El diputado de Cambia Mendoza, César Cattaneo, presentó un proyecto para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública con artículos regresivos. Críticas desde la Fundación Nuestra Mendoza, impulsora de la ley vigente.
Cámara de Diputados de Mendoza en sesión.
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Prensa Diputados Un proyecto de ley impulsado por el diputado de Cambia Mendoza, César Cattaneo, busca modificar la Ley N° 9.070 de Acceso a la Información Pública en nuestra provincia, pero con artículos que arriesgan limitar el derecho de los ciudadanos, en vez de mejorarla.
En sus fundamentos, Cattaneo asegura que “este proyecto entiende que se requiere de una revisión puntual, para precisar conceptos, agilizar procedimientos burocráticos y delimitar excepciones con mayor claridad”.
“El objetivo de actualizar y fortalecer el régimen se basa en incluir ajustes normativos orientados a reforzar la seguridad jurídica, la claridad conceptual y la efectividad operativa del derecho de acceso a la información pública”, sostiene el legislador.
Sin embargo, la Fundación Nuestra Mendoza, impulsora de la ley original, criticó que “bajo el pretexto de agilización, la reforma reintroduce la discrecionalidad funcionaria, elimina el principio de no justificación y levanta barreras burocráticas contrarias a los estándares internacionales”.
Facundo Heras, director ejecutivo de fundación Nuestra Mendoza.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental, clave para la rendición de cuentas y la reforma que impulsa el oficialismo “parte de un diagnóstico errado: asume un abuso de solicitudes ciudadanas, cuando la evidencia señala que la verdadera deuda es el incumplimiento crónico de la Transparencia Activa por parte del Estado”, aseguró la organización que lidera el sociólogo Facundo Heras.
“En lugar de saldar esta deuda, el proyecto invierte capital político en restringir el derecho a preguntar”, sostuvieron.
Entre sus observaciones, la Fundación Nuestra Mendoza enumeró tres puntos claves:
También advirtieron que si este proyecto avanza, Mendoza se colocaría en una situación de “ilegalidad” frente al concierto nacional e internacional:
"La verdadera modernización requiere multiplicar respuestas, no restringir preguntas. La agilización real pasa por el cumplimiento riguroso de la Transparencia Activa: cuando el Estado publica de oficio, las solicitudes disminuyen naturalmente", aseguraron desde la Fundación Nuestra Mendoza.
Y agregaron que la Provincia de Mendoza "necesita blindar a la ciudadanía frente a la confusión, no lo contrario. El retiro inmediato del Proyecto E-87484 y la convocatoria a una mesa de diálogo genuina son indispensables para evitar este retroceso histórico en la calidad institucional".
En contacto con Los Andes, el diputado Cattaneo comentó que el proyecto "aún no está en tratamiento en comisión" y lo defendió, al señalar que "no busca restringir, ni limitar" el acceso a la información pública. También sostuvo que "no es inflexible y está sujeto a todo aporte que mejore lo propuesto cuando lo trabajemos en comisiones".
"Algunos plantean que esta ley restringe derechos. Yo sostengo lo contrario: esta modificación fortalece la transparencia institucional, establece procedimientos claros y reduce la discrecionalidad", sostuvo el legislador radical.
Y explicó que "cuando una norma define con precisión qué es información pública, qué no lo es, y en qué plazos y condiciones se entrega, lo que hace es dar certezas jurídicas a los ciudadanos y también a los funcionarios responsables de garantizar ese acceso".
El diputado provincial César Cattaneo (Cambia Mendoza)
"Incorporamos la obligación de fundamentar los pedidos, no para limitar el derecho, sino para ordenar la gestión pública. Hoy el Estado enfrenta miles de solicitudes repetidas, inconexas o idénticas que muchas veces saturan áreas enteras. Exigir una mínima fundamentación no es un obstáculo; es una manera de asegurar que los recursos humanos y técnicos se usen de forma responsable y que la información se entregue con rigor, trazabilidad y valor público", dijo el diputado.
Y explicó que el propio Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 10, establece que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”. "Esto significa que todo derecho —incluso uno tan importante como el de acceso a la información— debe ejercerse conforme a la buena fe, con fines legítimos y sin causar perjuicio al interés general", señaló.
Y sostuvo que "cuando el derecho se usa de modo irrazonable, desproporcionado o con fines distintos de los que la ley busca proteger, se transforma en un exceso de derecho. Y el Estado tiene la obligación de ponerle un marco".
Cattaneo también sostuvo que "las deliberaciones internas, los borradores de trabajo o los documentos preparatorios no constituyen información pública en sentido estricto. Esto no es una excepción arbitraria, es una regla que existe en todos los sistemas modernos de transparencia, desde Naciones Unidas hasta los gobiernos europeos".
"Se protege así el proceso de toma de decisiones y la confidencialidad técnica previa, sin afectar el resultado final, que por supuesto sigue siendo público", sostuvo.
Del mismo modo, manifestó que "las solicitudes reiterativas, genéricas o de información ya publicada puedan ser redirigidas hacia los canales donde esos datos están disponibles. Esto agiliza la gestión, evita la duplicación de trabajo y garantiza que la información llegue más rápido. No se niega el acceso, se lo hace más eficiente".