La oposición busca impedir otro mandato del auditor general de la provincia con una reforma a la ley de Ética Pública

Esta semana el gobernador Rodolfo Suárez elevó al Senado provincial el pliego de Gabriel Balsells Miró para que sea reelecto como auditor general de la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

El funcionario, que ha sido legislador y funcionario radical años atrás, cumplió cinco años al frente del organismo creado a partir de la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública y el Poder Ejecutivo pretende que continúe un periodo más.

Sin embargo, en paralelo una legisladora opositora presentó un proyecto de ley para reformar la ley 8.993, de la creación de la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, con reformas que impedirían que puedan ocupar ese cargo más de un mandato.

Se trata de Mercedes Llano, del Partido Demócrata, que propuso, también esta semana, modificar algunos artículos que corresponden con la elección de su titular, con la intención de “despolitizar” el organismo y dotarlo de mayores poderes para “combatir la corrupción y en particular, el enriquecimiento ilícito”.

Nada dice Mercedes Llano de la ley de Lobby, que la corporación política no quiere tratar en Mendoza y existe a nivel nacional.

Para ello, se impulsaron las siguientes propuestas:

• Cambios en los requisitos para la selección del cargo a través de un período de carencia, es decir que el elegido no pertenezca a ningún partido político ni haya tenido actuación en la función pública en los últimos diez años. Con esta propuesta se busca despolitizar el cargo y brindarle mayor independencia. Además, debe ser elegido mediante el voto público de los dos tercios de los miembros de Senado a los fines que la idoneidad, prestigio e independencia del postulante sean tales que conciten altos niveles de consenso Legislativo.
• Darle pleno poder al Auditor para investigar actos de corrupción, a través de todo tipo de acción judicial como legitimado activo, con el fin de que pueda evaluar e investigar las distintas variaciones patrimoniales de los funcionarios y legisladores de la Administración Pública.
• Prohibición de reelección. Una vez que termine su mandato de cinco años no puede ser reelecto para el mismo cargo.
• Inclusión de la figura de las denuncias anónimas como herramienta de investigación, siempre y cuando se encuentren especificadas, exista gravedad en el hecho denunciado y aceptar si el denunciante decide conservar el anonimato

El proyecto ingresó por comisiones, pero desde el oficialismo se descarta apoyar estos cambios, y el resto de los miembros de la oposición no llegan a la mitad más uno de los legisladores tanto en Diputados como en Senadores como para intentar forzar el debate.

Por otro mandato

El pliego de Balsells ingresó este martes a la Legislatura y deberá ser ratificado por el Senado provincial, donde el oficialismo, como se mencionó, cuenta con mayoría.

La función del auditor es controlar a los funcionarios públicos, requerir y acopiar la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y asegurar que se cumpla el derecho de acceso a la información pública.

Balsells fue diputado entre 2015 y 2018. Antes había sido asesor y subsecretario de Trabajo. Sobre el final de su mandato como tal, el entonces gobernador, Alfredo Cornejo, lo postuló para la conducción de la oficina que se acababa de crear.

Durante su gestión, el funcionario entró en conflicto con el propio Suárez por un dictamen que ordenó que un concejal oficialista dejara uno de los dos sueldos que percibe. Se trata de Luis Manuel López, médico de centros de salud y edil de Tunuyán.

La Oficina de Ética Pública lo emplazó para dejar uno de los puestos, pero López se resistía y el gobernador lo apoyó. “Mi opinión es lo que dice la ley, realmente es una aberración el dictamen que hubo”, expresó el gobernador. A pesar de esta dura opinión, el dictamen fue ratificado por la Oficina de Ética y al final López dejó el cargo de médico. En las elecciones del domingo 30 de abril, fue proclamado como candidato a intendente del departamento.

Otro conflicto se suscitó con la Municipalidad de Maipú, cuyo intendente, el peronista Matías Stevanato, acusó a la Oficina de Ética de “frenar la gestión” con numerosos pedidos de acceso a la información pública.

Maipú recibió la sorprendente suma de 36 planteos en un solo mes: enero. “No son pedidos realizados desde la Auditoría de Ética Pública, los hace la ciudadanía”, aclaró el organismo.