El jefe de Gabinete no tiene respiro judicial. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa creciendo y, en esta ocasión, con una intimación a que presente su declaración jurada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni continúa en el centro de la controversia. En esta ocasión, el fiscal Gerardo Pollicita trabaja en un escrito para exigirle al jefe de Gabinete que detalle el origen de su patrimonio, a pesar de que el funcionario fijó fecha de presentación.
Las fuentes judiciales advierten sobre inconsistencias entre sus ingresos y los bienes registrados a su nombre, por lo que la fiscalía aguarda un informe contable que aclare la situación. Mientras tanto, los peritos analizan movimientos vinculados a criptomonedas y operaciones financieras del funcionario.
Esta intimación representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.
Asimismo, se lleva a cabo un estudio especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, quien todavía no presentó su última declaración jurada de bienes. El documento no vio la luz pese a que hace un mes tanto él como el presidente Javier Milei prometieron que “iba a aparecer” en un corto plazo. El informe técnico definitivo de los expertos podría demorar alrededor de 90 días.
Una vez notificado, el jefe de Gabinete deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria, según publicó el medio La Nación.
En forma simultánea, Adorni enfrenta un frente judicial secundario a cargo del juez Ariel Lijo. En este expediente se investigan los contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, un amigo cercano del actual ministro coordinador, con quien viajó a Uruguay en el último feriado de carnaval. El ex vocero explicó que pagó su viaje con sus ingresos pero la factura que consta en el expediente desmintió ese dato.
En este marco, la Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni previas a su asunción. Por este motivo, el juez Lijo ordenó el cruce de llamadas telefónicas y el análisis de geolocalización entre los involucrados para precisar si existieron intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
Fuentes de los tribunales de Comodoro Py estiman que la citación a indagatoria por parte del juez Lijo podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. “El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, planteó una fuente judicial al tanto del expediente.
