La información del dispositivo ya fue extraída por el Centro de Investigaciones Judiciales y será examinada por la fiscalía y los investigadores del caso.
Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.
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Web La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva medida: la Justicia ya tiene en su poder el celular del contratista Matías Tabar y comenzó el proceso para analizar la información almacenada en el dispositivo.
La extracción de datos del iPhone 15 de Tabar se realizó con éxito en el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ). El procedimiento fue supervisado por un perito designado por la defensa de Adorni y permitió copiar todo el contenido del teléfono para su posterior revisión.
El peritaje del dispositivo incluye el traspaso de todos los datos que contiene hacia un disco rígido, que ya quedó a disposición de los investigadores. Por lo pronto, el material será analizado en las próximas horas, tanto en el CIJ como en la fiscalía federal que intercede, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
Los investigadores examinarán las comunicaciones directas, los chats y llamadas telefónicas y por whatsapp que mantuvo el contratista con Adorni, antes de que Tabar prestara declaración testimonial.
También se analizará la documentación, las facturas y todos los registros vinculados a las refacciones que se realizaron en el inmueble que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá, valuadas en 245.000 dólares.
Paralelamente a la revisión del teléfono, la fiscalía prepara un requerimiento formal para que finalmente Adorni brinde una justificación de las inconsistencias patrimoniales detectadas tanto en sus gastos como en sus deudas personales.
Por lo pronto, el jefe de Gabinete tiene previsto presentar su declaración jurada a mitad de mes, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Desde Casa Rosada, detallaron que la documentación se entregará el lunes 15 de junio como la fecha tope absoluta.
Asimismo, el Poder Ejecutivo confirmó que la documentación se encuentra en proceso de revisión final antes de ser enviada formalmente a la Oficina Anticorrupción.