Como paso previo a una expropiación, la medida establece que los inmuebles podrán ser utilizados por Aysam en la instalación de infraestructura destinada al transporte y tratamiento de líquidos cloacales.
Contaminación por colapso cloacal en Los Corralitos, Guaymallén
Foto:
Con vistas a la expropiación, el Departamento General de Irrigación (DGI) declaró de "utilidad pública" 21 parcelas ubicadas en Los Corralitos (Guaymallén) para avanzar con una de las obras de saneamiento más importantes y dar solución al colapso cloacal que afecta a los vecinos en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo.
La medida fue oficializada mediante la resolución N° 622, publicada este martes en el Boletín Oficial, y está vinculada a la construcción del denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste", una infraestructura que será realizada por la empresa Aguas Mendocinas (Aysam).
En los últimos años, los derrames de líquidos cloacales sobre canales de riego generaron reiteradas denuncias por contaminación y preocupación entre vecinos y productores. La problemática incluso derivó en una causa judicial que tiene imputado al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, por presuntos delitos vinculados a contaminación de agua y daño agravado sobre un bien de uso público.
La empresa estatal ya había recibido una multa récord, equivalente a 120 millones de pesos, por la contaminación del canal de Los Corralitos.
Según la nueva resolución, Aysam ahora queda facultada para realizar todos los actos necesarios para obtener los 21 inmuebles afectados en Los Corralitos por la obra, ya sea mediante acuerdos con los propietarios, la constitución de servidumbres o, en última instancia, procesos de expropiación.
Siguiendo el texto de Irrigación, los terrenos serán utilizados para la instalación de infraestructura destinada al transporte y tratamiento de efluentes cloacales.
La iniciativa contempla la creación de servidumbres de paso y de acueducto sobre distintas propiedades rurales ubicadas a lo largo de la traza prevista para la obra. Las superficies afectadas varían considerablemente entre una parcela y otra: algunas comprenden apenas unos cientos de metros cuadrados, mientras que otras superan los 11.000 metros cuadrados.
La afectación de los terrenos tendrá inicialmente carácter preventivo hasta que comiencen los trabajos. Todos los propietarios alcanzados por la medida serán notificados formalmente por las autoridades y tendrán la posibilidad de presentar recursos de apelación ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.
Una vez ejecutada la obra, deberá realizarse la demarcación definitiva de las áreas comprometidas y la correspondiente inscripción registral.
Desde el organismo explicaron que la declaración de utilidad pública se encuentra respaldada por las facultades otorgadas por la Ley Provincial N° 9.589, que regula la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Mendoza, en específico por el artículo 11: "Declárense de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria o a su constitución de servidumbre, a los bienes necesarios para la realización de obras que hagan objeto de la prestación del servicio".