La causa de la Tupac Amaru perderá su arista política. Este miércoles, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del intendente de Lavalle, Roberto Righi, y otros exfuncionarios peronistas que se encontraban imputados por fraude a la administración pública y acusados de ser partícipes necesarios en el desvío de fondos públicos destinados a viviendas que nunca se construyeron.
La investigación por presuntas estafas por corrupción y desmanejos financieros en la construcción de viviendas con recursos públicos vinculados a la organización barrial kirchnerista estalló en 2017 con la detención de su líder Nélida Rojas y sus familiares. No obstante, en abril de 2019 la fiscal Gabriela Chaves avanzó también contra los supuestos responsables políticos e imputó al jefe comunal lavallino y otros ex funcionarios municipales, provinciales y nacionales del Partido Justicialista (PJ).
Sin embargo, Chaves se apartó de la causa y hoy el proceso está a cargo del fiscal Flavio D’ Amore, quien en una audiencia realizada este miércoles por la mañana pidió a la jueza Eleonora Arenas, titular del Primer Juzgado Penal Colegiado, el sobreseimiento de todos los funcionarios públicos imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por las viviendas en el departamento de Lavalle.
El magistrado consideró que durante estos dos años de procedimiento no se ha demostrado la participación necesaria de estos dirigentes políticos en los delitos que se investigan. En abril pasado, el fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar ,y el jefe de la Unidad de Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, ya habían solicitado el sobreseimiento y señalaban que no era posible encontrar una vinculación precisa y detallada entre las acciones y omisiones imputadas y las pruebas.
La solicitud alcanza al intendente Righi y al ex funcionario municipal de Lavalle, José Blanco, y a los ex directores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Manuel Moreno, Jorge Pérez, Carmelo Simó y Omar Parisi, estos últimos dos ex titulares del organismo. Pero también a los exfuncionarios del ministerio de Desarrollo de la Nación durante el kirchnerismo: David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi.
Ahora se espera que en los próximos días la jueza Arenas resuelva si dictamina el sobreseimiento de los acusados. Pero antes debe concluir la audiencia iniciada este miércoles ya que pasó a un cuarto intermedio. Resta la intervención del abogado representante del Gobierno de la Provincia, que actúa como querellante.
La magistrada tiene que controlar la legalidad del planteo del representante del Ministerio Público Fiscal y difícilmente lo revierta, por lo que la desvinculación de los exfuncionarios de la causa está cerca de concretarse.
Vale resaltar que los integrantes de la organización Tupac Amaru continúan imputados e investigados en la causa y su situación procesal no sufre ninguna modificación independientemente de lo que termine de resolver la magistrada
De hecho, en mayo pasado se produjo la primera condena a una integrante de la Tupac, Lourdes Oviedo, por estafar a una familia a la que se le prometieron casas a cambio de dinero y participación política. A su vez, aparecieron también varios arrepentidos que están aportando pruebas y que podrían complicar la situación de Nélida Rojas.
Denuncias de “intencionalidad política”
La imputación de los funcionarios públicos en abril de 2019 fue que se produjo dos días antes de las elecciones PASO para intendentes de San Rafael, Tunuyán San Martín y Lavalle; y Roberto Righi se postulaba a la reelección. Lo que despertó cuestionamientos de parte del peronismo sobre que se trató de una acción premeditada para perjudicarlo.
En diálogo con Los Andes, el jefe comunal lavallino manifestó que “yo siempre insistí en que nunca hubo delito, fue una intencionalidad netamente política. Es lamentable cuando se usa a la justicia para hacer daño mediático, público y después se demuestra que no hubo existencia de delito alguno”.
Si bien señaló que prefiere esperar a que se confirme el sobreseimiento, afirmó que siempre estuvo tranquilo porque desde la comuna fueron cuidadosos del orden y el trabajo. “Hubo netamente una intencionalidad política porque fue dos días antes de una elección y se cometieron muchos errores por apurar esa imputación”, sostuvo.
