El Partido Demócrata se convirtió en la primera fuerza opositora en rechazar el proyecto del oficialismo provincial que pretende modificar la ley de Acceso a la Información Pública.
La reforma del oficialismo propone que los pedidos de acceso a la información sean fundamentados e impone requisitos a las personas jurídicas.
El diputado César Cattaneo es autor del proyecto de reforma de la ley de Acceso a la Información.
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El Partido Demócrata se convirtió en la primera fuerza opositora en rechazar el proyecto del oficialismo provincial que pretende modificar la ley de Acceso a la Información Pública.
A través de un comunicado, el PD expresó "su firme oposición al proyecto que modifica la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, impulsado por legisladores de Cambia Mendoza".
"La iniciativa incorpora exigencias que restringen derechos básicos, como la obligación de justificar el motivo de los pedidos de información y nuevos requisitos burocráticos para personas jurídicas. Estas medidas representan un retroceso en materia de transparencia, vulneran estándares nacionales e internacionales y abren la puerta a decisiones discrecionales por parte de los funcionarios", señaló el PD.
Y agregó: "Desde el PD instamos a los legisladores provinciales a rechazar estas reformas y a preservar un sistema de acceso a la información que garantice control ciudadano, institucionalidad y rendición de cuentas".
El proyecto que rechazó el PD es de autoría del diputado radical César Cattaneo y busca modificar la ley 9.070, que fue sancionada en 2018.
El legislador asegura que la reforma tiene el objetivo de "actualizar y fortalecer el régimen", incluyendo ajustes para "reforzar la seguridad jurídica, la claridad conceptual y la efectividad operativa".
Sin embargo, la Fundación Nuestra Mendoza marcó observaciones críticas sobre la propuesta:
La fundación advirtió que la aprobación del proyecto colocaría a Mendoza en una situación de "ilegalidad" por incompatibilidad con la ley nacional 27.275 (que prohíbe exigir motivos) y la Ley modelo Interamericana 2.0 de la OEA.
En respuesta a las críticas, el diputado Cattaneo afirmó: "Incorporamos la obligación de fundamentar los pedidos, no para limitar el derecho, sino para ordenar la gestión pública. Exigir una mínima fundamentación no es un obstáculo; es una manera de asegurar que los recursos humanos y técnicos se usen de forma responsable".
Ante la consulta de este diario, en la Oficina de Ética Pública expresaron que aún no ha sido formalmente consultada sobre el proyecto de reforma, y que el análisis interno comenzó tras su conocimiento por la prensa.