El intendente Ulpiano Suarez rechazó la medida, pero fue cuestionado por la oposición. Autoridades de la UNCuyo pidieron a los legisladores revertir la decisión.
Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la UCR en la presentación del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.
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El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario provocó reacciones de dirigentes de distintos espacios políticos en Mendoza. Entre ellos, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional, aunque rápidamente fue criticado por referentes de la oposición local.
El miércoles por la tarde, el Gobierno nacional publicó el Decreto 647, que vetó en su totalidad el Proyecto de Ley 27.795. La iniciativa establecía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas y contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes.
En el texto, el Ejecutivo dispuso que el proyecto “devuélvase al Congreso de la Nación el proyecto de ley”, impulsado por bloques opositores. Tras conocerse la medida, Suarez fue uno de los primeros dirigentes en expresar su rechazo y el único referente radical que lo hizo públicamente.
“Gobernar es escuchar y actuar”, comenzó el intendente en su cuenta de X. Para el sobrino del exgobernador Rodolfo Suarez, el veto “golpea al sistema educativo y, por ende, al futuro del país”. Además, agregó: “No habrá progreso sin educación pública y de calidad. El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito no puede quedar preso de anteojeras ideológicas ni especulaciones políticas”.
Las críticas a Suarez no tardaron en llegar. Dirigentes opositores le recordaron la alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza. Uno de los primeros en responder fue Lucas Ilardo, candidato a diputado provincial por Fuerza Justicialista de Mendoza, quien escribió: “La revolución de Twitter, pero a la hora de los bifes... vegetariano Ulpiano. Avísele a sus legisladores y candidatos nacionales. Y cambie el nombre de su fuerza: se llama La Libertad Avanza-CM”.
También se pronunció Marisa Uceda, candidata a diputada nacional por el mismo frente. De manera irónica, le replicó: “Pero Ulpiano, tu jefe Alfredo Cornejo mandó a sus diputados a votar en contra y tu candidato Luis Petri es empleado de Milei. O estás confundido o sos un caradura bárbaro”.
En tanto, la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo: “La educación pública no se toca. Salvo para Milei, que volvió a vetar la Ley de Financiamiento Universitario. En el Senado vamos a trabajar para rechazar el veto, y en octubre, su crueldad”.
Por su parte, desde el Frente Verde, Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto responsabilizaron al radicalismo por el veto. El candidato a diputados nacional señaló: “El ministro Luis Petri vetó la Ley de Financiamiento Universitario, dejando a la universidad pública sin recursos después de dos años de presupuesto congelado”.
Mientras que Fugazzotto añadió: “El aliado de Cornejo vetó la ley y desfinancia a las universidades. Miles de estudiantes de la UNCuyo y la UTN lo van a sufrir. Esa es la política universitaria del Frente de La Libertad Avanza y de Cambia Mendoza”.
Antes de la publicación del decreto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo había emitido una declaración solicitando al presidente que no avanzara con el veto.
Tras la decisión del Ejecutivo nacional, la UNCuyo ratificó su adhesión a lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que prevé una nueva movilización en caso de que se vete la norma. La marcha se realizará cuando el veto sea tratado en la Cámara de Diputados.
La rectora Esther Sánchez aseguró en redes sociales que la educación en Argentina “es una prioridad innegociable” y pidió a los legisladores nacionales que “refrenden la Ley de Financiamiento Universitario”. Convocó, además, a la comunidad universitaria a movilizarse: “¡Universidad pública siempre!”.
Por su parte, el vicerrector Gabriel Fidel calificó la decisión como “un gran error que priva a las universidades de contar con un financiamiento adecuado y previsible” y reclamó a los legisladores rechazar el veto.
"El veto a la ley de Financiamiento Universitario, en vísperas del día del maestro, es un gran error que priva a las universidades de contar con un financiamiento adecuado y previsible. Solicitamos a los legisladores nacionales el rechazo del veto", manifestó Fidel.
Cuando se trató el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, Julio Cobos fue el único miembro de la UCR Mendoza que votó a favor del proyecto en la Cámara Baja, mientras que Lisandro Nieri y Pamela Verasay estuvieron ausentes en la sesión.
En su último plenario, realizado en Rosario, el CIN había aprobado solicitar para 2026 un presupuesto de 7,32 billones de pesos, monto que actualiza y anualiza las partidas del Presupuesto 2023, el último aprobado por el Congreso, e incluye gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.
El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige a toda norma de gasto identificar la fuente de financiamiento. Según el decreto, el proyecto aprobado por el Congreso no especificaba partidas concretas.
El Gobierno estimó que la implementación de la ley implicaría un gasto adicional de alrededor de 1,07 billones de pesos en 2025. Entre los principales factores que incrementarían ese costo se encuentran:
La actualización de partidas universitarias por inflación (más de $123.000 millones).
Incrementos salariales para docentes y no docentes con paritarias indexadas (más de $617.000 millones).
Incorporación de sumas no remunerativas a los básicos salariales (unos $178.000 millones).
Reajuste de becas estudiantiles (más de $72.800 millones para Manuel Belgrano y $76.600 millones para Progresar).
El Ejecutivo advirtió que un aumento de gasto sin recursos genuinos podría deteriorar las cuentas públicas, acelerar la inflación y afectar el poder adquisitivo de los salarios. En ese sentido, planteó que el financiamiento mediante emisión monetaria tendría un efecto regresivo sobre los sectores más vulnerables.
“El gasto no puede superar los ingresos”, señala el decreto, que además propone que cualquier política de fortalecimiento del sistema universitario se instrumente con gradualismo, priorización y reordenamiento de partidas para garantizar su sostenibilidad.
El veto fue firmado por el presidente Javier Milei y por todo su gabinete, entre ellos Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.