Dos marchas piqueteras tomaron las calles del Centro porque no les pagan planes sociales: la Ciudad aplicará multas

Dos organizaciones piqueteras se manifestaron esta mañana por las calles del Centro para reclamar por los retrasos en el pago de noviembre del programa Potenciar Trabajo. Fueron el Polo Obrero y Barrios de Pie, dos agrupaciones que nuclean a trabajadores de la economía popular pero que están distanciadas políticamente. Por eso mismo marcharon cada una por su lado, generando caos vehicular a su paso.

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Al parecer las protestas a lo largo del país tuvieron un rápido efecto, ya que pasado el mediodía, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que la Justicia autorizó las liquidaciones y comenzarán a depositarse a partir de mañana. Es que el procedimiento había sido obstaculizado por la investigación sobre presuntas incompatibilidades en el padrón de ese plan social.

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Los del Polo Obrero se concentraron en la esquina de San Martín y Vicente Zapata, para marchar hasta la sede de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en calle Espejo entre 9 de julio y España.

En tanto que Barrios de Pie se congregó en San Martín y Córdoba y desde allí se dirigieron hasta las oficinas de la Anses, ubicadas en calle Eusebio Blanco y Mitre.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que les aplicará multas económicas por haber impedido el tránsito. Inclusive a Barrios de pie, que forma parte de Libres del Sur, partido aliado a la UCR en Cambia Mendoza.

La sanción consiste en 20.000 UTM (Unidad Tributaria Municipal) y al tener un valor cada una de $10.80, en concreto se trata de una multa total de $216.000. Aunque existe una instancia de apelación, por lo cual no siempre se aplica completamente.

Para el Polo Obrero buscan recortar el plan

Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero, aseguró al diario Los Andes que el Ministerio de Desarrollo Social y la Justicia, “están atacando a un sector que tiene como ingreso mínimo un Potenciar Trabajo, acusándolo de una serie de cosas y eso en el fondo tiene el objetivo de recortar el plan social. Esa es la realidad”.

“Es muy desproporcionado el planteo porque el propio ministerio tiene un montón de requisitos y de filtros para que una persona pueda acceder al cobro de un programa social. En el caso hipotético de que alguien tenga un auto 0 km a su nombre, no puede cobrar el plan. Lo rechaza el propio ministerio con el programa SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social)”, explicó.

“Acá vemos que hay una intencionalidad de atacar a los más pobres cuando los jueces deberían estar ocupándose de cosas realmente graves como el narcotráfico o el lavado de dinero de funcionarios públicos, etc”, agregó Rodríguez.

También criticó que la información pública que la ministra ha revelado ha sido “muy desprolija” y eso permitió que el fiscal Guillermo Marijuan, “que tiene un ensañamiento particular con los movimientos piqueteros, impulse la investigación y pida la suspensión” del pago.

“Nosotros no estamos en contra de que se investiguen irregularidades. De hecho, somos una de las organizaciones que reclama que no tiene que haber ningún tipo de mediación entre quienes cobran el Potenciar Trabajo y el Ministerio. Por eso reclamamos la universalización de los programas sociales. Que no haya una mediación entre las unidades de gestión y los beneficiarios. Todos los ministros se han negado”, afirmó el dirigente.

Por otro lado, confirmó que en la Provincia no se realizaron las auditorías por parte de la Nación en conjunto con las universidades y sí se están llevando adelante las actualizaciones de datos a través de la app Mí Argentina, que son obligatorias para todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo hasta el próximo 6 de enero. “Nunca se hicieron. Estábamos a la espera porque no teníamos ningún problema en que se realicen”, dijo.

En tanto, afirmó que en su organización se vieron más de mil personas afectadas por el retraso en los pagos.

PARA BARRIOS DE PIE HAY UNA DISPUTA ENTRE LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO

Por su lado, Adrián Bonada, referente de Barrios de Pie le comentó a este medio que se encuentran “muy preocupados por el accionar del Gobierno nacional. Hay un cuadro social muy deteriorado. La UCA planteó que hay 17 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza. Y entendemos que la red de cooperativas de trabajo e incentivos a la organización de lo laboral vinculada al Potenciar Trabajo es fundamental para que la situación social no explote”.

“Observamos escenas que son muy trágicas en nuestros barrios. Y la insensibilidad que hay por parte del Gobierno nacional en términos de frenar las liquidaciones de una manera bastante extraña porque no se nos ha explicado demasiado”, comentó.

“No se da una certeza. Se mezcla todo. Con esta auditoría, de estos planes que están sospechados de estar mal entregados o que tienen incompatibilidades y que están cobrando igual”, se quejó.

Y afirmó: “Nosotros planteamos que no se puede tomar de rehén a los pobres en el marco de la crisis económica que hay. Hay una crisis en la que pareciera que los pobres, nos da la sensación, quedan rehenes de una disputa entre la Justicia y el Gobierno kirchnerista”.

“Porque si hay algún tipo de objeción en relación de los cobros, la gente no tiene la culpa. La culpa la tienen los funcionarios. Si ha habido alguna irregularidad que la expliquen y sean removidos de sus cargos y que no lo paguen un millón de familias que no saben como llegar al final del día para comer”, reclamó el dirigente.

Al igual que Rodríguez, Bonada comentó que no hubo ninguna auditoría de la Nación y que el procedimiento fue sustituido por la actualización de datos con la app Mí Argentina.

“Estamos muy mareados por este manoseo permanente y cambio de reglas de juego por parte del Gobierno. Nosotros no tenemos ningún problema con que se realicen las auditorías porque objetivamente todos nuestros compañeros que reciben el programa trabajan. Está todo muy claro y transparente. Los hemos invitado a los auditores nacionales a que se acerquen a nuestros emprendimientos productivos y unidades de trabajo. No tenemos ningún drama en que se hagan”, sostuvo.

“El problema de fondo es que como todas las cosas que plantea el Gobierno nacional, duran un día. Un día te dicen la auditoría, al otro día te la bajan. Después directamente no liquidan el Potenciar Trabajo”, cerró el dirigente social.

En su organización, hay 2500 personas a la espera del pago del plan mencionado.