La empresa estatal será intervenida por plazo indefinido hasta reorganizar sus cuentas. En Mendoza, tiene a su cargo la ruta nacional 7 desde el límite con San Luis hasta la localidad de Palmira.
Peaje en La Paz. En el caso de Mendoza, Corredores Viales SA se encarga de la ruta nacional 7 desde el límite con San Luis hasta la localidad de Palmira.
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Web Tal como se había anticipado en febrero, el gobierno de Javier Milei intervino Corredores Viales S.A., en un claro paso hacia la privatización de la empresa que maneja las principales autopistas y rutas en 13 provincias, incluyendo a Mendoza. Lo justificó tras detectarse pérdidas millonarias y una deuda significativa con proveedores.
La medida, que forma parte de un proceso de reorganización, será el paso previo a la privatización de la compañía encargada de gestionar las principales rutas del país.
Bajo su órbita, Corredores Viales abarca casi 6.000 kilómetros de extensión en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de Mendoza, Corredores Viales se encarga de la ruta nacional 7 desde el límite con San Luis hasta la localidad de Palmira, es decir, unos 132 kilómetros de longitud (tramo VIII). El peaje de La Paz cuesta hoy $1.300 para vehículos pequeños. Vale recordar que días atrás empezó un relevamiento, a cargo de la empresa Ityac, sobre el pavimento de la ruta 7. Desde Vialidad Nacional precisaron que el funcionamiento de las garitas "seguirán igual" a como vienen trabajando.
La decisión de intervenir Corredores Viales, avalada por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se formalizó a través del decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto en la normativa, la intervención será por tiempo indefinido, conforme al artículo 6° de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Desde ahora, la administración de Corredores Viales quedará bajo la conducción de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien asumirá todas las facultades del Directorio y de la presidencia de la compañía. Su rol incluirá la realización de auditorías de gestión al inicio y al final del proceso, así como la evaluación del estado financiero y operativo de la firma.
Además, deberá presentar un plan de acción para la reformulación de la empresa, el cual podría implicar modificaciones en su estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
Entre las principales tareas encomendadas a la interventora se encuentran la revisión de compras y contrataciones, la auditoría del estado de los corredores viales y la administración operativa de la sociedad hasta su disolución y liquidación.
Adem también tendrá la potestad de designar y remover personal y deberá informar a la cartera económica sobre cualquier irregularidad detectada, detallando su impacto financiero y proponiendo medidas correctivas.
En el decreto, el Gobierno subraya que la medida responde a su objetivo de optimizar los servicios estatales, especialmente en el ámbito del transporte de pasajeros y cargas, clave para la industria, el turismo y la producción agrícola. Según explicaron las autoridades, la consolidación de la red vial del país requerirá la participación del sector privado.
El proceso de privatización de Corredores Viales había sido anticipado el 14 de febrero por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que el plan del Ejecutivo es reemplazar el actual esquema de administración estatal por un modelo de concesión bajo la modalidad de obra pública por peajes.