La protesta en defensa de la educación pública comenzará en la UNCuyo y culminará en la Plaza Independencia. La UCR provincial dio libertad de acción a sus dirigentes.
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Este miércoles la provincia será escenario de la tercera marcha universitaria en reclamo contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización comenzará a las 16 en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y culminará en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza.
La protesta, enmarcada en la defensa de la educación pública, coloca en una posición incómoda al radicalismo mendocino, aliado de La Libertad Avanza. La Unión Cívica Radical provincial dio libertad de acción a sus dirigentes respecto a la participación en la marcha.
Los diputados nacionales de la UCR por Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, aún no definieron su postura frente a la votación.
En el tratamiento previo en la Cámara baja optaron por ausentarse, lo que llamó la atención de la comunidad universitaria, especialmente en el caso de Verasay, que en 2024 había votado a favor de la iniciativa.
El único radical que confirmó públicamente que votará en contra del veto fue Julio Cobos, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo al financiamiento universitario.
La movilización en Mendoza se realizará en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Participarán autoridades de la UNCuyo y de las distintas unidades académicas, gremios, agrupaciones estudiantiles, docentes y estudiantes independientes. También se espera la presencia de dirigentes políticos de distintos espacios provinciales.
El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, confirmó a Los Andes que no asistirá a la marcha, aunque aclaró que “el partido dio libertad de acción” a sus referentes.
“Transformar una bandera de todos los argentinos como la educación pública en un conflicto partidario, no ayuda. El kirchnerismo pretende adueñarse de esa bandera, como ya lo hizo con los derechos humanos y la igualdad de género, y terminará radicalizando y destruyendo un tema tan sensible para todos”, señaló.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, tampoco estará presente debido al fallecimiento de un familiar directo. Desde Casa de Gobierno indicaron que la misma libertad de acción se extendió a funcionarios provinciales.
En tanto, la presencia del intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, aún es incierta. Su entorno recordó que siempre defendió el financiamiento universitario, pero aclararon que “todavía no se sabe si asistirá porque muchas veces los reclamos se confunden”.
A nivel legislativo, algunos diputados y senadores radicales confirmaron su participación, mientras que otros con trayectoria universitaria se ausentarán por “cuestiones de agenda”.
En diputados, miembros del bloque de la UCR confesaron que “es una situación incómoda para nosotros, pero la educación es una de nuestras banderas y los verdaderos radicales vamos a ir a marchar, a pesar de las críticas que recibamos”.
Desde el Senado, en tanto, remarcaron que la marcha “no es contra nadie, sino a favor de todos” y que los legisladores que asistan lo harán priorizando “esta bandera por encima de cualquier alianza política”.
Dentro del radicalismo también surgieron voces críticas. “La marcha se ha politizado demasiado y se pueden confundir los reclamos”, expresaron referentes que decidieron no sumarse para “no desviar el foco de la protesta”.
Por su parte, la agrupación universitaria Franja Morada, brazo estudiantil del radicalismo, remarcó su autonomía respecto del partido y expresó que esperan que los legisladores nacionales de la UCR “estén a la altura de las circunstancias”. Además, ratificaron su postura: “la universidad pública se defiende”.
En cuanto a la movilización prevista para la tarde de este miércoles, la agrupación reformista transmite que instó a todos sus referentes partidarios a participar y mantener firme sus banderas históricas.
En este sentido, les enviaron un mensaje directo: “llamamos a la reflexión. Esto o es contra nadie, es a favor de todos”, concluyeron.
La concentración comenzará a las 15 en el ingreso al campus de la UNCuyo. Desde allí, a las 16, la columna avanzará por calle Carlos Lencinas, continuará por Juan B. Justo y avenida Las Heras hasta Mitre, para llegar finalmente a la Plaza Independencia, donde se realizará el acto central desde las 17.
Se prevé una masiva participación de la comunidad educativa, en sintonía con la convocatoria nacional impulsada por el CIN. La Ciudad de Mendoza informó que habrá inspectores de tránsito a lo largo del trayecto, con desvíos y asistencia para automovilistas y peatones. Se recomienda prever traslados y optar por vías alternativas.
En la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei adelantó que se destinarán 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Sin embargo, el CIN cuestionó la medida, al considerar que “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.
Según el organismo, el monto proyectado para 2026 solo anualiza lo percibido hasta diciembre de 2025 y queda muy por debajo de los 7,3 billones de pesos necesarios para garantizar el funcionamiento pleno de las universidades.
En agosto, el plenario del CIN realizado en Rosario aprobó solicitar un presupuesto de 7,32 billones de pesos para 2026, actualizado sobre la base de la Ley de Presupuesto 2023.
La ley recientemente sancionada contemplaba paritarias con actualización salarial por inflación, fondos específicos para infraestructura, becas y programas académicos, además de un aumento gradual del financiamiento universitario, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
El veto presidencial se fundamentó en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar la fuente de financiamiento de todo gasto. Según el decreto, el proyecto aprobado por el Congreso no especificaba partidas concretas.
El Gobierno estimó que la aplicación de la ley implicaría un gasto adicional de 1,07 billones de pesos en 2025, entre ellos:
$123.000 millones por actualización de partidas universitarias por inflación.
$617.000 millones por paritarias indexadas para docentes y no docentes.
$178.000 millones por incorporación de sumas no remunerativas a los básicos salariales.
Más de $149.000 millones en becas Manuel Belgrano y Progresar.
“El gasto no puede superar los ingresos”, señala el decreto, que advierte que un aumento sin recursos genuinos podría afectar las cuentas públicas, acelerar la inflación y deteriorar el poder adquisitivo. En ese sentido, el Ejecutivo plantea un esquema de gradualismo, priorización y reordenamiento de partidas.
El veto fue firmado por Javier Milei y por todo su gabinete, entre ellos Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.
