La Oficina de Ética Pública reportó 235 solicitudes de Acceso a la Información en el tercer trimestre de 2025, con la DGE como organismo más requerido.
Vista aérea de la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza
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El acceso a la información pública se reinstaló en la agenda política provincial a partir del proyecto de ley presentado por el diputado César Cattaneo (Cambia Mendoza), que propone modificar la Ley 9.070. En este contexto, la Oficina de Ética Pública (OEP) publicó los indicadores correspondientes al tercer trimestre del año, detallando la dinámica de los pedidos y las áreas más consultadas.
Según los registros del organismo que encabeza Gabriel Balsells Miró, entre julio y septiembre de 2025 se ingresaron 235 solicitudes, de las cuales 171 fueron respondidas de manera efectiva. El trimestre mostró además un crecimiento del 7% en el porcentaje de respuestas efectivas respecto al periodo anterior.
La Dirección General de Escuelas (DGE) volvió a ser el organismo con más pedidos, con 22 trámites, seguida de cerca por los ministerios de Salud, con 18, y Seguridad y Justicia, con 17. A diferencia de períodos anteriores, se registró una marcada caída en las solicitudes dirigidas a municipios, siendo la excepción Rivadavia, que concentró 15 pedidos.
Pedidos de información pública durante el tercer trimestre del año, según datos aportados por la Oficina de Ética Pública.
La OEP identificó dificultades persistentes en el uso de la herramienta por parte de los ciudadanos. Entre los tres organismos más requeridos se detectaron particularidades: en la DGE, solo nueve trámites, equivalentes al 40%, correspondieron realmente a solicitudes de información pública; el resto fueron gestiones personales como jubilaciones docentes o certificados.
En el Ministerio de Salud, el 22% de los solicitantes no completó las aclaraciones requeridas, lo que impidió avanzar en los expedientes. Finalmente, en el área de Seguridad, se registró que la mitad de los pedidos provino de funcionarios públicos o candidatos en época preelectoral.
En total, 108 solicitudes fueron realizadas por funcionarios públicos, periodistas y organizaciones sociales, lo que representa el 46% del total registrado en el trimestre. El organismo detalló que casi el 60% de los pedidos son realizados por funcionarios, mientras que las ONG representan cerca del 9%. Además, se advierte que la demanda aumenta significativamente en períodos electorales.
Fuentes internas de la OEP indicaron que, desde 2023, la tendencia se mantiene estable: cerca de 250 pedidos trimestrales, con una tasa de gestión legal del 98% y un nivel de denuncias por incumplimiento que ronda el 5%.
En el organismo señalaron que la concentración histórica de pedidos en el IPV, que durante años captó cerca del 60%, se redujo a partir de mejoras en su sitio web.
El comportamiento del sistema de acceso a la información pública durante 2025 muestra una tendencia descendente en la cantidad de solicitudes ingresadas a lo largo del año. Durante el primer trimestre (enero-marzo), la Oficina de Ética recibió 311 pedidos.
Esta cifra cayó a 266 durante el segundo trimestre (abril-junio), lo que implicó una baja del 15%, y volvió a disminuir a 235 en el tercer trimestre (julio-septiembre), un retroceso adicional del 11,6%.
Este descenso sostenido sugiere, según analistas del organismo, una combinación de factores como la mayor disponibilidad de información digitalizada y la variación temática según la coyuntura.
Pedidos de información pública durante el primer trimestre del año, según datos aportados por la Oficina de Ética Pública.
En cuanto al desempeño en las respuestas, el panorama muestra fluctuaciones marcadas. En el primer trimestre, la OEP registró una tasa del 75% de respuestas efectivas (234 pedidos contestados). Esta proporción se redujo de manera significativa en el segundo trimestre, cayendo al 66% (176 respuestas).
Sin embargo, entre julio y septiembre se evidenció un repunte: el 73% de los pedidos fueron atendidos (171 respuestas), lo que representa una mejora de siete puntos porcentuales respecto del trimestre previo. Este rebote indica una recuperación de la capacidad de respuesta, aunque sin retornar a los niveles más altos observados a comienzos de año.
Los pedidos en gestión legal también mostraron variaciones relevantes. Durante los primeros tres meses del año, 68 solicitudes permanecieron dentro del plazo legal de tramitación. Este número aumentó en el segundo trimestre, cuando la cifra trepó a 80, coincidiendo con el descenso en la capacidad de respuesta observado en ese periodo.
No obstante, la tendencia se modificó en el tercer trimestre, cuando los expedientes en gestión bajaron a 45, una caída significativa que sugiere mayor eficiencia en la tramitación.
