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política".
Para sustentar su acusación, el ministro planteó un interrogante directo: "Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política". Además, recordó el intento fallido del gobierno de Alberto Fernández de contratar a HLB Pharma para la búsqueda de la vacuna Sputnik V en Rusia, un proyecto que no prosperó porque la empresa estaba "flojos de papeles allá". Estos hechos, según Lugones, demuestran que "tienen conexión con el peronismo y con el kirchnerismo".
El ministro fue enfático al señalar que "durante nuestra gestión fue la primera vez que se le puso un stop a estos delincuentes", sugiriendo que en los últimos años "no se investigó a estos laboratorios" y que hubo "muchos llamados de atención que no se efectivizaron". La situación, para Lugones, es clara: "Llegaron hasta acá porque tienen cobertura política. Y no de este gobierno, que viene a hacer cosas distintas".
Las acusaciones no se limitaron al Ministro de Salud. Un día antes, en un acto en La Plata, el presidente Javier Milei escaló el tono político al calificar a Ariel Furfaro como "un eterno socio kirchnerista". El mandatario fue más allá al afirmar que existe un "encubrimiento atroz" sobre el empresario en la causa del fentanilo, subrayando que "no pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad". Estas declaraciones presidenciales elevan el perfil del caso, sugiriendo una trama de encubrimiento que el gobierno actual se propone desmantelar.
En paralelo a las acusaciones políticas, el ministro Lugones ha tomado cartas en el asunto a nivel interno. Ha iniciado un sumario en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, con el objetivo de "determinar responsabilidades". Lugones admitió tener las mismas dudas que la opinión pública sobre por qué no se actuó antes ante las múltiples denuncias y avisos contra el laboratorio. "Creo que hubo negligencia. Y se definirá en el sumario", afirmó.
El compromiso del ministro es firme: "Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va". Aunque el sumario podría demorar hasta seis meses, Lugones ha exigido que los resultados se conozcan antes y ha prometido hacerlos públicos, asegurando que "el que las hace las paga" y que la gente responsable "no merece estar ahí". Si bien el ministro defendió la rápida actuación de la directora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, una vez que le fueron reportadas las irregularidades (actuó en dos horas), dejó en claro que se investigarán las demoras previas y las posibles influencias.
La causa judicial del fentanilo contaminado, que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, está en manos del juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado ya ha confirmado que no hay más ampollas contaminadas en circulación. Además, ha dictado la prohibición de salir del país a 24 sospechosos y ha trabado una inhibición general de bienes a los presuntos responsables y las sociedades vinculadas a HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo Ramallo SA. La Justicia espera ahora los resultados de las pericias encargadas al Instituto Malbrán para determinar cómo se produjo la contaminación de la droga distribuida en todo el país.
Ante la posibilidad de que existan otros laboratorios funcionando en condiciones irregulares, el ministro Lugones aseguró que la ANMAT continuará con las inspecciones. "Cuando asumí pedí al ANMAT que evaluara a todos los laboratorios, porque no todos tienen el mismo nivel de calidad", concluyó. La convergencia de un hecho tan grave como las muertes por fentanilo con fuertes acusaciones de vínculos políticos promete mantener este caso en el centro del debate, con el gobierno actual marcando una clara distancia y denunciando presuntas connivencias pasadas.