La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) le dio despacho al proyecto del Poder Ejecutivo, que llega con media sanción de Diputados.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, asistió a la comisión de LAC para defender el proyecto de enmienda de la Constitución
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Prensa Senado Tras la renovación de 19 bancas en la Cámara de Senadores de Mendoza, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) realizó su primera reunión de trabajo, en la que ratificó autoridades y avanzó con un proyecto clave del Poder Ejecutivo: la enmienda del artículo 197 de la Constitución de Mendoza, orientada a consagrar la autonomía municipal.
El proyecto llegó con media sanción de Diputados y dos modificaciones puntuales con respecto a la redacción original, que fueron impulsadas por la oposición. De esa manera fue aprobado con amplio respaldo, pero sin los votos del peronismo, que se opone al tratamiento por la judicialización del proceso de autonomía de San Rafael.
Una de las principales críticas al proyecto inicial, incluso por parte de intendentes oficialistas, fue la ratificación legislativa de las cartas orgánicas municipales. El bloque Pro planteó la modificación de ese apartado por una simple "notificación" que debieran hacer los municipios a la Casa de las Leyes y el oficialismo aceptó.
Además, recogieron una propuesta del diputado Jorge Difonso (La Unión Mendocina) para impulsar la "formación de regiones entre municipios".
Durante el encuentro de LAC se confirmó la continuidad del radical Walther Marcolini como presidente de la comisión, con Adriana Cano (PJ) en la vicepresidencia.
El cuerpo quedó integrado además por los oficialistas Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto, María Beatriz Galiñares, Carolina Loparco y Lucas Fosco (estos dos últimos de La Libertad Avanza). Completan los peronistas Pedro Serra y Ariel Pringles, y Armando Magistretti (PD), por la oposición.
En esta primera reunión, los senadores analizaron una iniciativa con media sanción de Diputados, que declara la necesidad de reformar el artículo 197 en los términos del artículo 223 de la Constitución provincial. El objetivo es adecuar la normativa mendocina al artículo 123 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de los municipios.
Para el tratamiento del proyecto fueron convocados el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria Legal y Técnica, Emilia Cabrera, quienes expusieron los principales ejes y respondieron consultas.
Jaliff sostuvo que la propuesta busca saldar una “deuda histórica” de la dirigencia mendocina desde la reforma nacional de 1994. “Se optó por avanzar mediante una enmienda sobre un único artículo, el 197, por ser el más adecuado dentro del régimen municipal”, explicó.
Entre los puntos centrales, el proyecto incorpora referencias al artículo 123 de la Constitución Nacional y habilita a los municipios a definir aspectos clave de su organización institucional.
Uno de los cambios más relevantes es que se elimina la obligatoriedad de renovar los concejos deliberantes por mitades cada dos años, permitiendo que cada municipio establezca su propio sistema en su Carta Orgánica.
No obstante, Jaliff aclaró que la autonomía tendrá límites: se mantendrá el control del Tribunal de Cuentas y la intervención del Fiscal de Estado sobre las administraciones municipales.
Por su parte, Cabrera remarcó que la iniciativa cumple con el mandato constitucional nacional, pero fija restricciones claras. Entre ellas, que los municipios no podrán crear impuestos, limitando su recaudación a tasas por servicios, contribuciones por mejoras y derechos vinculados al uso del espacio público.
El proyecto también habilita a los municipios a dictar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones específicas. En los casos en que no se avance en ese camino, seguirá vigente la actual Ley Orgánica de Municipalidades.
Además, se incorpora de forma expresa la participación de los municipios en el régimen de coparticipación provincial, consolidando este esquema dentro de la Constitución.
Tras el debate, la comisión resolvió dar despacho al proyecto, lo que habilita su tratamiento en el recinto del Senado para el próximo martes, aunque esto deberá confirmarse el lunes próximo en la reunión de Labor Parlamentaria.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la reforma no es solo formal, sino una adecuación del derecho provincial a la Constitución Nacional, con el objetivo de evitar desigualdades e interpretaciones dispares entre municipios.