Por su parte, Omar Parisi, también habló con este diario y señaló que “siempre supimos que habíamos hecho las cosas bien y que no teníamos que estar en investigación, siempre estuvimos dispuestos a que se investigara todo y a aportar todas las pruebas que se necesitaran”.
“Si han tenido alguna intención de hacernos daño políticamente, seguramente lo lograron en su momento, pero a la larga la verdad sale. Gracias a que ahora hay fiscales que han leído la causa y que han avanzado libres de cualquier tipo de presión o de sugerencia, la causa ha avanzado hacia donde tiene que avanzar, que es el sobreseimiento definitivo de todos”, agregó.
La situación de Parisi presenta una particularidad ya que, si bien fue imputado por la fiscal Chaves en el expediente, el proceso nunca se concretó de manera formal ya que en ese entonces era diputado provincial y tenía fueros.
Por esa razón su abogado Sergio Rocamora -quien defiende también a los otros 3 exfuncionarios del IPV- presentó un planteo de nulidad por la imputación irregular ante la jueza Arenas. “Pedí que la jueza defina si entiende que corresponde la nulidad de la acusación de la fiscal Chaves y la declare, eso traería como hecho que la acusación fue nula e ilegal desde el inicio”, sostuvo el letrado y remarcó que además espera el sobreseimiento de todos sus defendidos.
“La acusación era muy burda técnicamente, no decía claramente ni con precisión en dónde estaba el ilícito, cuál era el daño patrimonial efectivamente producido a la provincia de Mendoza”, dijo y subrayó “era un armado posiblemente ideológico de la fiscal”.
Las viviendas en la mira
Según el IPV, desde fines del primer gobierno de Cristina Fernández hasta que el fin de su presidencia, la organización Tupac Amaru construyó 331 casas con fondos enviados por la Nación, mientras que inició pero no finalizó 704, que dejó con diversos grados de avance, muchas de las cuales se encuentra terminando la Provincia.
En marzo pasado se confirmó que 367 viviendas entrarán en el Programa Reconstruir de la Nación que garantizará fondos para las obras, a través del convenio entre el Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Respuesta del Ministerio Público Fiscal
Desde el Ministerio Público Fiscal sellaron oficialmente que ”la investigación continúa con otras causas y otros imputados sin prejuicio del resultado de la audiencia que se está desarrollando en estos días, donde se solicitó el sobreseimiento de algunos imputados”.
También destacaron que si bien se había constatado la constitución formal de las cooperativas, “se ha probado que se las utilizó para cometer delitos, por eso están imputados sus presidentes”.
Por otro lado, marcaron que la solicitud de sobreseimiento de funcionarios por el beneficio de la duda, fue “porque las pruebas reunidas no alcanzan para tener por probado la connivencia de estos con los imputados para cometer delito, es decir, no se superó la sospecha inicial. Esto es la mayor prueba de que el Ministerio Público Fiscal siempre mantuvo su objetividad a la hora de acusar. En este punto es importante aclarar que parte de la prueba en que se basan los pedidos de sobreseimiento es que el Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó y validó las cuentas y accionar de esos funcionarios”.
“Se continúa investigando a los imputados integrantes de la organización Tupac Amaru en más de 100 causas acumuladas por estafa, coacciones, usurpaciones, de las cuales por lo menos 4 se elevaron a juicio y esperan audiencia de oposición a dicha elevación”, agregaron, y por último resaltaron que “ya existe una condena respecto de una coimputada que confesó y admitió haber participado de distintas defraudaciones con Nélida Rojas, a quien le habría entregado el dinero”.
Cronología de la causa Tupac
Abril de 2017: imputan y detienen a Nélida Rojas y parte de su familia
Marzo de 2018: un fallo de la Octava Cámara del Crimen libera a todos los imputados
Diciembre de 2018: la Suprema Corte de Justicia anula la resolución de la Octava Cámara
Abril de 2019: imputan al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y otros ex funcionarios municipales, provinciales y nacionales
Mayo de 2021: primera condena a una integrante de la Tupac Amaru en un juicio abreviado