El indicador de pedidos vencidos tuvo un comportamiento inverso: mientras que en el primer trimestre se registraron 9 casos, y en el segundo, 10, en el tercero la cifra prácticamente se duplicó, llegando a 19 solicitudes fuera de plazo.
Pedidos de información pública durante el segundo trimestre del año, según datos aportados por la Oficina de Ética Pública.
Este incremento muestra que, si bien hubo una mejora en los porcentajes de respuesta, también se evidenció un punto crítico en la gestión de plazos. La OEP atribuye este fenómeno a la acumulación de expedientes complejos y a dificultades en la interacción con determinados organismos.
Finalmente, el perfil de los organismos más requeridos también varió a lo largo del año. En el primer trimestre, la mayor concentración estuvo en los municipios (especialmente Godoy Cruz y Rivadavia) y en el IPV.
En el segundo trimestre, el foco se desplazó hacia temáticas ambientales: el ministerio de Energía y Ambiente y el Departamento General de Irrigación absorbieron cerca del 20% de las solicitudes. En el tercer trimestre la composición volvió a cambiar: la DGE, Salud y Seguridad, se posicionaron como las áreas más consultadas
El proyecto del diputado César Cattaneo busca modificar la Ley N° 9.070. El legislador asegura que la reforma tiene el objetivo de "actualizar y fortalecer el régimen", incluyendo ajustes para "reforzar la seguridad jurídica, la claridad conceptual y la efectividad operativa".
Sin embargo, la Fundación Nuestra Mendoza enumeró observaciones críticas sobre la propuesta:
El diputado provincial, César Cattaneo.
La fundación advirtió que la aprobación del proyecto colocaría a Mendoza en una situación de "ilegalidad" por incompatibilidad con la Ley Nacional 27.275 (que prohíbe exigir motivos) y la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA.
En respuesta a las críticas, el diputado Cattaneo afirmó: "Incorporamos la obligación de fundamentar los pedidos, no para limitar el derecho, sino para ordenar la gestión pública. Exigir una mínima fundamentación no es un obstáculo; es una manera de asegurar que los recursos humanos y técnicos se usen de forma responsable".
Ante la consulta, en la Oficina de Ética Pública expresaron que aún no ha sido formalmente consultada sobre el proyecto de reforma, y que el análisis interno comenzó tras su conocimiento por la prensa.
En septiembre del año pasado, el Gobierno nacional dictó el Decreto 780/2024, que reglamenta varios artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (sancionada en 2016) e introduce una serie de restricciones. El documento modifica las definiciones de "información pública" y "documento":
Además, la normativa amplía el listado de "excepciones", los motivos legales para denegar un pedido de acceso.
La OEP fue creada por ley en 2017 y, desde 2018, cumple la función de requerir las Declaraciones Juradas de Bienes de funcionarios y asegurar el derecho de acceso a la información pública, canalizando y garantizando los pedidos de informes.
El organismo se encarga de que los planteos de ciudadanos o dirigentes sean respondidos en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15. Cuenta con tres áreas de trabajo: la Dirección de Registro e Informática, la Dirección de Investigaciones Administrativas (que en 2025 emitió 1140 dictámenes) y la Subdirección de Acceso a la Información Pública. Esta última área recibió 824 pedidos de información en 2025, con una tasa efectiva de respuesta del 90%.
Gabriel Balsells Miró, titular de Ètica Pública.
El auditor general, Gabriel Balsells Miró, ha reconocido la falta de trabajadores "propios". Solo su cargo es electo y remunerado como tal; el resto de los 11 empleados son agentes "prestados" de otras dependencias (Cámara de Senadores, EPRE y Fiscalía de Estado).
Para 2026, el órgano de control contará con un presupuesto de poco más de 130 millones de pesos. El organismo también expuso otras limitaciones, como la falta de vehículos y celulares propios para los funcionarios, contando con un solo teléfono en común para la Dirección de Registro e Informática.
La mayoría de los municipios de Mendoza se encuentran adheridos a la Ley de Acceso a la Información Pública. Los únicos dos departamentos que están por fuera de la norma son Maipú y Lavalle.
En el caso de la comuna que encabeza el peronista Edgardo González expresaron que cuentan con una ordenanza propia que regula la información, y ya se presentó un proyecto para la inclusión a la Ley de Acceso a la Información Pública provincial para el próximo año.
Por su parte, Maipú posee una Oficina de Ética Pública propia, aprobada por el Concejo Deliberante en mayo de 2024. Los funcionarios presentan una doble Declaración Jurada (provincial y municipal) y, además, el departamento incorporó la normativa de Ficha Limpia para cargos no electivos.